El general en retiro Luis Herlindo Mendieta –quien permaneció secuestrado por las Farc durante más de 11 años– cuestionó la condena de la Jurisdicción Especial de Paz contra el último Secretariado de la guerrilla. Asegura que, como víctima, el fallo no satisface sus pedidos de verdad, justicia y reparación.
–¿Cómo pasó la noche?
–Trato de pasar las noches muy tranquilo, a pesar de que muchas veces hay pesadillas de las secuelas psicológicas que quedan después del secuestro.
–¿Lo desveló el fallo de la JEP?
–La verdad, recibí la noticia con asombro, porque esperábamos que la decisión fuera otra.
Mendieta es una de las 21.393 personas que estuvieron en un cautiverio controlado por las Farc.
Era el oficial de Policía de mayor rango cuando un grupo de 1.900 guerrilleros se tomó a Mitú, la capital de Vaupés, en 1998. Él y un grupo de 120 policías, como pudieron, resistieron el ataque. Cuando la munición se hizo escasa y no había fuerzas, la guerrilla los tomó como rehenes.
Mendieta recuperó su libertad el 13 de junio de 2010, ese día también cumplía 53 años, cuando el Ejército lo rescató en una operación que combinó inteligencia y el despliegue de comandos jungla que se denominó Camaleón.
El general retirado aseguró que la JEP no ha respondido a los llamados de reparación y justicia de las víctimas.
“Nosostros solicitábamos que fueran expulsados de esa jurisdicción y que se sometieran a juicios ordinarios, donde las penas serían de 20 años. Pero no ocurrió así”, dijo el general en diálogo con El Colombiano.
Mendieta detalló que en el caso de la toma a Mitú hay hechos que los exintegrantes de las Farc no han aclarado del todo. Se refirió a los casos del capitán Guevara, muerto durante el cautiverio, y del intendente Luis Hernando Peña Bonilla, desaparecido tras presentar problemas psicológicos.
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“En esos episodios el Secretariado estaba presente (Jaime Alberto Parra, alias El Médico). Queremos que expliquen por qué no les dieron asistencia médica, por qué no los liberaron o por qué desaparecieron a los prisioneros. Ese es el derecho a la verdad que seguimos exigiendo”, apuntó Mendieta.
El general retirado también rechazó las sanciones propias que impuso la JEP a los exjefes de las Farc, que incluyen labores de desminado, búsqueda de desaparecidos, proyectos ambientales y de memoria histórica.
“Nos opusimos porque esas medidas fueron diseñadas por las mismas Farc. En las audiencias vimos incluso cómo entidades del Estado les ofrecían apoyo y presupuesto para cumplirlas. Es decir, ellos mismos definieron cómo pagar sus penas y, en últimas, no tendrán restricción de libertad”, advirtió.
Para el oficial retirado, las víctimas han estado relegadas desde el inicio del proceso de paz.
“Siempre lo manifestamos: los privilegiados fueron los terroristas de las Farc. Les dieron curules, partido político, recursos para campañas, representación en distintas entidades. En cambio, las víctimas fuimos excluidas de esa institucionalidad que se creó”, añadió.
El general anunció que, al igual que otras víctimas como Sigifredo López, acudirá a la apelación de la sentencia.
–Antes de colgar, quiero decir algo: hoy en día ellos siguen participando en política con el visto bueno del Estado. Mientras tanto, las víctimas seguimos esperando verdad, justicia y reparación.