El sistema de salud en Antioquia se está convirtiendo en una bomba de tiempo. Durante los últimos dos años, de los 6,8 millones de afiliados al sistema en el departamento, por lo menos 3,3 millones quedaron atrapados en EPS intervenidas; es decir, casi 5 de cada 10 pacientes.
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Es un efecto dominó que tiene contra las cuerdas tanto a los pacientes como a la red hospitalaria de Medellín y el departamento. Tras dos años de turbulencias, las salas de urgencias están a máxima presión, las farmacias llenas de largas filas de pacientes que no pueden reclamar sus fórmulas médicas completas y las oficinas de los órganos de control lidian con un creciente número de quejas y tutelas.
Lejos de aclararse, el panorama se muestra cada vez más adverso, sobre todo si se pone la vista en las dos EPS más grandes en control del Gobierno Nacional: Savia Salud y la Nueva EPS. Mientras la primera ajustó dos años intervenida y no logra mejorar sus indicadores financieros, la segunda es el centro de una oleada de quejas y reclamos de sus afiliados por problemas en la prestación de sus servicios, tal como lo alertó la Personería de Medellín a finales de abril pasado.
Entre tanto, líderes del gremio de las clínicas y hospitales advierten que sus finanzas están cada vez más apretadas por cuenta de la inestabilidad que reina en el sistema.
Huecos se están agrandando
Si bien durante los últimos años la red ya había expresado en conjunto reclamos ante las gruesas carteras de las EPS, sobre todo aquellas que han venido siendo liquidadas, Tamayo advirtió que desde el año pasado la principal preocupación es el crecimiento de la cartera de las EPS intervenidas.
Tan solo en el caso del San Vicente Fundación, el directivo advirtió que en 2024 la cartera de estas entidades creció en un 53%.
“Lo hemos mencionado innumerables veces: los hospitales nos estamos quedando sin oxígeno. El oxígeno de estas instituciones es que los recursos lleguen de manera adecuada”, señaló el directivo.
En días recientes, otra voz que recalcó sobre esa misma problemática fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien en la acción popular que presentó en contra del Gobierno Nacional por la crisis de la salud en la ciudad y en el país anexó reportes financieros detallados de las tres principales entidades prestadoras del Distrito.
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En dicho ejercicio, la Alcaldía precisó que por cuenta de las EPS que están bajo el manejo de la Nación, el Hospital General de Medellín, Metrosalud y el Hospital Infantil Concejo de Medellín tienen un faltante de $169.831 millones, correspondiente a cartera vencida de Savia Salud, Nueva EPS, Coosalud y Sanitas.
Dentro de esas instituciones, una de las situaciones más críticas la afrontaba el Hospital General, el de mayor complejidad y envergadura de la red pública, que ya acumulaba $135.747 millones con corte al pasado 30 de abril, de los cuales 94,65% correspondía a EPS intervenidas. De ese total, la principal deudora era Savia Salud, con un pendiente de $109.345 millones.
“Hay hospitales recibiendo apenas el 6% de lo que les deben mes a mes. Esa asfixia no es una casualidad: es una estrategia. Si su plan era hacer una reforma destruyendo el sistema, lo están logrando. Y por eso los hago responsables”, dijo.
Salas de urgencias reventadas
De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud de Antioquia, tan solo durante los primeros cinco días de junio, la ocupación promedio de varias instituciones estaba más allá de su capacidad. Solo en el caso del San Vicente, los datos daban cuenta de una sobreocupación promedio del 174%.
Contra las cuerdas también estaba el hospital Pablo Tobón Uribe, con una sobreocupación del 152%; la Clínica del Prado, con 137%; la Clínica Rosario Centro, con 139%; la Nueva Clínica Sagrado Corazón de Jesús, con 141%; el Hospital Manuel Uribe Ángel, de Envigado, con 147%, entre otras.
En la red de Metrosalud, otras sedes que este mes han estado bajo gran presión en su servicio de urgencias han sido la unidad hospitalaria de Belén, con 201%; la unidad hospitalaria de San Cristóbal, con 187%; la unidad hospitalaria de Castilla, con 154%, y la unidad hospitalaria de Santa Cruz, con 133%.
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“La red de servicios de las EPS intervenidas sentimos que cada vez es más escasa, no solamente en cuanto a hospitales del tercer nivel de complejidad, sino con los primeros niveles”, apuntó Tamayo, aludiendo a algunas de las razones que influyen en dicha congestión de servicios.
Además de lo que se siente en las salas de urgencias, Elkin Eduardo Gallego Giraldo, personero delegado de decisiones disciplinarias de la Personería de Medellín, señaló que durante el último año esa entidad está también operando al máximo de su capacidad para atender un creciente número de tutelas y situaciones relacionadas con la salud.
El servidor público apuntó que para este año 8 de cada 10 atenciones que realiza esa agencia local del Ministerio Público, están relacionadas con el derecho a la salud. De las 11.478 tutelas que la Personería ayudó a interponer el año pasado, un 80% se referían al derecho a la salud.
“Las EPS intervenidas han venido cambiando de operadores logísticos para entrega de medicamentos, generando largas filas en la ciudad. Muchos pacientes hacen la fila y después de horas les dicen que no hay medicamentos, que vuelvan después. Eso es un asunto realmente dramático”, apuntó.
Como muestra del creciente flujo de pacientes que están acudiendo por los servicios de la entidad, Gallego señaló que esta semana se alcanzó uno de los picos de personas atendidas más altos de los últimos años, más de 400 en un solo día y de ellas un número superior a las 360 iban con solicitudes relativas al derecho a la salud.
Ante esta creciente demanda, la Personería tuvo incluso que ampliar su horario de atención de seis de la mañana a diez de la noche (cuando antes era de ocho de la mañana a cuatro de la tarde).
A propósito de esas dificultades en los servicios farmacéuticos, el diputado Jorge Correa Betancur, quien durante los últimos años viene liderando un trabajo de control político a Savia Salud desde la Asamblea de Antioquia, señaló que dicho servicio fue uno de los que mayores traumatismos presentó luego de que la Nación tomara el control de la EPS y se cambiara al operador por una unión temporal llena de cuestionamientos.
Sin embargo, y en una situación que señala también se está dando en otras EPS, Correa apunta que en Savia la intervención no solo ha venido acompañada de esos traumatismos, sino de dificultades para vigilarla y múltiples denuncias de personas que han sido nombradas allí sin contar presuntamente con los perfiles técnicos.
“Savia tiene aproximadamente 20 cargos directivos y todos fueron cambiados tras la intervención, en su mayoría con gente que no era de Antioquia, que no tenía la experiencia para el sector salud y menos para la crisis”, apuntó el diputado, refiriéndose sobre todo a la gestión del exagente interventor Edwin Carlos Rodríguez.
Con base en ese contexto, el diputado señaló que en el caso de Savia el panorama con miras al tercer año de intervención que arranca no sería alentador, sobre todo si se tienen en cuenta que los indicadores financieros también siguen deteriorándose y los pasivos de la entidad ascienden a $1,3 billones.
En medio de esa incertidumbre, Correa, Gallego y Tamayo coincidieron en que se hace urgente tomar medidas de choque para garantizar la estabilidad del sistema y evitar que no se haga demasiado tarde para atender una crisis que viene siendo advertida con insistencia desde tiempo atrás.
