Este viernes, la Fiscalía imputó a más exfuncionarios de la Secretaría de Movilidad de Medellín de la administración de Daniel Quintero, por un contrato de $16.000 millones celebrado en vigencia de Ley de Garantías.
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Ante el Juzgado 10 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, la Fiscalía imputó a Estefanya Cuervo Sánchez, exsubsecretaria Legal de la Secretaría de Movilidad del Distrito, el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
El ente investigador también imputó a Juan Carlos Torres Ojeda, exsecretario de Movilidad, por el delito de falsedad ideológica en documento público, ya que presuntamente expidió un oficio certificando un acta de comité de contratación con asistencia de funcionarios que, en realidad, no participaron en la reunión. Lo anterior, para darle apariencia de legalidad al millonario contrato celebrado durante la vigencia de la Ley de Garantías.
Según la investigación, en junio de 2023, ambos habrían participado en la tramitación y suscripción del contrato interadministrativo Nº 46000098703 con Metroparques por la millonaria suma de $16.123 millones, para la recuperación e intervención del transporte público en varias cuencas de Medellín.
La Fiscalía advirtió que el contrato fue celebrado horas antes de entrar en vigencia la Ley de Garantías Electorales, que prohíbe este tipo de convenios cuatro meses antes de elecciones territoriales.
Hay que recordar que la Ley de Garantías, con el fin de garantizar la transparencia electoral, prohíbe a las entidades estatales celebrar contratos en la modalidad de contratación directa ni celebrar convenios administrativos durante los cuatro meses anteriores a la elección. Es decir, para ese caso, precisamente desde el 29 de junio.
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Pues bien, en la madrugada de ese mismo 29 de junio fue cuando se firmó, a las carreras, el contrato. Aunque la defensa de los imputados ha señalado que la noche anterior hubo una falla en el sistema de Colombia Compra Eficiente, esta entidad señaló que durante ese lapso no registró fallas.
Además, según la Fiscalía el convenio tramitó sin estudios previos completos, sin análisis riguroso del sector ni justificación presupuestal. También utilizó una modalidad de contratación directa reservada para casos excepcionales, eludiendo la licitación pública. A esto se suma que iIncluyó obras civiles que no eran competencia de la Secretaría de Movilidad, sino de la Secretaría de Infraestructura Física de la Alcaldía de Medellín.
Torres Ojeda, y otros funcionarios, ya habían sido imputados en el mes de abril de 2025 por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Para el ente acusador, las decisiones fueron conscientes y coordinadas, con división de roles, para asegurar la adjudicación a Metroplús S.A., que posteriormente subcontrató la totalidad de los recursos.
En último lugar, la Fiscalía General de la Nación había llamado a imputación a Mauricio Alonso Zuleta Estrada, exSubsecretario Técnico de la Secretaría de Movilidad, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Sin embargo, su abogado solicitó aplazamiento, motivo por el cual será imputado en los próximos días.
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