Casi 150 activistas medioambientales fueron asesinados o desaparecidos en el mundo durante 2024, y Colombia volvió a ocupar el primer lugar como el país más letal para quienes defienden la tierra y el medioambiente. Según el informe publicado este martes por la ONG Global Witness, el país registró 48 casos, lo que representa casi un tercio de las víctimas globales.
Por tercer año consecutivo, el país encabeza la lista de naciones más riesgosas para líderes sociales y defensores ambientales. La violencia está vinculada al control que ejercen distintos grupos armados sobre economías ilegales, especialmente la minería. Aunque los homicidios disminuyeron frente a los 79 reportados en 2023, la organización advierte que la amenaza persiste y que la protección estatal sigue siendo insuficiente.
“Durante años he sido amenazada, intimidada y objeto de seguimientos constantes”, relató en el informe la lideresa campesina Jani Silva, del Putumayo, quien lleva más de una década bajo medidas de seguridad que, según dijo, han limitado su activismo. Ella, como otros defensores, se opone a la intrusión de empresas extractivas y grupos armados que disputan los territorios amazónicos.
El informe señaló que la débil presencia del Estado en zonas antes dominadas por las FARC ha sido aprovechada por el crimen organizado para expandir economías ilícitas. También resaltó que la minería y otras industrias extractivas fueron el sector más letal, con 29 ataques registrados.
América Latina concentró el 82% de los casos en 2024. Tras Colombia, Guatemala registró 20 asesinatos y desapariciones, México 19, Brasil 12 y Filipinas 8. Entre las víctimas colombianas, 20 eran agricultores y 19 indígenas, además de otros líderes que enfrentaron acoso, persecución judicial y hostigamientos.
El panorama actual
La publicación coincide con un nuevo revés internacional: este lunes, Estados Unidos descertificó a Colombia en la lucha contra el narcotráfico. La Casa Blanca señaló que el país “ha incumplido manifiestamente sus obligaciones en materia de control de drogas”, citando cifras récord de cultivos de coca y producción de cocaína bajo el Gobierno de Gustavo Petro. Aunque la medida fue parcial y sin sanciones, implica riesgos en la cooperación bilateral y en el acceso a créditos internacionales.
El informe de Global Witness y la descertificación estadounidense señalan el mismo escenario: territorios dominados por economías ilegales, líderes sociales expuestos a amenazas constantes y un Estado que, según las críticas, no logra garantizar seguridad ni justicia en las regiones y mucho menos “paz total”.
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