Tras el “No” del Senado a su consulta popular, el presidente lanzó una ofensiva política que incluye cabildos abiertos, huelgas y hasta un paro nacional. Analistas advierten que busca legitimar su proyecto por fuera de las instituciones.
Asambleas municipales. Cabildos abiertos. Paro nacional. Huelga nacional. “Consulta mayor”. En apenas tres días y sin concluir su visita a China, el presidente Gustavo Petro ventiló todo tipo de mecanismos y recursos para poner en marcha un afanoso salvavidas para su fallida consulta popular.
La convocatoria anticipada a las urnas este año significaba un nuevo aire para la recta final de su Gobierno y, particularmente, una forma de adelantar la campaña de 2026 a través de un mecanismo que –según cálculos de la Registraduría–, implicaba sacar de la chequera del Estado recursos por el orden de $750.000 millones. “Independientemente del resultado les iba a servir”, explica el profesor investigador Jorge Iván Cuervo, especializado en gobierno y políticas públicas.
De allí la frustración e impotencia que dejó al desnudo el ministro de la política, Armando Benedetti, tras el estrepitoso “No” del pasado miércoles en el Senado. El funcionario fue secundado por la plana mayor del petrismo que –al insistir, sin evidencias, en la tesis del “fraude”– recurrió a tutelas, proposiciones y hasta a una apelación para revivir la consulta. Sin embargo, van más allá.
Aun cuando el mismo Senado revivió la desahuciada reforma laboral –que entrará al tercero de sus cuatro debates–, la estrategia de Petro será apostar por una consulta popular 2.0: anunció que mañana nuevamente la radicará y que inclusive agregará una pregunta relacionada con asuntos de salud.
“Para él es necesario, por eso insiste tanto en este mecanismo, porque sabe que es una maniobra política que necesita para dividir a la opinión pública y para darle gasolina a su proyecto político. No lo quiere hacer por la vía del debate. Sabe que por la vía del debate no tiene nada más qué mostrar”, advierte a EL COLOMBIANO la profesora Eugénie Richard, de la Universidad Externado, experta en marketing político y comunicación gubernamental.
Lo que se avecina –advierten los analistas consultados por este diario– es la versión más combativa y agresiva del jefe de Estado, que hace poco más de 15 días, cuando radicó la fallida consulta, desenvainó la espada de Simón Bolívar, antepuso la bandera “de la guerra a muerte” del Libertador y amenazó con que el pueblo ‘revocaría’ al Congreso en caso de que hubiese un “No”. Incluso, catalogó a quien se opusiera como “un HP esclavista”.
A regañadientes y en medio de pullas, en el discurso del 1° de mayo el presidente reconoció que el Parlamento –donde trabajó por más de dos décadas– es una institución “constituida por el voto popular” y con ironía dijo que son ‘los representantes del pueblo’. No obstante, en sus últimos trinos Petro pareció desconocerlo. “Ninguna institución es legítima cuando va en contra del interés general”, reclamó, al tiempo que habló de cabildos y asambleas para respaldar sus próximas movidas en lugar de acudir al Capitolio.
“Una sociedad puede decretar una huelga nacional indefinida cuando un Estado llega al punto de separación máxima de la sociedad y ya debe ser reemplazado por completo (...) Lo sucedido nos lleva a una consulta mayor, pero ya no para hacer aprobar una ley. Ahora, el pueblo de Colombia debe pasar a ser constituyente primario”, agregó en uno de sus tuits.
Para la profesora Richard, el presidente ahora buscará “no tener que pasar por las instituciones” y, vía consulta 2.0, buscará apelar a sus bases y a la movilización general para no tener que depender del Congreso. “Petro, en su estilo populista, quiere que sea el pueblo el que le dé el aval a su proyecto político. Él mantiene esta retórica en la que dice ‘que sea el pueblo que decida, yo convoco al pueblo’, y deja de lado las instituciones”.
Sin embargo, para materializar sus pretensiones el mandatario una vez más necesitará pasar por el Senado, de allí que la presión que logre ejercer contra los parlamentarios será determinante. “Tenemos los votos (...) si (los opositores) están seguros de que tienen la mayoría que voten esta nueva consulta que vamos a radicar”, señaló el viernes el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.
Con o sin consulta, para el profesor Juan Pablo Milanese –experto en análisis electoral y legislativo, y jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad ICESI– lo cierto es que la campaña ya empezó y la última chance parlamentaria para el Gobierno será la resucitada reforma laboral, en la que el Ejecutivo entra con ventaja. Con todo, parece el camino menos atractivo para el petrismo.
“Para muchos legisladores que se caiga la reforma podría tener un costo político. Seguramente no van a aprobar la reforma que quiere el Gobierno, pero hay que ver qué pasa en estas semanas contrarreloj antes de que se termine la legislatura el 20 de junio. Ya después para la próxima legislatura del 20 de julio en adelante, todo entra en un letargo. Los congresistas ya empiezan a hacer el trabajo de sus propias elecciones y reelecciones”, afirma.
En ello coincide el profesor Cuervo, quien indica que “si el Gobierno hace la tarea y acompaña bien el debate en la Comisión Cuarta y luego en plenaria, podría –contra todo pronóstico– sacar un buen pedazo de la reforma. Sería un gana-gana porque el Gobierno finalmente obtendría la iniciativa, pero el Congreso también le diría, ‘mire, no estamos contra la clase trabajadora, el problema son las formas y cómo negociar’”.
Si bien el ministro Benedetti radicó mensaje de urgencia e insistencia para acelerar el trámite de la laboral, a juzgar por los trinos del presidente el camino tangible será el de la consulta popular, con lo que ello implica. Incluso, previo a que Petro hablara de paro y huelga nacional, el senador petrista Alex Flórez le reconoció a EL COLOMBIANO que un “No” a la consulta se traduciría en otro estallido social similar al vivido en 2021.
De hecho, aunque no pertenece al Senado, la representante Lina María Garrido (Cambio Radical) denunció el viernes que es víctima de amenazas por su rol de oposición. “No es fácil ser una mujer en la política colombiana, menos aún bajo amenazas de muerte en el Gobierno Petro”, alegó.
Para Eugénie Richard es evidente que “se agudizará la creciente polarización que ya existe en la sociedad colombiana y en la opinión pública. Petro tiene interés en polarizar porque finalmente este escenario es el que mejor le conviene. No tiene ningún interés en que se fortalezca el centro que le podría quitar votos. Solo le funciona una derecha fuerte para alertar del supuesto regreso del uribismo y las élites”.
La estrategia del presidente, centrada en la movilización permanente y en hacer ver a la institucionalidad como obstáculo, promete tensionar más la relación entre Ejecutivo y Legislativo. Todo ello, en detrimento de la legitimidad de las instituciones democráticas.
Aunque Petro ha querido hacer ver que los opositores a su consulta popular hacen parte de la política tradicional y los llamó “la banda”, lo cierto es que el mandatario contó con varios apoyos de sectores que cuentan con arraigo y poderío regional con prácticas que otrora criticó el jefe de Estado.
Por ejemplo, a la consulta votó “Sí” el senador Fabio Amín, de la dinastía Amín de Córdoba; John Moisés Besaile, hermano del condenado exsenador Musa Besaile; Julio Alberto Elías Vidal, hermano del también condenado Bernardo “El Ñoño” Elías, o José Alfredo Gnecco, integrante del poderoso clan Gnecco en Cesar.
