El reciente decreto de emergencia económica dejó al descubierto una contradicción del Gobierno del presidente Gustavo Petro sobre el sistema de salud y los recursos para sostenerlos. Ese documento le permitirá al Ejecutivo por 30 días expedir decretos legislativos y, en especial, la reforma tributaria que el Congreso le archivó en el periodo de sesiones que concluyó en diciembre.
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Llama la atención en el decreto que una de las razones esgrimidas para acudir a la emergencia económica es la necesidad de cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional que le ordenó ajustar la unidad de pago por capitación (UPC) —que es el dinero que el sistema le debe reconocer a las EPS para la atención en salud de sus afiliados— porque era insuficiente.
Asegura la Presidencia en el decreto 1390 de 202, que adoptó la emergencia económica, que se requieren $3,3 billones para 2026 para cumplir con esa orden.
“La decisión de equiparar la prima pura de la UPC al régimen subsidiado al 95 % de la prima pura de la UPC al régimen contributivo implica un significativo aumento de los recursos fiscales que deben ser destinados por el Estado al cumplimiento de la obligación de asignar al Sistema General de Seguridad Social en Salud el monto necesario para garantizar la financiación de la unificación de los planes de beneficios”, dice un aparte del decreto.
Lo llamativo es que el fallo del alto tribunal que ordenó el reajuste de la UPC fue dictado en febrero de este año y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, está en desacato por no cumplir esa decisión y con órdenes de ser investigado por la Fiscalía General de la Nación si continúa incumpliendo.
Por ese motivo, el ajuste de la UPC no se podría considerar como un hecho sobreviniente, que es el tipo de situaciones que justifican una emergencia económica.
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A lo largo del año, el Ejecutivo solicitó varias prórrogas de la decisión y realizó mesas técnicas que, según la Corte, no fueron idóneas para cumplir el fallo. Incluso no escatimó en declaraciones públicas y oficiales para cuestionar a esa corporación judicial y a insistir en que la UPC sí alcanza y que la crisis actual del sector es porque, sostienen, las EPS se roban la plata o la manejan mal.
De hecho, en el último mes el Ministerio de Salud ha negado en pronunciamientos oficial y en espacios de opinión la crisis financiera del sistema. El 25 de noviembre, como contamos en esta nota, afirmó con datos acomodados que el cierre de servicios (derivado de la insuficiencia) era una conspiración del sector privado.
Así mismo, el 10 de diciembre, como narramos en esta otra nota, el ministro Guillermo Jaramillo escribió, con falsedades, en una columna en el periódico El Tiempo que esos recursos son suficientes y que las aseguradoras no tienen controles sobre lo que hacen con esa plata; finalmente, el 16 de diciembre dijo en un comunicado —que rechazaba el incremento de la UPC entre el 15 y 17 por ciento y que contrastamos en esta nota— “la crisis del sistema de salud no obedece a una falta de recursos, sino al manejo inadecuado e irresponsable que las EPS han hecho históricamente del dinero público”.
Y, contradictoriamente, después de 10 meses de dictado el auto de la Corte, el Gobierno saca el argumento de un fallo que no ha cumplido como argumento para justificar la emergencia. Ahora, ese mismo tribunal tendrá en sus manos en unos días la decisión sobre si la emergencia económica se ajusta o no a la Constitución.
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