La empresa Carbones San Fernando, una de las minas más emblemáticas del sector carbonífero en Colombia y la más grande de la cuenca de La Sinifaná, entró en proceso de liquidación, dejando sin empleo a más de 240 mineros.
La situación, al parecer, se produce en medio de una crisis económica que se venía gestando desde hace más de una década y que hoy pone en riesgo una de las principales fuentes de sustento del municipio y de la región. Según la Superintendencia de Sociedades, el representante legal de Carbones San Fernando SAS informó que la empresa tiene cuentas por pagar vencidas por gastos de administración que ascienden a $4.198 millones.
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La Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol) indicó que la situación es más grave de lo que parece, pues no existe un flujo de caja suficiente para hacer frente a la deuda.
“Después de un proceso de reorganización que fracasó, el proceso de liquidación se dio bajo la premisa de la inviabilidad que se presenta por las deudas con los acreedores y se reveló que solo tenían $59 millones en activos para cubrir semejante deuda”, explicó Rubén Darío Gómez Cano, secretario de Conalminercol.
La crisis económica de la empresa ha sido producto de un cúmulo de factores, siendo el principal la tragedia de 2010, en la que 73 mineros perdieron la vida en un socavón de la compañía.
“Esa tragedia fue el punto de quiebre. Las indemnizaciones, los procesos judiciales y el rescate causaron un impacto económico enorme. Desde entonces, la empresa empezó a tener retrasos en los pagos, a reducir personal y a operar con pérdidas”, afirmó Juan Pablo Agudelo, presidente del Consejo Municipal de Planeación y líder del municipio.
Adicionalmente, la empresa enfrenta otras dificultades, pues, según afirman líderes del sector, tiene socavones muy alejados de la bocamina, lo que representa un alto costo de operación, además del consumo de las reservas de carbón, que ya no la hacen lo suficientemente viable para una explotación a gran escala.
El desolador panorama dejaría solo dos opciones: la inyección de capital por parte de un nuevo inversionista o la venta de sus activos para dar cierre definitivo a sus operaciones. Según líderes de la zona, Carbones San Fernando llegó a tener más de 500 trabajadores, pero con el paso de los años esa cifra fue disminuyendo a medida que la crisis se profundizaba.
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El impacto que tendría el cierre
Amagá es un municipio de tradición minera, donde buena parte de la población depende directa o indirectamente de esta actividad. El desempleo que dejaría la desaparición de la empresa podría traer varias problemáticas sociales.
“Los mineros son trabajadores fuertes, pero viven con ingresos inestables, y la pérdida de estos empleos puede agravar otras problemáticas sociales, incluso relacionadas con el microtráfico”, añadió el presidente del Consejo Municipal de Planeación.
Más allá de la incertidumbre económica, existe un temor compartido por la comunidad minera: que se repita la historia de otras tragedias en el municipio, como sucedió con la Industrial Hullera, y que a los trabajadores no se les respeten sus derechos.
“Amagá es un municipio con una memoria minera marcada por la muerte, pero también por la resiliencia. San Fernando fue una empresa que intentó salir adelante después del desastre, pero la deuda fue demasiado grande”, añadió.
Una de las principales preocupaciones de los mineros ante el cierre de la empresa son los derechos de liquidación y la reubicación laboral, aspectos que están siendo acompañados por la Alcaldía y la Personería del municipio. Esta última ha solicitado la intervención del Ministerio del Trabajo, que ya hizo presencia en Amagá para revisar uno a uno los casos de los mineros afectados.
“Lo que estamos haciendo es acompañar el proceso de las acreencias y las liquidaciones laborales que surgen de la relación entre los mineros y la empresa. El Ministerio atendió la solicitud que radicamos y se comprometió a ejercer vigilancia administrativa sobre el proceso”, indicó Alex Johan Serna, personero de Amagá.
La empresa, ubicada en la vereda Paso Nivel, en su momento llegó a generar 20.000 toneladas de carbón al mes, convirtiéndose en la compañía minera de carbón subterránea más grande del país.
“Estamos frente a la última empresa de gran tamaño en la zona del Suroeste antioqueño en materia de carbones”, manifestó Gómez, el secretario de Conalminercol.
La situación ha generado una alerta en todo el sector, pues en la Cuenca de La Sinifaná hay aproximadamente 94 minas activas que también podrían correr los mismos riesgos, debido a la falta de intervención del Estado en los socavones más antiguos del territorio.
“Hay una pésima intervención del Estado en materia de los pasivos ambientales que se generan con estas explotaciones antiguas que, al ser abandonadas, constituyen una bomba de tiempo. Es también una zona con más de 300 minas inactivas, inundadas y desplomadas”, dijo Gómez.
A pesar del incierto panorama de la compañía, fuentes cercanas a Carbones San Fernando le manifestaron a EL COLOMBIANO que hay una persona interesada en comprar la empresa y rescatar el patrimonio carbonífero de Amagá. Si bien por el momento esto no es una realidad, representa una esperanza para las familias de los mineros que hoy están en vilo.
Una crisis marcada por la tragedia
Era un 16 de junio de 2010 cuando la tragedia llegó al municipio de Amagá. Una acumulación de gases causó una explosión que dejó a su paso a 73 mineros sepultados, siendo catalogada como una de las tragedias más grandes ocurridas en el sector carbonífero de Antioquia, solo superada por la tragedia de 1977, ocurrida en las minas Villa Diana y El Silencio, de la empresa Industrial Hullera, donde 86 mineros perdieron la vida.
En cerca de 50 años han ocurrido tres grandes tragedias en Amagá, que dejan un saldo de más de 170 mineros muertos. La mayoría de emergencias se han registrado en minas legalmente constituidas.
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