Mauricio Lizcano, precandidato presidencial, cuestionó el ritmo de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas. Se mostró inconforme frente a la primera sentencia contra los miembros del Secretariado por los delitos de secuestros.
Óscar Tulio Lizcano, padre de Mauricio, fue secuestrado por la guerrilla el 4 de agosto del 2000. Recuperó su libertad porque logró fugarse del cautiverio con ayuda de alias Isaza, un guerrillero que renunció a la milicia para devolver a su rehén a la libertad. Caminaron la selva tres días con sus noches hasta que se encontraron con tropas del Ejército el 26 de octubre de 2008
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“Fueron siete años solo para condenar al Secretariado de las Farc, cuando los hechos victimizantes ya eran evidentes. Es un tiempo desproporcionado porque lo que se quiere es encontrar la verdad”, dijo Mauricio Lizcano en diálogo con El Colombiano.
El precandidato señaló que, si bien la condena contra los exjefes guerrilleros es un paso importante, no hay avances en los casos particulares.
“En el caso puntual de mi padre, lo que queremos es entender qué pasó y por qué ocurrió el secuestro, y eso no ha pasado. Solo se han condenado al Secretariado, y de ahí hacia abajo no hay justicia ni verdad”, expresó.
Lizcano insistió en que miles de familias siguen esperando respuestas.
“Lo único que hicieron fue condenar al Secretariado responsable de más de 21.000 secuestros, pero la verdad y los detalles puntuales, como en el caso de mi papá o de otras víctimas, no aparecen. Me parece que la JEP va muy lento en términos de verdad y de justicia. Las sentencias no están tan claras, hablan en general, pero no dicen cómo funcionaba cada caso”, añadió.
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Sobre el componente de reparación, el precandidato aseguró que su familia no ha buscado medidas materiales, aunque reconoció que muchas víctimas sí las esperan.
“Nosotros no estamos pidiendo nada porque de alguna manera nos hemos sentido reparados. Mi papá fue representante a la Cámara después del secuestro, empresario, y hemos seguido adelante. Pero millones de víctimas sí requieren reparación, y las Farc no han entregado los bienes necesarios ni han reparado a sus víctimas. Eso, por ejemplo, falta en la sentencia”, afirmó.
En cuanto a la sanción impuesta a los exjefes de las Farc, Lizcano recordó que el Acuerdo de Paz pactó que no habría cárcel ordinaria.
“Que no tengan cárcel fue producto del acuerdo con las Farc, la JEP no podía ir más allá de eso, nos guste o no nos guste. Sin embargo, esperábamos medidas más precisas, con mayor seguimiento y resultados. Hoy no está claro qué van a hacer, cómo lo harán y si serán proporcionales al daño causado”.
Finalmente, expresó su preocupación por la lentitud de la justicia transicional: “Al paso que va, nunca vamos a saber la verdad. En siete años apenas resolvieron cuatro casos, y hay 21.000 víctimas esperando. Eso es muy lento y genera mucha incertidumbre sobre lo que vendrá”.