El presidente Gustavo Petro oficializó la firma del Decreto 1400 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual ordena la desclasificación y el levantamiento de la reserva de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Esta entidad nació el 18 de julio de 1960 y durante 51 años fue la encargada de realizar las labores de inteligencia y contrainteligencia en Colombia.
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El Gobierno Nacional argumenta su decisión con el objetivo de garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la memoria histórica, especialmente para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
En medio del anuncio del decreto, el mandatario ofreció disculpas públicas a las víctimas en nombre del Estado, vinculando la apertura de estos archivos con la lucha contra la impunidad y la garantía de no repetición de crímenes de Estado. En este proceso, La Procuraduría General de la Nación ejercerá una función preventiva vigilando la custodia y depuración.
¿Qué contienen los documentos del DAS desclasificados?
El DAS fue suprimido oficialmente el 31 de octubre de 2011 tras múltiples escándalos de persecución política y seguimientos ilegales, siendo esto un episodio sensible en la historia reciente de Colombia.
De acuerdo con diagnósticos técnicos, el archivo de esta entidad está compuesto por 57.425 cajas físicas y 47.829 medios electrónicos y analógicos, entre los que se encuentran computadores, disquetes, casetes de VHS y discos.
Los archivos contendrían información crucial sobre patrones de persecución estatal, interceptaciones ilegales y campañas de estigmatización contra defensores de derechos humanos, periodistas y organizaciones sociales.
También habría documentos sobre actividades de inteligencia interna y externa, así como registros de gastos reservados realizados durante décadas por la entidad.
¿Cuándo y cómo sería el acceso a el material desclasificado del DAS?
A pesar del levantamiento de la reserva, el acceso a la información no será inmediato ni indiscriminado, pues el decreto firmado por el presidente establece un procedimiento técnico riguroso para proteger la seguridad nacional y la integridad de datos personales.
En este proceso, el Archivo General de la Nación (AGN) mantendrá la administración y protección de los documentos originales, encargándose de su foliación, restauración y digitalización completa.
Además, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) será la responsable de adelantar el proceso de anonimización de los datos. Esto asegura que se pueda consultar la información para análisis técnicos y científicos sin identificar a personas cuya integridad deba ser protegida.
Una vez cumplidos estos pasos, la ciudadanía podrá acceder a una versión digital de consulta pública. También, los avances de este proceso deberán informarse semestralmente a través de los portales web oficiales.
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