La senadora Berenice Bedoya, del partido Alianza Social Independiente (ASI), aparece ahora en el radar de la Corte Suprema de Justicia tras las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), sobre la supuesta entrega de contratos para asegurar apoyos políticos a la reforma pensional.
Según López, en junio de 2023, por instrucción del entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se reunió con la senadora Martha Peralta y en ese encuentro también participó Bedoya. Allí, relató, la congresista le habría entregado información sobre proyectos que buscaban financiamiento en los departamentos de Meta y Casanare.
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Para sustentar sus afirmaciones, el exfuncionario habría mostrado a la Fiscalía conversaciones de WhatsApp en las que se detallaban solicitudes de obras en Puerto Concordia y Aguazul.
“Para mí era claro que se trataba de tener satisfechos a los congresistas para que votaran en la comisión”, aseguró López en su testimonio. La Corte busca determinar si, en efecto, la senadora del ASI hizo gestiones de este tipo como contraprestación a su apoyo en el trámite legislativo de la reforma.
Más allá de la controversia judicial, la figura de Bedoya despierta interés por su trayectoria. De Yarumal, Antioquia, es contadora pública de profesión y antes de llegar al Congreso fue gerente de Aguas del Norte Antioqueño y trabajó en la Superintendencia de Servicios Públicos. Su salto a la política nacional se dio en 2022, cuando alcanzó una curul en el Senado por el ASI, colectividad de la que además es presidenta.
Desde su llegada al Congreso, ha trabajado en temas relacionados con las víctimas del conflicto armado, la protección del patrimonio cultural y la defensa del bienestar animal. Hace parte de la Comisión Séptima del Senado, donde se discuten asuntos clave como salud, pensiones y seguridad social.
Para destrabar su posible participación ilegal en el entramado corrupto, la Corte también escuchó la declaración del exasesor de la UNGRD, Pedro Rodríguez Melo, y el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
“He venido en calidad de testigo, me ha llamado la Corte a que venga a hablar de lo que me consta frente a unos hechos, y como siempre lo he desarrollado, pues vine y conté lo que me costaba, y cada vez que la justicia requiera que yo hable sobre lo que me consta de este caso, pues lo haré”, dijo Velasco al final su declaración.
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La senadora, por su parte, rechazó los señalamientos de López y manifestó que acudirá a las instancias judiciales para defender su nombre.
“Las acusaciones de Olmedo López básicamente se tratan de eso, de un chat que dice que le envió la senadora el 16 de junio, y eso es muy importante. La pensional se aprueba el 14 de junio del 2023, y los chats que tiene Olmedo López son del 16, o sea, dos días después de aprobarse la pensión, entonces es como incoherente decir que Berenice estaba pidiendo proyectos para votar sí a una reforma que se aprobó previamente”, afirmó el abogado Óscar Bedoya.
Reiteró que no descartan iniciar un proceso por injuria y calumnia.
“Nosotros esperamos y aspiramos que el magistrado archive el proceso. Claramente, vamos a interponer una denuncia por injuria y calumnia al momento que terminemos, que la verdad sabemos que con toda la cantidad de proyectos que tiene el medio López, pues será uno más, pero obviamente si necesitamos limpiar el nombre de la senadora, porque nos parece injusto que la estén involucrando por preguntar por un proyecto que ni siquiera tuvo nada que ver con su aprobación de la reforma”.
Con su mención, el escándalo por la presunta compra de apoyos políticos suma un nuevo capítulo y extiende el manto de dudas sobre las mayorías que respaldaron una de las reformas más ambiciosas del Gobierno de Gustavo Petro.
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