Una operación militar estadounidense contra el narcotráfico en el Caribe desató un nuevo pulso diplomático entre Colombia y Washington. La razón: el asesinato de Alejandro Andrés Carranza Medina, un colombiano que murió en septiembre tras un ataque de Estados Unidos a una lancha que, según su versión oficial, transportaba drogas. Mientras el presidente Gustavo Petro exige explicaciones y denuncia una “violación de soberanía”, documentos judiciales revelan que el hombre estuvo involucrado en un caso de alto perfil por hurto de armas en 2016.
Petro aseguró en su cuenta de X que Carranza era un pescador y que la embarcación se encontraba a la deriva con señales de avería cuando fue impactada por un misil estadounidense. “EE. UU. ha invadido el territorio nacional con un misil disparado para matar a un pescador humilde. Ha destruido su familia y sus hijos”, escribió el mandatario, quien calificó la acción como un “asesinato” cometido en aguas colombianas.
“Alejandro Carranza es pescador, somos criados en familias pescadoras (...) no es justo que lo hayan bombardeado de esa manera. Una persona inocente que sale a buscar el pan de cada día”, dijo Audenis Manjarres, familiar de la víctima, en una entrevista a la RTVC Noticias y aseguró que reconoció la embarcación de Carranza en los videos del 15 de septiembre difundidos por medios internacionales sobre el ataque militar en altamar y que la última vez que habló con él fue el día anterior en la tarde.
Sin embargo, detrás del nombre de Alejandro Carranza hay un pasado judicial. En 2016, este hombre —identificado por las autoridades con el alias de Coroncoro— fue capturado junto a cinco policías en Santa Marta por su participación en la desaparición de 264 armas de fuego de los armerillos de la Policía Metropolitana. Según las investigaciones, esas armas habrían terminado en manos de la banda criminal Los Pachenca, a cambio de dinero.
La Fiscalía sostuvo que Carranza acompañó en dos ocasiones a una patrullera de la Sijín en los traslados ilegales de material bélico. Su testimonio, junto con la confesión de la uniformada Jennifer Mendoza, fue clave para vincular a altos mandos policiales en el esquema, entre ellos el entonces jefe de la Sijín de Santa Marta, mayor Rolando Pinzón García. Los implicados enfrentaron cargos por concierto para delinquir, peculado, falsedad en documento público, hurto agravado y constreñimiento ilegal.
Las pesquisas revelaron además la falsificación de la firma de un fiscal para retirar las armas de los depósitos oficiales. Peritajes grafológicos confirmaron que al menos 227 actas de retiro fueron alteradas, y la mayoría del armamento habría sido entregado a Los Pachenca, organización involucrada en narcotráfico, contrabando de hidrocarburos, extorsiones al turismo y múltiples homicidios en la región de la Sierra Nevada.
La Casa Blanca no se ha pronunciado sobre el caso individual, pero sostiene que la ofensiva militar responde a la lucha contra el narcotráfico en rutas marítimas clave de la región. La Marina de Estados Unidos ha matado a unos 30 presuntos narcos en siete ataques contra embarcaciones desde principios de septiembre.
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