El alto tribunal admitió una demanda que pretende tumbar el decreto que dio vía libre a la consulta popular y decretó una medida cautelar.
Al admitir una demanda que pretende anular el decreto con el que el presidente Gustavo Petro convocó su consulta popular, pese a la negativa del Senado, este miércoles el Consejo de Estado ordenó una medida cautelar y suspendió el acto administrativo a la espera de una decisión de fondo. Es decir, con esta decisión, el mentado ‘decretazo’ queda en veremos.
La determinación fue adoptada por la Sección Quinta del alto tribunal, que admitió una demanda presentada por varios congresistas, entre ellos, el presidente del Senado, Efraín Cepeda.
Además de admitir la demanda, el tribunal accedió a una de las pretensiones de los congresistas, quienes pedían que se declarara una medida cautelar de urgencia para suspender los efectos jurídicos del ‘decretazo’ a la espera de tomar una decisión de fondo.
Según el Consejo de Estado, el decreto que convocó a la consulta popular habría sido “expedido sin el concepto previo favorable del Senado de la República, en los términos previstos en el artículo 104 de la Constitución”.
“Se concluye la exigencia de que, previo a convocar al pueblo una decisión de trascendencia nacional, se requiere del concepto favorable del Senado de la República, el cual, en efecto, en este preciso caso no existe”, señaló el alto tribunal.
Sin embargo, el Consejo de Estado precisó que, en esta etapa inicial del proceso, le corresponde al ente definir la legalidad o constitucionalidad de la decisión del Senado.
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Ante la decisión, el presidente Cepeda sostuvo que se busca proteger el Estado de derecho y evitar un daño irreparable. “Este auto resalta la importancia de la separación de poderes y el rol de los mecanismos de pesos y contrapesos en el sistema democrático”, precisó, reclamando que el jefe de Estado “optó por seguir el criterio de algunos asesores, cuya interpretación, aunque imaginativa, careció de suficiente sustento jurídico”.
En el mismo sentido se pronunció la senadora Nadia Blel, presidenta del Partido Conservador y otra de las demandantes, quien afirmó que la determinación “nos alegra a los defensores de la legalidad”
Por su parte, el primer mandatario indicó que el tribunal no ha declarado ninguna ilegalidad, “solo una Sala ha suspendido transitoriamente mi decreto que entregué fue a la Corte Constitucional”.
No obstante, señaló que ya la discusión no es jurídica y que el Congreso tiene su última palabra en referencia a la conciliación de la reforma laboral. Lo anterior, teniendo en cuenta que el mandatario condicionó el retiro del ‘decretazo’ a que se acojan los puntos acordados por el Ejecutivo en el proyecto, como las horas extras o el pago de dominicales y festivos.
“La mesa directiva de Senado puede usar la suspensión para detener la conciliación y acabar con los derechos recién adquiridos por millones de trabajadores de Colombia, o puede cumplir su palabra; ya no es ante mí, como presidente, es ante el pueblo, y no es una amenaza, el pueblo tendrá la última palabra, porque es el poder soberano, el verdadero dueño del poder”, indicó el mandatario.
