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¿Qué tiene París que, cuando estornuda, a toda Europa le da pulmonía? No es un asunto nuevo. La historia de Francia se ha escrito con el sonido de los adoquines levantados, el humo de las barricadas y ese espíritu de revuelta que parece correr de forma natural por el Sena. Desde la Revolución de 1789 hasta el mítico Mayo del 68, el libreto galo siempre ha tenido un tinte de agitación colectiva. El problema es que lo que arranca en los Campos Elíseos rara vez se queda encerrado en sus fronteras. Hoy, esa vieja costumbre de la protesta está incendiando las calles del Viejo Continente, dejando al descubierto las costuras rotas de una sociedad que se creía resuelta.
Caminar estos días por Bruselas, Madrid, Milán o Atenas es encontrarse con una postal repetida: jóvenes indignados, marchas masivas y un descontento que flota en el aire como una neblina densa. Lo preocupante no es solo la rabia, sino cómo esa furia legítima está siendo capitalizada. Esta es una era de extremos, y se sabe que cuando las ideas no alcanzan, cuando los argumentos se quedan cortos en los debates públicos, diversas fuerzas políticas y radicales recurren a la receta más vieja del mundo, el miedo. Intentan hacer creer al ciudadano que el vecino es el enemigo, que el orden se defiende a punta de garrote o que la única salida es quemarlo todo.
Pero detrás de los vehículos incendiados, las tiendas arrasadas y las alarmas de los noticieros, hay una realidad económica aplastante que los gobernantes europeos se niegan a mirar de frente. Los jóvenes de toda Europa, sin importar si hablan francés, alemán, español, griego o italiano, protestan por un costo de vida asfixiante y la imposibilidad absoluta de conseguir una vivienda digna. Para la juventud europea, el famoso “Estado de bienestar” se ha convertido en una promesa rota, en un mito del siglo pasado que la generación anterior disfrutó pero que ahora llega para ellos en forma de empleos precarios, salarios que se evaporan en la primera quincena y arriendos que absorben la totalidad de los ingresos. Nada justifica la violencia que se ha desatado en las calles. Y está claro que una cosa es protestar de forma legítima y otra muy distinta es vandalizar el bien público y privado. ¿Pero cómo se le pide paciencia a una juventud que siente que el futuro le cerró la puerta en la cara?
Europa lleva décadas arrastrando una fragmentación permanente, una brecha silenciosa pero profunda, alimentada por el fracaso estrepitoso de sus políticas de integración y de sus respuestas económicas básicas. Sin embargo, el problema no ha sido la falta de dinero dedicado al bienestar social. En el caso específico de Francia, el presupuesto general destinado al sector público y sus diferentes partidas de asistencia supera de manera exorbitante el 57% de su Producto Interno Bruto (PIB), posicionándose históricamente a la cabeza de la Unión Europea en materia asistencial.
La verdadera raíz de la debacle no es la escasez de fondos, sino el mal manejo de los mismos, la ineficiencia crónica y una mala administración estatal que se ha dedicado a subsidiar el consumo a corto plazo mientras sacrifica la inversión productiva en áreas elementales. Ha habido una concentración desmedida en la burocracia, en las directrices de Bruselas y en los discursos políticamente correctos, mientras se dejaba de lado la realidad de la calle y del barrio común que sufre el día a día.
La violencia desatada en Francia es, sin duda, el espejo más doloroso y complejo de esta crisis profunda. El modelo de asimilación francés terminó agrietado. Con el paso de los años, Francia permitió la consolidación de barrios segregados, las famosas “banlieues”, verdaderos guetos urbanos donde la ley del asfalto pesa más que los valores nacionales. En estos territorios periféricos se criaron comunidades enteras que, incluso después de varias generaciones, no siempre encontraron una pertenencia efectiva a la nación francesa. Al final, ante la falta de un puente real, lo que primó fue la identidad de origen. El lazo con la tierra de los antepasados terminó siendo un refugio identitario mucho más fuerte que el pasaporte.
El gran pecado de esa planificación social es que el territorio ofrece oportunidades materiales —educación, subsidios, transporte—, sin conseguir construir una identidad compartida. La integración no se produce por decreto de un ministro, ni por la simple convivencia territorial, ni mediante la invocación retórica de la diversidad. Una sociedad necesita algo más que individuos compartiendo un espacio geográfico, necesita vínculos, reglas, lealtades y, sobre todo, un sentido reconocible de pertenencia.
Cuando esos elementos se debilitan, la diversidad puede dejar de ser una riqueza compartida para convertirse en una suma de comunidades que apenas se toleran. La ley y el orden no bastan, se necesita la asunción de una cultura común. No es posible gobernar un país únicamente con la policía en la esquina. Se requiere unos mínimos compartidos que vayan más allá de la tolerancia fría. Europa se encuentra en una encrucijada histórica. O tiende puentes reales de inclusión económica y cultural para sus jóvenes, o las llamas de París seguirán iluminando el camino de un continente que se fragmenta a pedazos sin remedio.