En entrevista con EL COLOMBIANO, Salomón Majbub, director del Observatorio de Drogas y Economías Ilícitas de Indepaz, analizó el alcance de la descertificación de Estados Unidos a Colombia, los errores históricos en la política de drogas de varios gobiernos y los retos del presidente Gustavo Petro en materia de control de estas economías ilícitas en el país.
Desde el Observatorio de Drogas y Economías Ilícitas de Indepaz, ¿qué cifras o hechos importantes resaltan sobre la lucha antidrogas en el país en los últimos años? ¿Qué retos hay hoy en día?
Desde el 2017 la cifra de cultivos de hoja de coca ha venido en aumento en el país, no es solo una cuestión del gobierno actual, también tienen responsabilidad los dos gobiernos anteriores. Sin embargo, es una realidad que durante el gobierno de Gustavo Petro las incautaciones han tenido cifras que otros gobiernos no. Según el Ministerio de Defensa, desde el 7 de agosto del 2022 al 30 de junio del 2025 se han incautado 2.345 toneladas de cocaína, un 65% más de lo que se venía incautando. No obstante, la incautación es una estrategia engañosa, ya que hay más incautación porque hay mayor producción de cocaína que antes, y terminan las incautaciones siendo funcionales a la regulación del precio de estas sustancias.
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En los últimos años, los gobiernos, en materia de lucha contra las drogas, no han cambiado el libreto. Todos han seguido apostando a erradicar de manera forzosa, utilizar la fumigación terrestre con glifosato y reclamar a la Corte que permita la aspersión aérea, ofertar programas de sustitución de cultivos sin ningún tipo de integralidad con la reforma rural o sostenibilidad financiera ni haber transformado las condiciones territoriales de las zonas donde hay producción de coca, marihuana o amapola.
Es decir, las fórmulas han sido las mismas sin obtener ningún tipo de resultados diferentes ni mejores. Por lo tanto, los retos que en esta materia hay hoy día, están en realmente pensar y construir una política de drogas realmente diferente, que apueste a otras estrategias para la reducción, principalmente, de violencias contra las comunidades rurales que dependen de estas economías y están a disposición de reguladores violentos en el territorio como son los diversos grupos armados ilegales y la política prohibicionista de drogas.
¿Cómo evaluaría usted las acciones del Gobierno en la lucha antidrogas?
Desde Indepaz hemos visto que la política de drogas del actual gobierno ha seguido motivada por el prohibicionismo, es decir, creyendo que es real el objetivo de eliminar el mercado de las drogas del mundo o lograr una Colombia libre de coca. Esto lo ha llevado a insistir en fórmulas viejas que han demostrado no funcionar como la erradicación terrestre con glifosato, pretender que en las mesas de negociación con actores armados estos entreguen un negocio del cual participan en un porcentaje, pero no lo crean o destruyen, es decir, narcotizar el conflicto y la paz, o creer que sustituyendo cultivos va a sustituir economías dependientes de la cocaína y marihuana.
Aunque la sustitución es una apuesta mucho más pacífica que la de la erradicación forzada, y que las comunidades tienen derecho a tener ofertas de alternativas productivas, este gobierno tampoco ha sido eficiente con la puesta en marcha de proyectos productivos o de la industrialización de las zonas cocaleras, como ha pretendido el Presidente Petro. Las comunidades que le han apostado a la sustitución, tanto con el PNIS como con el programa de sustitución de este gobierno, siguen teniendo unas pobres condiciones de desarrollo y transformación territorial para mejorar sus producciones campesinas.
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Lastimosamente este gobierno también quedó en deuda con las más de 99 mil familias que en 2016 y 2017 firmaron acuerdos de sustitución en el marco del PNIS. Los funcionarios de este gobierno se distrajeron tratando de reformular el PNIS en vez de enfocar sus recursos y energías en cumplirlo para así ganar legitimidad y lograr sumar más poblaciones a nuevas apuestas de sustitución.
El gobierno con motivo de orgullo anuncia que es el gobierno que más ha incautado drogas y el que más ha impedido que llegue más droga a Estado Unidos, pero como dijimos anteriormente, las estrategias de incautación son un espejismo.
El presidente Gustavo Petro había anunciado hace algunas semanas su intención de regresar a la aspersión aérea con glifosato. Desde Indepaz ¿cómo tomaron esta propuesta?
Este anuncio del presidente Petro lo entendimos en un contexto de presión e incertidumbre que tenía el gobierno colombiano por la decisión del gobierno Trump de certificar o descertificar a Colombia; lo entendimos como una reacción, como último esfuerzo por llamar la atención del gobierno estadounidense para que vieran que el gobierno estaba echando mano de todas las estrategias y herramientas para luchar contra las drogas y evitar la descertificación.
Indepaz ha tenido posiciones muy concretas frente a la estrategia de fumigación con glifosato como arma de guerra. Para nosotros esa no es una solución viable y la fumigación ni terrestre ni aérea con herbicidas debería ser implementadas. Las afectaciones a la salud humana, a los ecosistemas y animales por cuenta de esas estrategias son irreparables. En Colombia no puede volverse a exponer a las comunidades a que del cielo les llueva veneno, y acá recordamos a Yaneth Valderrama, una campesina caqueteña que fue fumigada con glifosato cuando estaba embarazada, perdiendo a su bebé y luego perdiendo su vida.
Si el Gobierno hubiera tomado mucho antes la decisión de reactivar la aspersión aérea, ¿cree que esto habría cambiado el panorama frente a la certificación de Estados Unidos?
Seguramente sí. La certificación que emiten los Estados Unidos sobre los compromisos contra las drogas no es más que un mecanismo para alinear a los países que reciben de su cooperación bajo sus estrategias de “guerra contra las drogas”. Estados Unidos ha tenido pronunciamientos en contra de la decisión de la Corte Constitucional de condicionar la fumigación, sin duda, algo que les ha incomodado es que en Colombia no se fumigue más desde el aire. Han sido grandes promotores de esa estrategia pero no dentro de sus fronteras sino afuera, y también porque multinacionales estadounidenses tenían el negocio con el gobierno colombiano de venta de glifosato.
¿La decisión del gobierno estadounidense afecta programas sociales de la lucha contra las drogas u otros sectores?
Los programas sociales que se financiaban desde Estados Unidos eran por medio de USAID, agencia que Trump acabo en sus primeros meses de gobierno. Por tal motivo, la decisión de la descertificación no afecta en nada programas sociales, esos ya se habían afectado con la decisión de terminar USAID.
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¿Qué alternativas o estrategias debería explorar Colombia ante la no certificación de EE. UU.?
Colombia debe seguir buscando alternativas soberanas ante la no certificación de los Estados Unidos. La certificación pretende solo seguir reproduciendo políticas violentas para contener la producción y tráfico de drogas. El país debe aprovechar la ventana de oportunidad que se abrió, ya que Estados Unidos no impuso sanciones económicas ni recortes militares, para ensayar otras formas de hacer de estos mercados menos violentos y más justos y reparadores para las comunidades cultivadores que por décadas han sufrido violencias de armados y de gobiernos prohibicionistas. Por ejemplo, avanzar en la regulación de mercados como el de marihuana y cocaína. Regulación que tenga como base la incorporación de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
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