Comerciantes diariamente deben gastar hasta $600.000 pesos en transbordos, mientras que los habitantes deben pagar hasta $5.000 pesos por el paso de motocicletas en planchones improvisados sobre el río. Director (e) del Invías estará este miércoles en el municipio.
Habitantes, comerciantes, campesinos y líderes sociales de San Juan de Urabá iniciaron este martes 12 de mayo un plantón indefinido para exigir soluciones urgentes frente a la crisis de movilidad que vive el municipio desde hace más de tres meses, tras la caída de la cabecera del puente principal sobre el río San Juan.
Si bien la protesta se desarrolla en el sector del puente, medios regionales han informado que, en solidaridad, se han paralizado actividades comerciales, agrícolas y comunitarias como mecanismo de presión ante lo que la comunidad considera una falta de respuestas concretas por parte del Gobierno nacional y del Instituto Nacional de Vías (Invías).
Los manifestantes aseguran que la pérdida de la estructura ha dejado prácticamente incomunicado al municipio con el resto del Urabá y con el departamento de Córdoba, afectando gravemente la economía local y el acceso a servicios básicos.
Comerciantes denunciaron que diariamente deben gastar hasta 600.000 pesos en transbordos para movilizar mercancías, mientras que los habitantes deben pagar hasta 5.000 pesos por el paso de motocicletas en planchones improvisados sobre el río. La situación también ha encarecido el precio de los alimentos y golpeado a productores campesinos que perdieron cultivos y enfrentan dificultades para transportar lo poco que logran cosechar.
La comunidad también alertó sobre las afectaciones sociales derivadas de la emergencia. Adultos mayores y personas con discapacidad deben pagar para asistir a citas médicas, mientras que estudiantes cruzan diariamente por estructuras improvisadas que, según denuncian, no ofrecen condiciones mínimas de seguridad.
“La gente ya no aguanta más”, expresó uno de los comerciantes durante la protesta, mientras líderes comunitarios advirtieron incluso sobre una posible abstención electoral como forma de presión si el Gobierno no atiende sus reclamos. “¿Cómo esperan que la comunidad salga a votar si para cruzar el río hay que pagar?”, cuestionó una de las asistentes al plantón.
Ante la protesta, desde Bogotá el Invías emitió un comunicado en el que reconoció la gravedad de la situación y explicó que la instalación del puente militar provisional requiere trabajos técnicos adicionales debido a las afectaciones estructurales causadas por la creciente del río.
La entidad señaló que actualmente busca adelantar obras de contención, estabilización del terreno y aislamiento hidráulico para garantizar la seguridad de la nueva estructura.
Según el Invías, la meta es habilitar el puente provisional en aproximadamente 15 días, mientras continúan las obras complementarias que podrían extenderse por cerca de dos meses.
Además, la entidad confirmó que el director encargado de la entidad, William Molano, estará este miércoles a las 2:00 p.m., en San Juan de Urabá para reunirse con la comunidad y socializar el cronograma de intervención.
Regístrate al newsletter 
