“Uno se mueve en Bogotá y el otro ejecuta en La Guajira. Han ido escalando en silencio, pero no son unos indígenas cualquiera”, dicen fuentes sobre los hermanos Armando Custodio y Gustavo Custodio Wouriyú Valbuena, dos líderes indígenas de la ONIC y megacontratistas de bajo perfil hasta que uno de ellos se convirtió en el tesorero y vocero de la Constituyente de Gustavo Petro.
Armando, quien fue nombrado por Presidencia como “vocero de paz” con grupos armados como el Clan del Golfo, salió esta semana en medios a contar detalles sobre su rol en el comité promotor para cambiar la Constitución de 1991, pero sus explicaciones fueron ambiguas; es el titular de la cuenta bancaria que recaudará 2.060 millones de pesos “para fotocopias y bolígrafos” y financiar la iniciativa.
Al mismo tiempo, según investigó EL COLOMBIANO, su poder es visto con temor y desconfianza por líderes y pobladores del extremo norte de La Guajira pues a través de su hermano Armando hay una asociación que ha ganado contratos millonarios con varias entidades de este Gobierno. Hay, además, otros cuestionamientos y líos sobre su figura.
Los contratos de la Asociación
Una de las agremiaciones guajiras que rodea a Armando es la que representa legalmente su hermano Gustavo Custodio. Se trata de la Asociación de Jefes Familiares Wayúu de la Zona Norte Extrema de La Guajira, conocida como Wayúu–Araurayú, organización que entre el 17 de febrero de 2023 y el 16 de febrero de 2026 suscribió contratos con distintas entidades que suman más de $20.038 millones de pesos, según encontró este diario.
Los documentos, con distintos objetos contractuales, han sido firmados con el ICBF, los ministerios de Interior, Educación, Agricultura y Salud, el DANE, pero también con la Alcaldía de Uribia y Riohacha y la Gobernación de La Guajira.
En 2026 han recibido 736 millones de pesos en contratos; en 2025 hubo 650 millones de pesos en convenios; 2024, 17 mil millones de pesos contratados y 2023 poco más de mil millones.
Este año, de acuerdo con información pública en el SECOP, la Asociación Araurayú ha firmado dos contratos con el ICBF y el Ministerio de Educación para el “fortalecimiento educativo en territorios wayuú en la zona norte extrema de La Guajira”, donde tiene injerencia el clan Wouriyú. En cuanto al otro contrato, el objeto es demasiado amplio: “la prestación de servicios integral al pueblo wayúu”.
Gustavo Wouriyú, su hermano y representante legal titular de la Asociación, figura en ese cargo desde 2024 tras asumir el rol de dirección en reemplazo de una persona identificada en los papeles como Rafael Ángel Iguarán.
Durante su representación, la Asociación también firmó otro contrato muy destacado. Fue en julio de 2023 con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por más de 6.000 millones de pesos para fortalecer proyectos productivos de agricultura familiar y pesca artesanal.
El convenio buscó beneficiar a 5.880 pescadores artesanales y a 980 personas vinculadas a huertas y proyectos productivos en una de las regiones más golpeadas por la pobreza y la inseguridad alimentaria en Colombia, pero fuentes de la región dicen que poco se implementó ese programa.
En diálogo con este diario (ver entrevista al final de la nota), Armando no negó que su hermano tuviera esa asociación, pero negó cualquier influencia política en los contratos. Pero su alcance abarca uno de los poderes indígenas más poderosos en la actualidad pues tienen línea directa con el presidente Petro, influencian a una buena parte de los wayuú, tienen proyectos territorios e incluso tienen intereses en la transición energética en la zona norte del departamento, que es donde están las llaves de su poder.
Un líder con intereses
Fuentes consultadas por EL COLOMBIANO relatan que su influencia se cimenta en una estructura de tres pilares: el control de la contratación social, la representación en espacios de concertación nacional y una alianza estratégica con el presidente Gustavo Petro.
El poder de Armando Wouriyú Valbuena, dicen tres líderes indígenas wayuú que prefieren mantener en reserva sus nombres, va más allá de ser el promotor de la Constituyente porque antes venía de ser una especie de representación institucional indígena de alto nivel en Bogotá.
“Su perfil es el de un estratega político que logra influir en la política nacional mientras mantiene un control cuestionado sobre el territorio de la Alta Guajira. Aquí en el departamento, en la zona extrema norte, ha tenido conflictos con otros liderazgos que no lo ven con buenos ojos y con desconfianza”, relata la fuente consultada.
A Armando lo describen también como un “personaje muy complejo” y un “abanderado de los temas del gas y el hidrógeno verde”, pero con presuntos intereses en ese sector. Aunque se presenta como líder de la zona extrema norte, su vida y operaciones se centran en Bogotá, lo que genera una desconexión percibida por las bases en el territorio.
Su poder nace de haber escalado a las máximas instancias del movimiento indígena ONIC y de convertirse en un interlocutor clave para Petro en temas de transición energética y reformas sociales.
Según las fuentes, cuando hubo problemas con los proyectos eólicos por la oposición comunitaria, hace casi dos años, Armando le aseguró a Petro que “no se preocupara” y organizó reuniones con líderes tradicionales “bajo su influencia” para simular un apoyo unánime al hidrógeno verde y a los parques eólicos.
Esto ocurrió en la última semana de junio de 2023, cuando el jefe de Estado trasladó su gobierno a La Guajira para declarar la emergencia económica y social que posteriormente tumbaría la Corte Constitucional. El Ejecutivo buscaba atender la crisis por desnutrición infantil y falta de agua; la agenda incluyó consejos de seguridad y un consejo de ministros para definir medidas especiales en la región.
El poder de Armando y su clan —especialmente junto a su hermano Custodio aunque tiene hermanas también involucradas— se soporta en estas tres poderosas estructuras: la ONIC; la Mesa Permanente de Concertación (MPC), con el Ministerio del Interior, un espacio “duro” donde se concertan proyectos con todas las entidades del Estado; y la ETI (Entidades Territoriales Indígenas) de la Zona Extrema Norte de La Guajira, creada por el presidente Petro tras una propuesta impulsada por Armando y que tendría varios líos.
Aunque el vocero de la Constituyente dice representar a toda la Zona Norte Guajira —corregimientos de Taroa, Nazareth, Puerto Estrella—, autoridades ancestrales le dijeron a EL COLOMBIANO que su territorio real es pequeño y que en algunos lugares no lo reconocen como autoridad legítima. “Es un negociante y politiquero”, repiten.
Para algunas personas de las comunidades del extremo norte del país, mientras él negocia proyectos de energía limpia en la capital, las comunidades carecen de lo básico: agua, salud y vías. “Todavía no vemos que sus gestiones se materialicen en el territorio. Así ha sido siempre”, agrega otra persona.
El lío de la ETI con los Wouyurí
Armando Wouyurí coordina la ETI (Entidades Territoriales Indígenas) de la Zona Extrema Norte de La Guajira, una división de esa punta del país que agrupa 54 kilómetros de costa, diversos ecosistemas, 60.000 personas, 320 Jefes Territoriales y 9 corregimientos de Uribia, según datos oficiales del Ministerio del Interior. Esta es la primera ETI que se configura en el país desde la creación de este modelo territorial en la Constitución de 1991.
Fuentes señalan que esa ETI se armó sin hacer consulta previa y acusan a Armando de “aprovecharse de autoridades tradicionales con poca formación académica para que firmen acuerdos a cambio de dinero o puestos”. Estas nuevas delimitaciones permiten que el Gobierno les gire directamente dineros sin pasar por la Alcaldía de Uribia ni la Gobernación de La Guajira, por lo que no hay trazabilidad de los recursos que se mueven ni tanto seguimiento a los resultados.
Su hermano Gustavo Custodio también cuenta con liderazgo dentro de esa nueva gran zona indígena. Así quedó definido con la conformación del Consejo Indígena del Territorio Indígena de la Zona Norte Extrema de la Alta Guajira (Wuinpumüin), en la resolución 139 de 2025 del Ministerio del Interior. Este abarca los corregimientos de Taroa, Puerto Estrella, Nazareth, Wualetpá, Punta Espada, Puerto López, Castilletes, Siapana y Tawaira.
El trío de hermanos lo completa Taide Wouyurí Valbuena y son reconocidos por pertenecer al poderoso Clan Wouyurí, cuyo asentamiento se encuentra en Uribia y se disputa los votos con la cuestionada senadora Martha Peralta del Partido MAIS, salpicada en el escándalo de la UNGRD.
Quienes conocen a Armando aseguran que tanto su paso por la dirección de la ONIC como su permanencia en la Mesa Permanente de Concertación (MPC) —el espacio donde confluyen organizaciones indígenas y delegados del Gobierno Nacional— le otorgan un estatus de interlocutor ineludible ante el Estado, incluso en otros gobiernos, que ha sabido aprovechar muy bien y que ahora se disparó con Petro.
En la Alta Guajira, algunas fuentes describen la MPC como el escenario “duro de los Wouyurí” donde se negocian y definen buena parte de las decisiones relacionadas con contratación y proyectos para los territorios indígenas. Ese posicionamiento terminó acercándose aún más al Gobierno.
Justamente, en medio del terreno que ha ganado Armando Wouyurí, el mandatario lo nombró integrante del equipo de negociación con grupos armados, como El Clan del Golfo, a través de un contrato vigente con el Departamento Administrativo de Presidencia, Dapre. En Palacio lo definen como un operador político.
Además de ese rol, fuentes consultadas en la Alta Guajira sostienen que Wouriyú ha desempeñado un papel clave en las tensiones alrededor de la transición energética y los proyectos eólicos en territorios wayúu.
“Armando ha sido clave para el Gobierno al asegurar que las comunidades wayúu apoyan la transición eólica, organizando reuniones con autoridades tradicionales bajo su control para contrarrestar a sectores opositores”, aseguró una fuente local a este diario.
En paralelo, el entorno organizativo que gravita alrededor de Wouriyú también ha ganado protagonismo en proyectos impulsados desde el Gobierno Nacional en La Guajira.
¿De dónde viene?
Armando Wouriyú comenzó su vida laboral en las salinas de Manaure durante la década de los ochenta. Allí trabajó como obrero junto a comunidades wayúu y rápidamente asumió la defensa de los derechos laborales de los trabajadores indígenas. Esa confrontación con los intereses de la empresa terminó costándole su permanencia en las salinas, pero consolidó su perfil como dirigente social.
El liderazgo que comenzó en Manaure lo llevó años después a la presidencia de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), cargo al que llegó en 1997. Desde allí, y aún antes de dirigir la organización, Wouriyú se convirtió en una voz de confrontación frente a los actores armados que operaban sobre territorios indígenas.
Su papel dentro del movimiento indígena también estuvo atravesado por la violencia. En 2008 fue amenazado por estructuras paramilitares y obligado a abandonar temporalmente La Guajira. Aun así, mantuvo su trabajo dentro de la ONIC y siguió consolidando relaciones en escenarios de interlocución con el Gobierno Nacional.
Después de su paso por la ONIC, Wouriyú llegó a gerenciar la Empresa Salinas Marítimas de Manaure (Sama) y continuó activo como consejero dentro de la organización indígena. Más recientemente se desempeñó como secretario de la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos, encargada de hacer seguimiento al Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz. También fue uno de los responsables de hacerle seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad del padre Francisco de Roux.
De ahí, en menos de cuatro años, junto a su hermano también llamado Custodio como segundo nombre, armaron un sistema de contratos millonarios que ni el viento del desierto puede borrar.
“No me acuerdo de tantas cosas que hago”: Wouriyú
EL COLOMBIANO habló con Armando Wouriyú para incluir su versión.
Además de promotor de la Constituyente, ¿qué otros cargos tiene en el Gobierno?
“Soy delegado presidencial para los diálogos socio jurídicos con el autodenominado ejército gaitanista”.
¿Usted influye en la asociación de su hermano, Wayuu Araburayú?
“Uno de mis hermanos es representante legal, pero soy una persona sin poder político que pueda incidir en alguna labor relacionada con contratos. Yo no decido esas cosas”.
Pero, ¿sabe que su hermano con esa asociación ha tenido contratos con ICBF, Sena y otras entidades?
“Esas son las funciones de la asociación. Hasta ahí llego yo”.
¿Qué rol cumple en la ETI?
“Soy representante de mi comunidad, que hace parte del espacio territorial de la zona norte”.
¿Qué rol cumple su hermano Custodio Valbuena en el concejo indígena Huaypuín?
“El territorio zona norte extrema Win Point, son 4.000km2 de mar; 260.000km de tierra firme; 60.000 personas con una estructura social de familia determinada por los rey Rucú; 334 autoridades ancestrales; un consejo territorial de 18 personas; y un representante legal”.
¿Qué piensa del escándalo UNGRD?
“Eso le corresponde a los organismos de control, llámese Contraloría, Fiscalía, Procuraduría o mecanismos de control interno que tienen las instituciones, ellos son los que tienen que tomar sus decisiones constitucionales, legales”.
¿Qué tipo, qué relación contractual usted ha tenido con el estado y con los distintos ministerios?
“Con gobiernos pasados, no me acuerdo”.
¿A nivel local?
“Fui secretario de educación municipal en Manaure, pero hace mucho tiempo, más de veinticinco años. No me acuerdo de tantas cosas que hago yo”.
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