Por: María Auxiliadora González Malabet, Investigadora Valor Público y profesora de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de EAFIT.
La reducción en el número de mujeres candidatas a la Cámara de Representantes por Antioquia para 2026 no es un dato anecdótico: es una señal de alerta democrática. Mientras en otras regiones del país la participación femenina tiende a crecer, en Antioquia estamos retrocediendo. Esto enciende las alarmas para las personas que estudiamos la participación política de las mujeres y hace que desde la academia intentemos buscar explicaciones de fenómenos como éste.
Desde el programa de Ciencias Políticas de EAFIT realizamos un análisis descriptivo comparando las elecciones de 2022 con las de 2026. En 2022 hubo 93 mujeres candidatas; para 2026 la cifra baja a 67. Es una disminución del 28%. No se trata de una variación marginal, sino de una caída significativa en la oferta electoral femenina.
El panorama se vuelve aún más preocupante cuando observamos la estructura de las listas. De once listas inscritas por partidos, coaliciones y movimientos, solo una tiene a una mujer como cabeza de lista. Existen dos listas cerradas con mecanismo cremallera, lo cual es positivo en términos formales, pero ninguna está encabezada por una mujer. Y en sistemas de lista, el orden importa. El primer lugar concentra visibilidad, respaldo partidario y mayores probabilidades reales de obtener curul. No ocupar esa posición no es solo un detalle técnico, es una desventaja estratégica.
Para comprender este retroceso es útil distinguir entre factores coyunturales y estructurales. La coyuntura antioqueña muestra una menor presencia de plataformas con compromisos internos claros hacia la promoción de candidaturas femeninas y una fuerte concentración de la competencia en partidos tradicionales que no suelen priorizar agendas de género. Sin embargo, más allá de lo inmediato y actual, existen condiciones estructurales que explican por qué la participación política de las mujeres sigue siendo frágil y poco priorizada.
1. Cultura política y sesgos de liderazgo
La participación política no depende únicamente de reglas formales; también está atravesada por creencias sociales. Persisten prejuicios sobre la capacidad de liderazgo de las mujeres. Una encuesta global de Naciones Unidas en 2023 encontró que “la mitad de la población mundial sigue creyendo que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres, y más del 40% considera que son mejores ejecutivos” (PNUD, 2023)[1].
Estas percepciones influyen en el voto, en la selección interna de candidaturas y en la disposición de los partidos a invertir recursos. Cuando una parte importante del electorado asocia liderazgo con masculinidad, las mujeres parten de una desventaja simbólica antes incluso de iniciar campaña.
2. El doble rasero en la evaluación pública
La democracia moderna se construyó históricamente como un espacio masculino. Los atributos tradicionalmente valorados en el liderazgo —firmeza, competitividad, autoridad— han sido asociados culturalmente con lo masculino. Cuando una mujer encarna esas cualidades, suele ser juzgada como agresiva, gritona, atrevida o desubicada. Cuando no las encarna, y sigue un mandato de feminidad, se le considera débil o poco apta para el poder.
Este doble rasero produce un dilema permanente: las mujeres son evaluadas simultáneamente por su desempeño político y por su adecuación a expectativas de feminidad. Además, enfrentan juicios desproporcionados sobre su apariencia física, su maternidad, su edad o su tono de voz, variables que rara vez determinan la legitimidad de sus colegas hombres. La evaluación no es neutra; está atravesada por el género.
3. Desigualdad en recursos de campaña
La competencia electoral exige recursos y financiación. Diversas investigaciones muestran que las mujeres reciben menos recursos económicos por parte de los partidos. El Informe del Ranking de Igualdad de Mujeres y Hombres en Partidos y Movimientos Políticos en Colombia del PNUD y ONU Mujeres evidenció que, en las elecciones al Congreso de 2022, las candidatas recibieron $19.303.799.336, mientras que los candidatos hombres recibieron $71.803.462.246. Es decir, más de 3,7 veces más recursos.
Aunque las mujeres representaban el 38% de las candidaturas frente al 62% de los hombres, la brecha no se explica únicamente por proporción numérica. Según el informe, por cada peso invertido en campañas de mujeres, los partidos destinaron en promedio 2,3 pesos más a campañas encabezadas por hombres. Esto implica que las candidaturas no compiten en igualdad de condiciones desde el punto de partida.
4. Violencias políticas contra las mujeres
La participación política femenina también está condicionada por múltiples formas de violencia: física, psicológica, simbólica, económica, digital y vicaria. Si bien la violencia política no es exclusiva contra las mujeres, la evidencia muestra que ellas enfrentan modalidades específicas asociadas a su género, que se extienden tanto al espacio público como al privado y tiene un mayor número de tipos de perpetuadores.
La amenaza, la deslegitimación constante y la exposición a ataques diferenciados no solo afectan a quienes ya están en la política, también desincentivan a potenciales candidatas. De hecho, la investigación de Juan Diego Duque-Salazar y Luisa Salazar-Escalante, demuestran que ser candidato joven, mujer y de una zona de conflicto armado, están más asociados con reporte de hechos de violencia electoral. Por tanto, esto desincentiva la participación de mujeres y jóvenes a seguir en una carrera política electoral.
Según estimaciones internacionales, al ritmo actual faltan 134 años para alcanzar la paridad en la representación pública a nivel global[2]. Colombia ha avanzado en marcos legales y mecanismos formales, pero las transformaciones estructurales son más lentas que las reformas normativas.
El retroceso en Antioquia no solo retrasa la llegada de la equidad en el departamento. También debilita la calidad democrática. Replegarse en la participación de las mujeres no es neutral. Es el resultado de decisiones partidarias: a quién se invita, a quién se financia, a quién se ubica en posiciones elegibles y a quién se considera competitivo. Es una decisión que tiene consecuencias sobre la calidad de nuestra democracia y sobre el tipo de sociedad que estamos construyendo.
Una democracia sin representación equilibrada pierde diversidad de experiencias, perspectivas y prioridades en la toma de decisiones. El tema no es únicamente cuántas mujeres hay en las listas, sino qué condiciones estamos generando para que puedan competir y ganar en igualdad real. Antioquia enfrenta, entonces, una pregunta incómoda pero necesaria: ¿estamos dispuestos a revisar las reglas informales, las prácticas partidarias y la distribución de recursos que hoy limitan la participación femenina, o aceptaremos como normal un retroceso que compromete la legitimidad de nuestra representación política?
[1] https://news.un.org/es/story/2023/06/1521902
[2] https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/se-necesitan-134-anos-para-alcanzar-la-paridad-de-genero-en-la-politica-en-el-mundo-esta-esta-colombia-3442975
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