La persona encargada del convenio de cooperación que el Gobierno colombiano firmó con Portugal se llama Elvira Sanabria Salazar. Es la secretaria general de la Cancillería puesta allí, no por la actual canciller Yolanda Villavicencio, sino por el jefe de gabinete de la Presidencia, Alfredo Saade, quien dice que hay que reelegir al presidente Petro, cerrar medios de comunicación y al Congreso.
El convenio es un “proceso de transición para la producción de pasaportes”, según anunciaron en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero el documento no fue hecho público y todavía no hay claridad sobre cuánto costará, cuándo iniciará y los detalles sobre la transferencia de tecnología y la realización de los pasaportes.
De acuerdo con una fuente que había trabajado en la estructuración de ese convenio en la administración anterior, los cálculos eran cercanos a los dos billones de pesos: “Alrededor de ese monto más los gastos asociados”, dijo la persona bajo reserva. Esa cifra está por confirmarse, pero las preguntas sobre la capacidad de la Imprenta Nacional siguen abiertas.
Dos fuentes más que ocupan cargos de poder en la Cancillería aseguraron que no tuvieron conocimiento del convenio y no lo manejaron en sus oficinas. “El tema lo está manejando secretaría general de Cancillería y Jefatura de Gabinete de Presidencia”, aseguraron.
Esa fue la razón de la salida del Gobierno de Laura Sarabia, la otrora persona más poderosa de los tres años de administración Petro. Sin embargo, su salida fue en vano. El Gobierno decidió hacer exactamente lo que la canciller había dicho que se haría con una posterior desautorización del presidente Petro.
Hay que recordar que ante la imposibilidad de encontrar un oferente o tercero que pudiera realizar inmediatamente los pasaportes luego de que el mandatario decidió cancelar la licitación y el contrato con Thomas Greg and Sons (TGAS), la Cancillería tuvo que resolver el problema a través de un contrato de urgencia manifiesta con la misma empresa tradicional blanco de las acusaciones del Gobierno.
Ese contrato vence el 31 de agosto de este año. Sarabia había anunciado en una reunión con varios periodistas que esa urgencia manifiesta se prolongaría por lo menos once meses, porque ni la Imprenta ni Portugal estaban listos. Dijo también que debía haber un proceso de transición bien planeado para no poner en riesgo la producción.
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Sin embargo, el jefe de Estado la desmintió un día después en un Consejo de Ministros y ordenó que no se firmaría con TGAS. Sarabia renunció, pero un mes después el ahora hombre cercano a Petro hizo exactamente lo mismo, aunque en los medios en los que habló señaló que era diferente.
“Se hace un proceso de transición que nunca se había planificado. No tenía fecha de vencimiento la unión temporal que estaba manejando los pasaportes y ahora, con este proceso, hay fecha de vencimiento y el nuevo pasaporte comienza en 2026, el 1 abril. Cumplimos e hicimos lo que el presidente ordenó”, dijo en W Radio.
Sarabia contestó a esa afirmación en redes: “Me alegra que se haya aceptado la ruta planteada bajo mi administración para la expedición de pasaportes. Es un camino estructurado que trabajó un equipo responsable y técnico durante meses, equipo que fue maltratado. Este es un camino que permite los tiempos de transición necesarios y garantiza la continuidad del servicio a partir del 1 de septiembre. Con esto se ratifica que no estábamos equivocados y que el tiempo nos dio la razón”, dijo en X.
Petro había dicho que no se firmara ningún otro contrato con Thomas, pero ahora habrá una prórroga de siete meses. La diferencia real es de cuatro meses entre una opción y la otra, pero de lo que no hay certeza es si la Imprenta, con todos los problemas internos que el propio presidente reconoció, estará lista en abril.
El poder de Elvira Sanabria
La otra pregunta es por qué la actual secretaria Sanabria Salazar tiene tanto poder. Se trata de una ingeniera con varios estudios de posgrado que había trabajado antes en el sector público. Es una cuota de Saade en la Cancillería y una de las personas que mantiene vigilado que el poder de la Casa de Nariño se ejerza en el Ministerio, tras la salida de Sarabia. La firma del convenio con Portugal es de primordialmente la de la secretaria general. “Es una mujer que creció muy cerca a Saade, se conocen de toda la vida. Son amigos desde el colegio en Valledupar”, dijo una fuente que conoce la relación de cerca.
Sanabria Salazar tuvo varios cargos en esa ciudad, en donde Saade quiso ser concejal y alcalde con el Centro Democrático y Cambio Radical. Es una persona de toda su confianza. Su nombramiento demuestra que el presidente decidió darle un marco de maniobra con cargos en varias entidades porque lo considera un aliado leal, sin importar sus posiciones más extremas, que se repiten en otros miembros del Gobierno en el último año.
Esto significa que la planeación y estructuración de uno de los servicios más importantes del Estado con los ciudadanos que es a su vez un derecho fundamental para la libre movilidad quedó en manos de Saade y una amiga personal de su infancia que en un mes se sentaron con un país aliado sin conocer previamente con detalle el proceso de producción de pasaportes, lo que demanda un conocimiento técnico. La apuesta del Gobierno se verá realmente dentro de siete meses. Por ahora Thomas Greg sigue en conversaciones con el Gobierno, pues la decisión fue unilateral y en el pasado hubo una presentación de una demanda por más de 100.000 millones tras la anulación del contrato a esa compañía.
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Lo que se sabe del convenio
A pesar de lo anunciado por Saade, aún no hay claridad sobre los detalles del convenio de 26 páginas firmado entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal. El secretismo coincide con las críticas al proceso de transición.
Lo que se sabe es que el convenio empezaría a regir el 1 de abril de 2026, es decir siete meses de transición bajo la figura contractual de “urgencia manifiesta” con Thomas Greg & Sons (TGAS).
Precisamente, fuentes de la Cancillería señalan que no hay claridad sobre los meses de la transición porque otros funcionarios cercanos a Saade les han dicho que serían realmente ocho meses y los han apartado del detalle de las decisiones.
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Un alto funcionario de esa cartera se enteró hasta este martes de la firma del convenio cuando el jefe de despacho presidencial, por pedido de Petro, lo hizo público: “No veo la bulla”, dijo el mandatario desde Santa Marta e inmediatamente Saade publicó un par de fotos del documento y de la firma con la canciller Villavicencio.
“Se hicieron todas las mesas necesarias para lograr lo que se logró. Puedo decirle al país que la estructuración, el proceso de transición y la operación de pasaportes está garantizada para la Nación”, dijo Saade en entrevista con laW Radio este miércoles y agregó: “La asistencia técnica, que era lo más importante y la cooperación internacional, están listas (...) se pone en marcha el proyecto de personalización de la libreta del pasaporte, los documentos de viaje, las etiquetas de visa y todo lo necesario para que los ciudadanos estén tranquilos”.
Sin embargo, no están del todo claras las fechas, la capacidad operativa y el cronograma de implementación. Según el Gobierno, no subirá el precio de los pasaportes y estará sujeto al Índice de Precios del Consumidor (IPC); semanas atrás, según un borrador del convenio filtrado a la prensa, el precio de los pasaportes iba a estar atado a la cotización del euro lo que incrementaría sus costos. Parece que, por ahora, ese escenario quedó descartado.
Una fuente de TGAS le dijo a este diario que hasta hace pocos días ellos no habían sido informados de que se iba a prorrogar nuevamente el contrato que vienen manejando hace 17 años. El mal manejo no solo ha sido con esa empresa sino con Portugal.
Hace tres semanas, EL COLOMBIANO reveló un chat de una funcionaria de la embajada de ese país a la Cancillería: “no entiendo qué significan las noticias que se publican ahora. El jefe de Gabinete afirmó que el contrato con Portugal se firmará en cuestión de horas. Nadie contesta mis correos, no hemos tenido contacto”.
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Saade había anunciado que era cuestión “de horas” para que se firmara el contrato y que todo estaba bajo control. No fue así. El punto de honor del presidente Petro, por así llamarlo, es el control de los datos de las personas que en esta nueva prórroga estarían bajo el dominio del Gobierno. Luego, cuando empiece a regir el modelo en abril, va a haber un proceso de transición aún más extenso porque la Imprenta Nacional no cuenta con las capacidades para asumir la fabricación de pasaportes. En la idea del Gobierno está que de aquí a 10 años, esa entidad que hoy tiene todo tipo de líos, pueda ser autónoma para fabricar pasaportes y otros documentos.
Procuraduría investiga
Tras conocerse la firma del convenio, la Procuraduría anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra la gerente de la Imprenta Nacional, Viviana León, la canciller (e) Villavicencio y la secretaria general Sanabria.
De acuerdo con el Ministerio Público, la firma del convenio posiblemente transgrede principios de planeación y economía de la contratación estatal, “al evidenciar que no existen los documentos y estudios previos que sustenten la celebración del convenio”.
“Se desconoce el acto administrativo a través del cual se delegó en la secretaria general (e) del Ministerio de Relaciones Exteriores, la competencia para celebrar el convenio interadministrativo con la Imprenta Nacional de Colombia”, declaró la Procuraduría.
Según el ente, ante las fallas en la planeación del nuevo esquema para el suministro de pasaportes, se observa una omisión al deber que le asiste a los funcionarios de cumplir con los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa.
Líos en la Imprenta Nacional
La incertidumbre y temor se siente en los pasillos de la Imprenta y no es para menos: tendrán que asumir una tarea para la cual no estarían preparados, según reportes, derechos de petición y denuncias conocidas por este diario.
La improvisación del Gobierno —Presidencia, Cancillería, Imprenta Nacional— con este asunto se refleja en varios frentes, no solo a nivel jurídico sino práctico. Por ejemplo, la planta de producción no estaría habilitada, que es uno de los requisitos mínimos que había pedido Portugal, con el acompañamiento de funcionarios de la embajada de Francia, desde hace meses. Entre las entidades gubernamentales se pasan la pelota para responder preguntas clave sobre infraestructura, tecnología, capacidad instalada y cronograma de operación.
En estas mismas páginas, el columnista Melquisedec Torres viene alertando desde hace más de un año los problemas en esas oficinas relacionados con su poca capacidad técnica y procesos contractuales presuntamente viciados.
La Imprenta Nacional, adscrita al Ministerio del Interior, fue fundada en 1894 y sus tareas son la “edición, diseño, impresión, divulgación, comercialización y distribución de normas, documentos, políticas públicas, impresos y publicaciones de las entidades nacionales”. No incluye los pasaportes porque ese documento tiene unos requisitos técnicos y estándares internacionales que necesitan otras capacidades hoy en día inexistentes.
Desde mayo de 2024, la gerente es Viviana León Herrera, una comunicadora social con posgrados en marketing y comunicación organizacional que fue subgerente de la Imprenta Distrital durante todo el periodo de alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá.
El sindicato “Sintraimprenal” (fundado en 1935), cuyos representantes son cercanos a las políticas del Gobierno Petro, ha expuesto una serie de presuntas irregularidades asociadas a la gestión de la gerente León.
Ese sindicato, según reveló El Reporte Coronell de la W Radio en mayo, calculó que el modelo de producción de los pasaportes consagrado en el Memorando de Entendimiento que había dejado el excanciller Murillo le haría perder a la empresa 80.000 millones de pesos.
“Nos metieron como Imprenta Nacional en un sándwich porque desde hace un año se sabía que teníamos que modernizarnos. Ahora somos el ‘florero de Llorente’ en el tema de los pasaportes, pero desde muy arriba hubo negligencia en la falta de planeación”, dice un funcionario de esa entidad bajo reserva.
“Sintraimprenal” ha expuesto que “los resultados financieros de la Imprenta Nacional de Colombia (INC) en 2024 arrojaron pérdidas jamás vistas en la historia de la INC por cerca de 17.000 millones de pesos”.
Según un documento de ese sindicato, esa situación es el reflejo “de la nula gestión y desorden administrativo generado por la falta de conocimientos, capacidades y gestión de la administración de la gerente”.
Este diario buscó directamente a la gerente León para consultarle por el convenio de los pasaportes y las denuncias y quejas en su contra, pero al cierre de esta edición no ha respondido los mensajes.
Extraoficialmente, funcionarios le dijeron a EL COLOMBIANO que las acusaciones del sindicato no son exactas y defienden la gestión de León; además, dicen que se sienten “huérfanos” porque “no recibimos instrucciones claras de Presidencia y el presidente nos cuestiona públicamente”.
Se refieren a la declaración del mandatario a finales de abril de este año: “Señora directora de Imprenta, no me lleven hasta el último día para decir que hay que prorrogar el contrato. No me engañen. Usted tiene el deber, y aquí se lo digo en público, de cambiar ese contrato y le están poniendo trampas”.
¿Qué sigue?
Finalmente, el presidente Petro aprobó la prórroga, que era el escenario propuesto inicialmente por su excanciller Sarabia. La insistencia sobre este tema le ha costado al jefe de Estado investigaciones y serios cuestionamientos a todos sus ministros de relaciones exteriores y varios funcionarios además del temor aún latente de quedarnos sin pasaportes.
Al mandatario, desde que fue alcalde de Bogotá, le pasó lo mismo con el modelo de basuras, el metro subterráneo y otros proyectos de política pública. En lo simbólico, le quedaría la frase de que “el camino al infierno está cimentado en buenas intenciones”.
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