En un mes se presentará el proyecto de reforma tributaria.
El Ministerio de Hacienda radicó en el Congreso el proyecto de presupuesto para el próximo año. El jefe de esa cartera, Germán Ávila, adelantó el trámite que busca que el legislativo apruebe un monto de $556,9 billones.
“Este presupuesto refleja una estrategia de consolidación fiscal con visión de desarrollo, donde la eficiencia del gasto y la priorización de la inversión se convierten en pilares fundamentales para enfrentar los desafíos económicos y sociales del país”, se lee en un comunicado.
Del monto total para 2026, unos $26,3 billones (1,4% del PIB) corresponden a recursos contingentes cuya ejecución dependerá de la aprobación de la Ley de Financiamiento. “La aprobación de la ley de financiamiento permitirá contar con las fuentes de recursos para gastos por igual cuantía, por lo que el monto del presupuesto propuesto es consistente con la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal y el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025”, se agregó.
Antes de que se conocieran las cifras, el precandidato presidencial, Gustavo Bolívar, había anticipado que el presupuesto de 2026 sería de $556 billones, $45 billones más que en 2025.
“La inversión social será de $88 billones”, anotó Bolívar, quien agregó: “El sector salud tendrá un incremento de 32,7%, equivalente a $12,6 billones. El presidente Petro se la juega por solucionar los problemas generados por las EPS”.
Según trascendió, a finales de agosto se presentará la Ley de Financiamiento por un monto de $26,3 billones.
Desde la cartera de Hacienda se insistió en que el proyecto de presupuesto “es una apuesta estratégica, alineada con enfoques internacionales postpandemia, sobre el papel del Estado frente a los retos de la humanidad en el siglo XXI. Las reglas fiscales modernas cuentan con mecanismos de flexibilidad condicionada, que permitan proteger la inversión pública sin debilitar la sostenibilidad fiscal. El uso de cláusulas de escape, enmarcado en una estrategia de transformación productiva, contribuye simultáneamente a evitar crisis macroeconómicas y a reducir el riesgo de crisis fiscales recurrentes”.
Igualmente, se resaltó que la iniciativa busca preservar los niveles de inversión pública y gasto social, en un marco de sostenibilidad fiscal, acorde con el cumplimiento de los mandatos constitucionales y desarrollos legales sobre la materia.
“Sin ese tipo de inversiones, persistirá la desigualdad social y regional, el potencial de crecimiento seguirá siendo limitado y vulnerable, expuesto a las fluctuaciones de los precios internacionales de materias primas como el petróleo y el carbón, cuya demanda inexorablemente continuará decayendo a nivel global”, se señaló.
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