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Por falta de juicio o estrategia perversa, el presidente Petro sigue siendo coherente en lo absurdo de todo lo de su desgobierno. En esta ocasión me refiero al presupuesto presentado para el año 2026 y a la eufemísticamente denominada como Ley de Financiamiento, que no es más que otra reforma tributaria para vaciar aún más los bolsillos de los colombianos.
Lo irracional del presupuesto está en múltiples frentes de su estructura, con repercusiones en sus detalles puntuales. Con una economía que no logra despegar, tasas de inflación que se resisten a ceder y un empleo cada vez más informal no es momento oportuno para presentar un presupuesto por valor de 557 billones de pesos, de entrada desfinanciado en 26,3 billones que serían buscados en una muy improbable reforma tributaria. La magnitud del problema se pondera al decir que para el 2026 el presupuesto significará el 29% PIB, cuando hace apenas seis años, en 2019, representaba el 19%.
El monto presupuestado para el año 2026, comparado con el 2025, crece dos veces la inflación esperada para el año y cuatro o cinco veces si se compara con la ejecución presupuestal proyectada para el cierre del año, conocida la baja capacidad del actual gobierno para ejecutar cabalmente sus propios presupuestos. Téngase en cuenta que al cierre de agosto, según cifras oficiales, la ejecución presupuestal apenas alcanza el 32,9%.
Las pocas cifras señaladas bastan para preguntarnos en qué mente cabe la racionalidad de este presupuesto. Pero si ellas no fuesen suficientes, invito a quien esté interesado a consultar el documento denominado “Presupuesto General de la Nación 2026: Pacto Fiscal por el Desarrollo”, en el que el Ministerio de Hacienda presenta sus consideraciones de política pública para sustentar este presupuesto.
Dicho documente abunda más en postulados y consignas ideológicas que en consideraciones juiciosas sobre la realidad fiscal y económica del país. Tal vez lo más terrenal y veraz de tal documento es el reconocimiento de la necesidad de una reforma tributaria que recoja 26,3 billones de pesos, la que como está planteada parece ser un tiro con escopeta de regadera y no un trabajo juicioso y responsable. El facilismo de presentar nuevamente un presupuesto que solo cierra condicionado a la aprobación de trasladar la carga a los contribuyentes es otra manifestación de irresponsabilidad del gobierno del cambio.
Claramente este es un presupuesto contra la sanidad de las finanzas públicas. En efecto, siendo que el país ha venido engendrando una peligrosa bomba fiscal con déficit superior al 7% del PIB, con gastos que estando ya en máximos históricos continúan creciendo bastante más que los ingresos, lo presentado es un absoluto despropósito o provocación consciente de corte político, para posteriormente lavarse las manos y culpar al Congreso de la República con la razonable certidumbre de que nada de lo presentado les será aprobado.
Es cierto que la estructura presupuestal de la Nación tiene una porción muy significativa de partidas relativamente inflexibles del orden del 86% del total por compromisos adquiridos, pero también es cierto que no se percibe esfuerzo alguno del ejecutivo por trabajar en la porción restante.
Quedamos en manos del Congreso de la República, o en que Petro pueda recaudar IVA en los 10 millones de toneladas de lechona vendidos en el Japón.
