Hace poco más de un año, el 20 de julio de 2024, el presidente Gustavo Petro pidió perdón públicamente. Lo hizo en el Congreso justo cuando entregaban su cargo Iván Name como presidente del Senado y Andrés Calle como presidente de la Cámara. “Quiero comenzar estas palabras básicamente pidiéndoles perdón (...) por lo que ha acontecido en la UNGRD. Lecciones que hay que recoger de esos hechos. El señor Olmedo (López) nunca fue ninguna transacción política de ningún grupo político. Él viene de la izquierda. Desde hace décadas”.
El gesto, inusual en el mandatario, generó silencio en el auditorio de parlamentarios y otros altos funcionarios del Estado. “Lo cual nos hace pensar que la corrupción no es un tema ideológico”, agregó después del perdón ofrecido.
Ambos, Name y Calle, estaban sentados a la derecha e izquierda del presidente, escuchándolo sin imaginarse lo que vendría. Casi un año después, en mayo de 2025, terminaron presos por presuntamente haber recibido $4.000 millones de pesos —$3.000 millones para Name y $1.000 millones para Calle— de coimas para aprobar las reformas del Gobierno en el Congreso provenientes de la entidad encargada para atender los riesgos y desastres naturales en el país.
En el entramado criminal habrían participado otros altos funcionarios como Sandra Ortiz (consejera para las regiones), Carlos Ramón González (exdirector del Dapre), Ricardo Bonilla (exministro de Hacienda) y Luis Fernando Velasco (exministro del Interior). Los dos principales delatores, quienes aceptaron su responsabilidad, fueron Olmedo López, exdirector de la UNGRD y Andrés Calle, exsubdirector de la entidad.
Este escándalo ha sido uno de los más graves de este Gobierno y de la historia política reciente del país. Cada tanto, el presidente Petro se refiere despectivamente a los involucrados, excepto sobre la presunta responsabilidad de quienes fueron sus funcionarios cercanos e incluso amigos como César Manrique, exdirector de la Función Pública, también involucrado en el entramado de corrupción. Tampoco hace mención sobre Andrés Calle, quien fue su aliado político desde el Partido Liberal y el departamento de Córdoba.
Las menciones de Petro sobre Name en el Consejo de Ministros más reciente, ¿y Calle?
Este martes, a altas horas de la noche en el Consejo de Ministros, el presidente Petro dijo refiriéndose al debate de la reforma laboral “sería terrible que como Iván Name, dejará pasar los días para hundirla”.
Más adelante señaló “que tenía que caer tenía que caer la reforma pensional porque había un pacto criminal con los presidentes de las cámaras (...) nunca he hecho pactos de sobornos y actos criminales, he hecho pactos políticos y me traicionan como hoy” (...) acá no hay pacto criminal y menos con Iván Name que es un enemigo personal del presidente”.
Ninguna mención sobre Andrés Calle.
El poder y declive de los Calle
Desde 2024, EL COLOMBIANO ha publicado varias investigaciones sobre el cuestionado expresidente de la Cámara, Andrés Calle, y su familia. Hace 15 días, de hecho, su padre, Gabriel Calle Demoya, alcalde de Montelíbano (Córdoba), enfrenta su propio lío. La Procuraduría General de la Nación ordenó su suspensión por tres meses por una supuesta participación indebida en política.
La medida disciplinaria se dio luego de que circulara un video en el que el mandatario solicitaba respaldo para su movimiento político con miras a las elecciones legislativas.
“La acción del Ministerio Público se dio a raíz de denuncias de medios de comunicación y la comunidad en la que daban cuenta de un video en el que el mandatario pide el apoyo ciudadano para su movimiento político con miras a las elecciones del Congreso de la República”, señala el organismo.
El enredo político, judicial y ahora disciplinario que rodea a la familia Calle es cada vez más estruendoso.
Asimismo, en el ámbito local, la familia Calle enfrenta una creciente disputa por el control de la hidroeléctrica de Urrá, uno de los activos estratégicos más importantes de la región. Andrés Calle aparece salpicado como posible beneficiario ilegal de un supuesto soborno de 1.000 millones de pesos, dinero que habría salido de contratos destinados a la atención de emergencias naturales.
Estos recursos, según las denuncias, habrían sido utilizados para financiar las campañas políticas de Gabriel Calle a la alcaldía de Montelíbano y la fallida aspiración de su hijo a la Gobernación de Córdoba.
Hasta la reciente caída de Andrés Calle, la familia mantenía una fuerte influencia sobre esta entidad, considerada un bastión de poder económico y político en el sur de Córdoba. Sin embargo, su pérdida de poder en el Congreso y los escándalos judiciales han abierto el terreno para que otros sectores políticos intenten disputar el manejo de esta empresa, intensificando una lucha de poder que trasciende lo electoral y toca intereses profundamente arraigados en la región.
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