La Empresa de Vivienda de Antioquia (Viva) selló este jueves 5 de febrero una alianza estratégica con seis organizaciones privadas y sin ánimo de lucro para ejecutar 9.018 mejoramientos de vivienda en el departamento. El acuerdo, enmarcado en el programa “VIVA Mi Casa Mejorada para Ellas”, tiene como foco exclusivo beneficiar a mujeres rurales cabeza de hogar en condiciones de vulnerabilidad.
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Las entidades que se suman a esta iniciativa son Comfama, Fundación Golondrinas, Fundación Compasión, Fundación Presente, FEDEFA y Planeta Norte. Según informó la Gobernación, la ejecución de estos proyectos compromete recursos por $236.000 millones, de los cuales el departamento aporta cerca de $200.000 millones y las entidades aliadas suman $36.000 millones.
El objetivo central de las obras es cerrar brechas en el acceso a servicios básicos. Las intervenciones se centrarán en saneamiento básico, alcantarillado, acceso a agua potable, y la adecuación de pisos, baños y cocinas, factores determinantes para la salud pública y la dignidad de las familias campesinas.
La firma de este convenio llega en un momento crítico para las finanzas de la vivienda de interés social en el departamento. El reciente decreto del Gobierno Nacional, que aumentó el salario mínimo en un 23% para 2026, generó un descalce presupuestal en las metas del plan de desarrollo de Antioquia.
Rodrigo Hernández, gerente de Viva, explicó recientemente a este diario que los cálculos financieros para los contratos firmados en 2025 se hicieron proyectando un aumento salarial del 8%. La realidad del aumento decretado desbordó las previsiones.
“Ese incremento es el que está haciendo que haya sobrecostos y nos implique o hacer adiciones a los contratos previamente firmados o tratar de reducir el alcance”, señaló Hernández en entrevista con EL COLOMBIANO.
Según las cuentas de la entidad, el impacto del alza salarial pone en riesgo la ejecución de más de 3.300 mejoramientos de vivienda si no se consiguen recursos adicionales. Para mantener las metas de mejoramientos sin recortes, el departamento necesita gestionar $54.000 millones extra solo para este rubro.
En el panorama general, que incluye vivienda nueva y mejoramientos, Viva estima un déficit de $264.000 millones para cumplir con las 150.000 soluciones de vivienda prometidas en el plan de desarrollo, lo que dejaría en el limbo a cerca de 12.000 familias si no se logra el cierre financiero.
El enfoque en la mujer rural
A pesar de las dificultades macroeconómicas, la Gobernación defiende que priorizó la ejecución de estos recursos para atender el déficit cualitativo (malas condiciones de la vivienda existente) que es más agudo en el campo.
Francesco Maria Orsini, responsable de Vivienda y Hábitat de Comfama, destacó que la alianza permite abordar soluciones integrales en los municipios donde el déficit es más alto. Por su parte, Isabel Cristina Bouhot, directora de la Fundación Compasión, resaltó la urgencia de estas obras: “Cuando vemos las condiciones tan críticas en las que viven muchas personas en el campo, entendemos que este trabajo mancomunado nos hace mucho más fuertes”.
De los 23.000 mejoramientos que Viva dejó contratados en 2025 para iniciar ejecución este año, una inmensa mayoría está dirigida a mujeres en zonas rurales. Hernández detalló que, debido a la precariedad fiscal de muchos territorios, en 80 municipios del departamento la Gobernación tuvo que asumir el 100% del costo de las obras, ya que las alcaldías locales no contaban con recursos para la cofinanciación.
Con esta nueva alianza, se busca blindar al menos una parte de las metas trazadas y garantizar que más de 9.000 familias rurales reciban las obras de saneamiento básico prometidas, mitigando el impacto de la inflación en el sector constructor.
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