La Procuraduría General de la Nación notificó esta semana la formulación de pliego de cargos contra un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia (UdeA), señalado de cometer presuntos abusos sexuales contra varias estudiantes. Esta decisión se produce tras años de dilaciones administrativas y luego de una orden directa de la Corte Constitucional para destrabar el proceso.
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El anuncio fue oficializado por el procurador delegado para los Derechos Humanos, el exministro Néstor Osuna, quien confirmó que la medida disciplinaria responde a las quejas presentadas por las alumnas, quienes sostuvieron sus denuncias a pesar de las dificultades institucionales. “Ellas muy valientes pusieron la queja, tramitaron con dificultades el proceso y bueno, ya vamos en pliego de cargos”, afirmó el funcionario.
El fin del “peregrinaje institucional”
El avance en este caso es consecuencia del fallo de la Corte Constitucional (Sentencia T-235 de 2025), el cual amparó los derechos de cuatro estudiantes al determinar que fueron víctimas de violencia institucional.
Las denuncias originales surgieron en agosto de 2022, en medio de un clima de protestas dentro de la universidad que visibilizó múltiples casos de violencias basadas en género. Aunque la Universidad de Antioquia asegura haber iniciado la investigación disciplinaria en ese momento y apartó al docente de sus funciones, el proceso se estancó cuando la Procuraduría asumió el poder preferente del caso en 2023 a solicitud del investigado.
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Desde entonces, el expediente transitó entre la Procuraduría Regional de Antioquia y la Procuraduría Delegada en Bogotá sin que se tomaran decisiones de fondo durante más de dos años. Esta situación fue calificada por el alto tribunal como un “peregrinaje institucional” que vulneró los derechos de las jóvenes al debido proceso y al acceso a la justicia, ordenando al ente de control resolver la situación en un plazo máximo de seis meses, término que se está cumpliendo con esta formulación de cargos.
La Procuraduría enfatizó que este proceso se adelanta aplicando una estricta perspectiva de género, tal como lo instruyó la Corte, para evitar la revictimización de las denunciantes. “Los profesores de universidades y colegios públicos son autoridades públicas y sabemos que esto está ocurriendo. Aquí estamos dispuestos a escuchar sus denuncias, a proteger su identidad y a castigar a los culpables”, señaló Osuna.
Impacto en las víctimas y respuesta de la UdeA
La demora en la justicia disciplinaria tuvo consecuencias directas sobre las estudiantes. Según el fallo de la Corte, algunas debieron recurrir a la virtualidad para evitar encontrarse con el docente o retrasaron su grado debido a la carga emocional y social del proceso.
Por su parte, la Universidad de Antioquia reiteró que el docente no tiene vínculo activo con la institución desde que se aplicó la medida de separación preventiva de labores al inicio del proceso en 2022. La institución aclaró que, aunque actuó con diligencia en la fase inicial, perdió la competencia para sancionar una vez la Procuraduría ejerció el poder preferente.
Ahora, el docente deberá presentar sus descargos ante el Ministerio Público, que continuará el juicio disciplinario bajo la lupa de las organizaciones defensoras de derechos humanos que han acompañado a las víctimas.
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