Las actitudes desobligantes del ministro del Interior, Armando Benedetti, hacia las mujeres no son nuevas. Ni en público ni en privado ha pasado inadvertido su tono violento y su tendencia a descalificar a quienes lo cuestionan, sin importar el rol que ocupen. Su comportamiento, normalizado por años en los círculos políticos, se ha vuelto paisaje.
Esta vez, sin embargo, volvió a encender la polémica al atacar verbalmente a la magistrada Cristina Lombana, a quien llamó “loca”, “demente” y “delincuente” tras una diligencia judicial ordenada por la Corte Suprema de Justicia.
Un año después, en abril de 2022, el propio Benedetti solicitó a la Corte que Lombana fuera apartada del proceso, alegando falta de imparcialidad. Desde entonces, cada avance judicial ha sido acompañado de nuevos ataques públicos por parte del hoy ministro, mientras la magistrada ha mantenido silencio y ha seguido actuando en el marco de sus competencias.
En agosto de 2023, el entonces exsenador y exembajador en Venezuela presentó una denuncia penal y una queja disciplinaria contra Lombana, en las que la acusó de haber incurrido en irregularidades procesales y de haber perdido competencia para investigarlo.
En esa misma fecha, dentro del caso Fonade, Benedetti también recusó a la magistrada, asegurando que esta daba “muestras de considerarlo culpable” y que sus actuaciones configuraban “una grave extralimitación de sus funciones”.
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El caso Fonade está relacionado con presuntos actos ilegales de Benedetti ocurrieron entre 2016 y 2017, cuando Bendetti era miembro del partido de la U. Según el proceso, el entonces funcionario habría interferido en la asignación de recursos a través de cupos indicativos en el entonces llamado Fondo Nacional de Desarrollo (Fonade), favoreciendo a regiones o empresas específicas, un caso que guarda similitudes con el escándalo de la UNGRD, aunque con diferencias en los mecanismos utilizados.
Frente a estas acusaciones, Benedetti insiste en su inocencia, alegando que la posición de la magistrada es sesgada y que existe una persecución personal en su contra.
En un comunicado público de febrero de 2024, tras conocerse la decisión de la Corte Suprema de enviarlo a juicio por presunto tráfico de influencias en el caso Fonade, Benedetti volvió a arremeter contra Lombana. “Es de público conocimiento que la instrucción fue adelantada por la magistrada Cristina Lombana, quien de manera evidente ha vulnerado mis garantías una y otra vez, por la enemistad y aversión que me tiene”, escribió. Incluso, la acusó de tener un “delirio frenético” por perseguirlo.
En septiembre pasado, la Corte Suprema realizó la audiencia preparatoria del juicio contra el hoy ministro del Interior, dentro del mismo expediente. Ese proceso es uno de los siete que enfrenta Benedetti ante el alto tribunal —cuatro en etapa de investigación formal y tres en indagación preliminar— por presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias y corrupción.
El funcionario, no obstante, insiste en su inocencia y señala nuevamente a Lombana, al afirmar que la magistrada había “cancelado misteriosamente testimonios clave” y que había actuado “en su afán de imputarle tres delitos”, de los cuales la Sala de Instrucción finalmente solo mantuvo uno.
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Además de los casos por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, el ministro del Interior acumula otros expedientes activos en la Corte Suprema de Justicia. Uno de ellos corresponde a una investigación por una presunta compra de votos en Maicao (La Guajira), en la que habría tenido participación directa cuando ejercía como congresista.
Otro proceso se remonta a hechos de hace quince años y busca establecer si Benedetti exigió dinero a abogados y particulares para influir en trámites de pago de pensiones a través de la Fiduprevisora en municipios del departamento de Córdoba.
Cinco años atrás se abrió también una pesquisa por supuesta corrupción en el magisterio de Córdoba, que aún permanece en etapa de instrucción. Y en un expediente adicional, el alto tribunal indaga por el traspaso irregular de un apartamento durante su paso por el Congreso, una operación que habría representado un incremento patrimonial cercano a los 3.000 millones de pesos sin justificación aparente.
Más allá de sus alegatos, Benedetti se encuentra llamado a juicio y bajo la lupa judicial. Además, fue incluido recientemente en la lista de la Ofac, en medio de las tensiones del presidente Gustavo Petro con el presidente Donald Trump.
Aunque Benedetti intenta presentar el caso como una persecución, las decisiones de Lombana responden a su rol institucional y al curso normal de los procesos judiciales. Su silencio contrasta con la agresividad verbal del ministro, que parece haber cruzado la línea entre la defensa política y la falta de respeto hacia la justicia.
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