Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4
El 16 de marzo de 2015 escribí: “Este gobierno irresponsable al que los principios y la ley le estorban para que el cartel Farc le firme un papel, nos puso a todos los colombianos de hoy, y especialmente a los de mañana, en la lamentable situación de un asaltado o un extorsionado, en la que o hacemos lo que los delincuentes digan o nos matan. En vez de imponer la ley a los que decidieron violarla, lo más fácil es dar de baja la ley, claudicar ante el AK-47 con aroma de cocaína, paralizar a las fuerzas armadas para que no cumplan su papel y legalizar a los delincuentes transformándolos en actores políticos, como les gusta decirle a parte de la academia, el Episcopado y el empresariado.”
La JEF (Justicia Exculpadora para las Farc), o JEP, como la definió el acuerdo extorsivo de impunidad surgido de la manguala de “apaciguamiento” entre Santos y un cartel narcoterrorista, la semana anterior no nos “defraudó” a quienes advertimos desde hace años que este organismo, que ha costado más de 3 billones de pesos, sería uno de los episodios más vergonzosos y repugnantes de nuestra historia. Este engendro judicial que hace parte del “cartel de la paz”, confirmó la “condena” a los mayores secuestradores y violadores de menores de Colombia a sufrir la pena de: ser congresistas, ganarse más de 50 millones de pesos al mes, estar protegidos de cuenta del bolsillo de todos, beneficiarios de uno de los lavados de dinero más grandes del mundo y a jubilarse también de cuenta nuestra.
El 2 de noviembre de 2019 dije al respecto de la JEF que: “La extorsión convertida en acuerdo, - que pisoteó la ley, la voluntad popular, la sangre de los soldados muertos y especialmente a las víctimas, pero no esas que “selectivamente” escogió un organismo de la academia mamerta para que absolvieran en La Habana a sus victimarios-, incluyó la conformación de una organización parajudicial diseñada por los victimarios, con jueces elegidos por camaradas ideológicos de los victimarios, para que por encima de la constitución colombiana y de todo, “juzgara” a los victimarios pero sin pena condenatoria distinta a tener el planeta por cárcel”.
Juan Manuel Santos, el más destructivo y malvado de los presidentes colombianos, superando a Samper, el comunista de caviar favorecido por los intereses del cartel de Cali, tiene el privilegio como pocos expresidentes de ver que su paso por el gobierno provocó más daños en el futuro que mientras gobernaba, no solo por el “fallo” de la semana pasada del engendro maligno de la JEP que terminó cumpliéndole sus promesas al cartel narcoterrorista con que se alió para reelegirse, sino porque Santos es la causa que la inseguridad esté nuevamente desbordada y tengamos a un marxista alucinado en la presidencia, destruyendo al país y su futuro. Tan indignante es que torturadores, violadores de menores, feticidas y narcoterroristas anden libres y supuestamente legislando y desgobernando al país, como que Juan Manuel Santos pise suelo colombiano sin ser detenido.
Por complicidad, ningún exfuncionario de Santos, y los defensores y promotores de ese fallido acuerdo son dignos y aptos para dirigir gremios y ser elegidos como congresistas, y menos presidente.
