El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, le salió al paso de los rumores sobre un supuesto impuesto del 5x1.000 y fue tajante al decir que esa medida no está contemplada dentro del decreto de emergencia económica.
En entrevista con La W Radio, el jefe de la cartera calificó esa versión como “absolutamente falsa”.
“Quiero claramente informar que esta medida no está considerada entre las medidas de la emergencia económica”, afirmó Ávila, tras señalar que la información circuló de manera “extraña” en algunos espacios mediáticos, pese a no hacer parte del paquete oficial del Gobierno.
Aunque reconoció que esa posibilidad apareció en un borrador preliminar, reiteró que fue descartada y que no habrá un nuevo gravamen a las transacciones financieras.
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Esta es la defensa jurídica del Gobierno para su emergencia económica
Ávila explicó que la declaratoria de emergencia económica ha sido analizada y estudiada por distintos juristas y defendió su legalidad. Según el ministro, el Gobierno considera que sí existen razones suficientes para acudir a este mecanismo excepcional.
“Creemos que existen las razones suficientes para plantear la emergencia económica”, sostuvo, al tiempo que reconoció que el objetivo central es recaudar cerca de $16 billones para atender las presiones fiscales actuales.
El ministro respondió así a las críticas de constitucionalistas y economistas que aseguran que no hay un hecho sobreviniente o extraordinario que justifique la emergencia.
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En su argumentación, el jefe de Hacienda enumeró varios factores que, a juicio del Gobierno, no eran previsibles. Entre ellos mencionó los requerimientos recientes de la Corte Constitucional sobre la nivelación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en salud.
También citó la situación de orden público y el uso de drones en varias regiones del país, lo que, según dijo, obliga a realizar inversiones inmediatas en tecnología y sistemas antidrones para fortalecer a la fuerza pública.
A esto se suma, recordó Ávila, el hundimiento de dos proyectos consecutivos de Ley de Financiamiento en el Congreso, lo que dejó sin una fuente estructural de ingresos al Presupuesto General de la Nación.
“El Gobierno no podía prever que las circunstancias de orden público que se iban a presentar se podían programar con anterioridad, ni que la Corte nos diera un auto inmediato de cumplimiento sobre la UPC”, explicó.
Impuesto al patrimonio: quiénes pagarán y cuánto
El ministro fue enfático en señalar que no todos los colombianos enfrentarán nuevas cargas tributarias. El foco, dijo, estará en los patrimonios más altos del país, mediante un esquema progresivo.
La propuesta contempla aumentar la tarifa del impuesto al patrimonio desde el rango actual de 0,5%–1,5% hasta un máximo del 5%. Así quedaría la estructura:
- Patrimonios entre $3.600 millones y $6.000 millones: tarifa del 1%.
- Patrimonios entre $6.000 millones y $12.000 millones: tarifa del 2%.
- Patrimonios entre $12.000 millones y $100.000 millones: tarifa del 3%.
- Patrimonios superiores a $100.000 millones: tarifa del 5%.
“Estamos estableciendo un modelo totalmente progresivo de la tributación en materia de patrimonio”, explicó Ávila.
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Sobretasa al sector financiero: el otro impuesto de la emergencia económica
Otro de los ejes clave del decreto será el sector financiero. El Gobierno impondrá una sobretasa de 10 puntos porcentuales adicionales a los 5 puntos que ya existen sobre el impuesto de renta de este sector.
Con ello, la tributación total del sistema financiero aumentará de forma significativa. Según el ministro, la medida busca “equilibrar un poco más las exigencias y las necesidades de ingresos del Gobierno”, en un momento de alta presión fiscal. La revelación se hizo en entrevista en La W.
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