El entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) tiene una nueva condena. Se trata de Luis Eduardo López Rosero, conocido como “El Pastuso”: un contratista que resultó clave para torcer el proceso de contratación de los carrotanques que, en principio, eran para distribuir agua a las sedientas comunidades de La Guajira.
El condenado deberá pagar una pena en prisión de 6 años y 14 días. La sentencia fue emitida por un juez especializado de Bogotá. El hombre había alcanzado un preacuerdo con la Fiscalía: reconoció su autoría en los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, falsedad en documento público agravado y falsedad en documento privado.
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Como parte de su acuerdo, tendrá que devolverle al Estado 7.722 millones de pesos, de los cuales ya devolvió 4.017 millones y dejó una propiedad avaluada en 10.000 millones como garantía de su pago.
El expediente de la Fiscalía indica que López Rosero accedió de manera irregular a información privilegiada de los procesos de contratación al interior de la Ungrd. Eso fue entre septiembre de 2023 y enero de 2024. Con la información en su poder, ajustó propuestas y cotizaciones para que las empresas bvajo su control resultaran favorecidas en el proceso de contratación de los 80 carrotanques para La Guajira.
El Pastuso y su empresa Impoamericana Roger S.A.S se quedaron en octubre de 2023 con el contrato de 46.800 millones de pesos para la compra de 40 carrotanques.
Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, confesó que ese proceso de contratación tenía sobrecostos por al menos 4.000 millones de pesos. Ese dinero, dijo, fue destinado para pagar soborno a los congresistas Iván Name y Andrés Calle. A cambio, los entonces presidentes del Senado y la Cámara debían mover la agenda legislativa del Gobierno en el Congreso.
El Pastuso estará recluido en una guarnición militar en Pasto, fue una solicitud de la defensa a la que la justicia accedió. Su testimonio es clave porque permitió a la Fiscalía ampliar su investigación hacia otros contratistas y funcionarios como el exdorector del DAPRE, Carlos Ramón González.
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