El presidente Gustavo Petro ha transformado el tramo final de su mandato en una ofensiva proselitista donde busca compensar la falta de fluidez en campaña de su candidato, Iván Cepeda, redoblando su propia presencia en la arena electoral. Mediante una capacidad notable para fijar la agenda nacional y el uso estratégico de hitos como el aumento del 23,7% en el salario mínimo, Petro no solo intenta asegurar la continuidad de su proyecto en 2026 sino que está construyendo activamente el imaginario de un legado.
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Así lo plantea Juan Pablo Milanese, profesor de Ciencia Política de la Universidad Icesi, quien sostiene que la centralidad del mandatario Petro en el escenario electoral responde tanto a una capacidad estratégica probada como a una comodidad personal en los entornos de confrontación proselitista.
Para el analista, durante 2026 veremos a un gobierno “completamente metido en la campaña” debido a que este es el terreno donde Petro se mueve con mayor destreza política. En contraste, Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, el movimiento a fin del presidente, no cuenta —según Milanese— con la misma fluidez.
Milanese considera que esa asimetría explica por qué el presidente estaría dispuesto a redoblar la apuesta y asumir un protagonismo absoluto, liderando de facto el impulso electoral de su sector. El analista subraya que la campaña, desde ya, podría decirse que estará marcada en torno a decisiones que el presidente toma en su ejercicio, exactamente lo que el primer mandatario quiere que se discuta, incluso cuando existen temas que podrían resultar incómodos para el gobierno.
El ejemplo más ilustrativo, señala, fue el manejo del debate público tras el asesinato del senador Miguel Uribe. Cuando la opinión pública se concentraba en la crisis de seguridad, Petro logró desplazar el foco hacia asuntos de política internacional —como Palestina— y luego hacia temas económicos como el salario mínimo.
Esta maniobra, explica Milanese, no elimina la crítica, pero neutraliza a la oposición, que no logra “hacer pie” en sus propios temas ni sostenerlos en el tiempo. Al controlar la agenda, las probabilidades de éxito del proyecto político oficialista aumentan. Para él, la ventaja radica en que el presidente obliga al resto del sistema a jugar bajo sus reglas discursivas.
Las decisiones adoptadas al cierre de 2025 se inscriben en esta misma lógica. El aumento del salario mínimo, la declaratoria de emergencia económica y el eventual retiro de la prima a los congresistas son interpretadas por Milanese como acciones de alto contenido simbólico.
Precisamente el Ejecutivo ya está preparando un decreto que respaldaría la decisión de quitar ese pago a los representantes y senadores.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha dicho que “no es quitarles, es un acto de justicia (...) es un acto de justicia que el pueblo colombiano aplaudirá y celebrará junto con la decisión de aumentar el salario de los que menos ganan”.
Aunque puedan responder a convicciones personales del mandatario, y también alguna a promesas de la campaña “Petro Presidente”, su ejecución busca capitalizar de forma inmediata el respaldo del electorado más fiel.
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El elemento clave, advierte el analista, es el riesgo diferido, es decir, los posibles efectos negativos de estas medidas —como un eventual aumento de la inflación— difícilmente se sentirán en el cortísimo plazo. Esto, explica, permite que el gobierno coseche beneficios políticos inmediatos sin pagar el costo económico antes de las elecciones.
A largo plazo
Pero la estrategia no se agota en 2026. Milanese plantea que el presidente estaría pavimentando el camino hacia una proyección de más largo aliento: el escenario de 2030. “Lo está haciendo para fijar de alguna manera en la memoria una suerte, una serie de hitos que lo posicionan nuevamente hacia la presidencia en 2030, teniendo en cuenta además su edad, si bien no es joven, desde el punto de vista cronológico también podría llegar en buenas condiciones”.
La Constitución colombiana prohibe la reelección inmediata, pero no impide una reelección no consecutiva, lo que abre una ventana legal para un eventual regreso de Petro al poder. El objetivo podría ser producir una recordación positiva a mediano plazo, suficiente para volver al ruedo bajo una figura renovada, una suerte de “Petro 2.0”.
Para sustentar esta hipótesis, el analista remite a un antecedente clave: la Alcaldía de Bogotá. Según Milanese, ese cargo no fue un fin en sí mismo, sino un peldaño estratégico hacia la Presidencia.
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La trayectoria política de Petro, explica, funciona como una cadena de eslabones, donde cada etapa está diseñada para conducir a la siguiente. En suma, al fijar la agenda, capitalizar efectos económicos inmediatos y construir un legado simbólico, el presidente se posiciona no solo como el actor central del presente electoral, sino como una figura que busca seguir influyendo en el tablero político colombiano durante la próxima década.
Por otro lado, Álvaro Benedetti, consultor político e internacionalista, plantea que el protagonismo electoral del presidente Petro en el último tramo de su mandato no debe leerse únicamente como una demostración de fortaleza política, sino también como el reflejo de un gobierno que, según él, “no logró” consolidar su proyecto institucional. En su análisis, la campaña permanente aparece menos como una ventaja y más como una estrategia de compensación.
Polarización como estrategia
Benedetti sostiene que el Ejecutivo entendió que no contaba con una mayoría sólida ni con capacidad de consenso en el Congreso, lo que impidió materializar buena parte de sus reformas estructurales. Ante ese escenario, el gobierno optó por trasladar la disputa del plano legislativo al plano simbólico, reforzando la identidad política de su base electoral y construyendo un relato donde el Congreso ocupa el lugar del principal obstáculo del cambio.
En esa lógica, gobernar haciendo campaña cumple una función clara: sostener legitimidad allí donde no hubo resultados tangibles. El presidente, según Benedetti, apuesta a mantener cohesionada una base cercana al 30 % del electorado, consciente de que esa masa crítica es suficiente para seguir influyendo en el sistema político, aún sin mayorías parlamentarias.
A diferencia de una estrategia orientada a ampliar apoyos, Benedetti observa que el gobierno profundiza la polarización como mecanismo de fidelización.
Las decisiones de alto impacto simbólico —como el aumento del salario mínimo, la eliminación de primas a congresistas o el uso de estados excepcionales como la emergencia económica— refuerzan el vínculo con los seguidores, pero al mismo tiempo acentúan la distancia con amplios sectores políticos e institucionales.
El problema, advierte, no está en los objetivos declarados del gobierno —reducir desigualdad, combatir la pobreza, fortalecer lo social—, sino en los medios utilizados para sostenerlos políticamente. La ausencia de acuerdos con el sector privado, la debilidad en la ejecución y la falta de resultados verificables hacen que la narrativa termine ocupando el lugar de la política pública.
Ese desplazamiento tiene consecuencias. Benedetti señala que, aunque el presidente logró imponer temas en la agenda nacional, la figura presidencial ha perdido prestigio y estatus institucional. Esto explica por qué, de cara a la campaña de 2026, incluso candidatos cercanos ideológicamente al gobierno podrían tender a desmarcarse del presidente, más por cálculo electoral que por diferencias programáticas.
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