Ni el expresidente Álvaro Uribe Vélez ni el propio senador Iván Cepeda Castro dimensionaron los coletazos que tendría lo que parecía un debate de control político más en el Congreso de la República. Era septiembre de 2014. Cepeda había culminado su primer periodo como representante a la Cámara y se estrenaba como senador, mientras que Uribe volvía al ruedo electoral y –encabezando al naciente Centro Democrático– nuevamente demostraba su caudal político al asumir una vez más como congresista tras dejar la Presidencia cuatro años atrás.
Lo que pasó una década después no deja de ser inédito: Uribe Vélez –sin duda uno de los políticos más influyentes y determinantes del siglo XXI– fue hallado culpable por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, hechos por los que la Fiscalía pide una pena de nueve años de cárcel.
La condena, emitida en primera instancia por la juez Sandra Heredia, se conoce en paralelo con el desarrollo del proceso electoral de 2026, lo que desde ya exacerba los ánimos políticos y recrudece el ambiente de polarización.
Ya el propio Uribe reclamó que Cepeda es el candidato presidencial del “narco comunismo” y recogió un rumor que coge fuerza alrededor de una eventual aspiración a la Casa de Nariño: “Dice el petrismo, si las cosas nos salen como esperamos y condenan a Uribe, Cepeda es nuestro candidato”, aseguró.
Por su parte, este martes el congresista negó que el desarrollo del caso tenga como trasfondo un interés electoral; sin embargo, reconoció que varios sectores le han planteado lanzarse a la Presidencia en medio de semejante coyuntura política y judicial.
“Veo que hay una amigable presión en torno a esto y obviamente me lo tengo que plantear. ¿Cuál será la decisión? Veremos. Si encuentro que hay unas condiciones y unos elementos que contribuyan al proyecto que estamos intentando sacar adelante pues obviamente tendré que responder, más como un deber que como una intención mía personal (...) para ser franco me lo tomo muy en serio, es una posibilidad que hay que tomarse con respeto”, admitió en una entrevista con El Espectador.
¿Quién es Iván Cepeda Castro?
Cepeda nació en Bogotá el 24 de octubre de 1962. Es hijo de Yira Castro, una dirigente política del Partido Comunista, y del dirigente y también senador Manuel Cepeda Vargas, quien fue presidente y Secretario General del Partido Comunista Colombiano, y posteriormente integrante de la Unión Patriótica (UP).
Ambos se conocieron mientras Cepeda Vargas se desempeñaba como secretario general de la JUCO (Juventudes Comunistas) y fruto de su unión nacieron Iván Cepeda Castro y María Cepeda Castro. Mientras que Yira Castro falleció en 1981 por cuenta de una enfermedad, Manuel Cepeda fue acribillado en Bogotá en 1994.
“La ejecución del Senador Cepeda Vargas fue propiciada, o al menos permitida, por el conjunto de abstenciones de varias instituciones y autoridades públicas de adoptar las medidas necesarias para proteger su vida, entre las cuales destaca la falta de investigación adecuada de las amenazas en el marco de un alegado plan de exterminio de dirigentes de la UP”, determinó en su momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado por el crimen.
Justamente, por cuenta de lo ocurrido con su padre y demás miembros de la UP, el hoy senador Iván Cepeda se ha dedicado al esclarecimiento del genocidio contra los integrantes de esa colectividad. De hecho, siguiendo los pasos de Manuel Cepeda, también se vinculó a la JUCO y años después fundó el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
Su cercanía con sectores de izquierda lo llevó a participar en los diálogos de paz tanto con las Farc, como con el ELN e incluso, fue uno de los artífices de la política de paz total del Gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, esa proximidad también ha jugado en su contra.
Justo la semana pasada, previo a que se conociera el fallo, Uribe calificó a Cepeda de “comunista” y “cercano a la Farc”. Incluso, sostuvo que se trataba del “perfecto camarada de la Farc” y habló del padre del congresista, el también legislador Manuel Cepeda.
“Iván Cepeda se crió en el ambiente del grupo terrorista Farc, del cual su padre fue uno de los mayores impulsores. Su padre combinó todas las formas de lucha, la violencia, el odio y la política. En la formación marxista de Cepeda se destaca la ideología, el odio y la ponzoña. En los computadores de Raúl Reyes aparece Iván Cepeda como la persona que ayudaba a la FARC a hacer movilizaciones. Son notorias las escenas de los apoyos que Iván Cepeda daba a los integrantes de la FARC, Iván Márquez y Santrich”, alegó Uribe.
El exmandatario recordó que el hoy congresista del Pacto Histórico se mudó en 1965 con sus padres a Checoslovaquia y luego en 1969 viajó a La Habana, Cuba. “A los 13 años fue integrante de la Juventud Comunista (JUCO). Entre 1981 y 1987 cursó estudios universitarios en Bulgaria, por entonces parte de la comunista Unión Soviética. Ángela Urrego, una guerrillera de la Farc, adoptó como alias el nombre de su madre ‘Yira Castro’. Un frente de la Farc lleva el nombre de su padre ‘Manuel Cepeda’”.
En este contexto, una vez conocido el fallo, el presidente Gustavo Petro se refirió al caso y calificó a Cepeda como un “impulsador de la verdad”. Aunque el mandatario ha dicho que no se ha pronunciado sobre el proceso, declaraciones de este calibre siguen alimentando las críticas frente a una supuesta injerencia en el proceso electoral de 2026.
“A Iván Cepeda le asesinaron su padre, cuando su padre era, senador de la república de la UP, y era, tambien, mi amigo y colega. No es por venganza que ha sido impulsador, como víctima, del proceso contra Uribe, ha sido un impulsador de la verdad” (sic), reclamó.
¿Cómo fue el proceso judicial entre Uribe y Cepeda?
“Este debate gira sobre la parapolítica y sus consecuencias para nuestro país (...) este debate es sobre una responsabilidad que todavía permanece silenciada, que todavía no ha sido interpelada de manera eficaz: la responsabilidad que le puede caber al hoy senador Álvaro Uribe Vélez”, dijo Cepeda en septiembre de 2014 durante una caldeada discusión en la que habló además de narcotráfico y paramilitarismo.
Apenas minutos después de haber comenzado el debate, el entonces senador Uribe se levantó airado de su curul, reclamó con firmeza y procedió a materializar una actuación que sellaría su destino: anunció que denunciaría a Cepeda por difamación, sin calcular que ese recurso ante los estrados se convertiría en un estrepitoso bumerán.
“(Voy) a radicar pruebas probatorias de la mayor importancia en relación con este nuevo evento difamatorio promovido por el grupo terrorista las Farc –sus aliados de siempre–; los paramilitares –sus nuevos secuaces, sus antiguas víctimas–; publicitado por Telesur y Canal Capital, medios de comunicación serviles del terrorismo; ordenado por el presidente de la República. Regresaré”, dijo.
En efecto, Uribe se desplazó a algunos metros del Congreso y amplió una denuncia en la Corte Suprema de Justicia que él mismo había puesto en 2012. Bastaron cuatro años, en 2018 –en pleno debate electoral– para que la Corte archivara el caso contra Cepeda y compulsara copias para investigar a Uribe por presunta manipulación de testigos.
De acuerdo con Cepeda, Uribe y su hermano Santiago Uribe fueron claves para el nacimiento y consolidación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En este contexto aparece un nombre clave: Juan Guillermo Monsalve.
Monsalve –condenado en 2008 a 40 años de prisión por secuestro extorsivo, concierto para delinquir y porte ilegal de armas–, era hijo del capataz de la hacienda Guacharacas, donde supuestamente se gestó el Bloque Metro y que era propiedad de la familia Uribe.
Monsalve dice que fue un exparamilitar que permanecía recluido y que fue contactado por el entonces abogado del expresidente, Diego Cadena. El jurista fue señalado de visitar varias cárceles del país en busca de testigos que declararan a favor de Uribe.
La presencia de Monsalve en el juicio fue una de las grandes controversias del debate jurídico en el caso. La defensa del expresidente Uribe insistió en que no se podía probar que Monsalve hubiera sido un paramilitar porque no había nada que lo acreditara como tal. De hecho, no hay registros de su nombre ante Justicia y Paz, el proceso que desmovilizó a miles de personas de las AUC y otros grupos para estatales.
Lo cierto es que en 2019, también en medio de un proceso electoral –las elecciones regionales– Uribe terminó vinculado formalmente al proceso y un año después, fue cobijado con una medida de aseguramiento domiciliaria por la Corte. A la postre, renunció a su curul en el Senado y el proceso pasó del alto tribunal a la justicia ordinaria.
“La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria”, alegó Uribe, quien semanas después arremetió contra Cepeda, denunció que le violaron sus garantías procesales y que “compraron testigos, en total diez testigos, los pagó el joven Cepeda, senador de las Farc”, dijo a Semana.
Si bien durante años el expresidente, de la mano de sus abogados, intentó precluir el proceso y contó con la venia de los entonces fiscales Gabriel Jaimes y Javier Cárdenas, el caso siguió su curso y en mayo de 2024 la Fiscalía lo terminó acusando.
El juicio que arrancó en febrero de este año concluyó este lunes, luego de que la juez Sandra Heredia condenara al exmandatario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. No obstante, aún está pendiente no solo conocer el monto de la condena, sino que desde ya se anuncia una apelación para la revisión del caso en segunda instancia.
En este contexto sobresale una fecha clave: el 16 de octubre día en que, por tiempos judiciales, precluiría el proceso. Es decir, la acción penal contra el expresidente caducaría por no haber sido ejercida a tiempo.
El caso se seguirá desarrollando no solo en un cada vez más caldeado y polarizado ambiente, sino en medio del proceso electoral que se avecina con miras a 2026.
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