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Cuando uno está con el agua al cuello tiene que mirar de dónde se agarra para no ahogarse. Eso es lo que piensa hacer el gobierno de Abelardo de la Espriella al anunciar que irá al Fondo Monetario Internacional (FMI) para afrontar la grave situación de las finanzas públicas que dejó Petro.
El gobierno ya inició conversaciones con el FMI. No hay todavía un acuerdo formal, pero la decisión de volver a tocar la puerta del Fondo ha sido respaldada por expertos. El país podría conseguir recursos a tasas más bajas que las del mercado, lo cual no es poca cosa porque uno de los grandes azotes de las finanzas públicas son los altos intereses que estamos pagando. Además, el respaldo del FMI puede servir como garantía de confianza para el plan de ajuste fiscal que prometió el gobierno.
El gobierno ya hizo acercamientos durante la visita al país de Nigel Clarke, el número dos del FMI, y en las visitas técnicas del Ministerio de Hacienda a Washington. Clarke fue claro en decir que una acción oportuna y creíble para reducir los desequilibrios fiscales puede fortalecer la confianza y reducir los costos de endeudamiento.
Colombia ha recurrido en las últimas décadas a este salvavidas. El episodio más recordado fue en el gobierno de Andrés Pastrana, con el ministro Juan Camilo Restrepo. El país estaba en crisis financiera y solicitó una línea de crédito por 2.700 millones de dólares. Posteriormente, durante el gobierno de Iván Duque, se acudió a una Línea de Crédito Flexible y se utilizaron 5.400 millones de dólares para enfrentar los efectos de la pandemia. Esta línea era una especie de seguro financiero reservado para países con altos estándares de manejo económico. Colombia la mantuvo desde 2009.
Pero el gobierno Petro, inexplicablemente, la acabó. El primero de octubre de 2025 decidió cancelarla voluntariamente y prefirió acudir a los mercados internacionales, donde Colombia ha terminado pagando tasas de interés elevadísimas. El exministro Mauricio Cárdenas explicó gráficamente la decisión: Petro acabó con la tarjeta de cliente preferencial que tenía el país para acceder a recursos en condiciones privilegiadas.
La paradoja es enorme. Durante años Colombia tuvo acceso privilegiado al FMI gracias a la fortaleza de sus instituciones económicas. Petro decidió que el país podía prescindir de él. Apenas un año después tenemos que volver a tocar la puerta del Fondo, esta vez en medio de una de las situaciones fiscales más delicadas de nuestra historia reciente.
La deuda como porcentaje del PIB superó el 60% durante el gobierno Petro, mientras que el déficit fiscal para 2026 se mantiene en niveles excepcionales. Para 2027 el panorama es todavía peor: el descuadre llegaría, según las últimas proyecciones, al 9,4% del PIB y la deuda neta alcanzaría el 66,2%.
Por eso no parece quedar otro camino que acudir nuevamente al FMI. Aún no se ha definido cuánto dinero solicitará el gobierno ni bajo qué modalidad. El exministro Cárdenas ha planteado que, dada la dimensión del hueco fiscal, Colombia debería buscar un paquete de financiamiento de gran tamaño. Cualquier cifra, sin embargo, será apenas una parte de la solución frente a las enormes necesidades del país.
Mientras el gobierno busca quién le preste plata, sigue en el Congreso la discusión del presupuesto por cerca de 635 billones de pesos para el año entrante. De ese monto, 155 billones son para el servicio de la deuda, 393 billones para funcionamiento y solo 87 billones para inversión. Por cada peso destinado a inversión, el país tendrá que gastar casi $1,80 en atender la deuda.
Y lo que es peor, como hemos dicho, es que el pago de impuestos no alcanza para cubrir el presupuesto: cerca de 281 billones de pesos, alrededor del 44% del presupuesto, tendrán que financiarse mediante endeudamiento. El Estado está llegando al punto de seguir endeudándose para sostener un nivel de gasto que sus ingresos ya no alcanzan a financiar. Como en un círculo vicioso, tapa un hueco, pero abre otro.
Como nada en la vida es gratis, la ayuda del FMI tampoco lo es. Cualquier programa de financiamiento tendrá que estar acompañado de un plan fiscal creíble para reducir la deuda y el déficit.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ha anunciado que presentará una ley de rescate al Congreso con un fuerte recorte de gastos. El respaldo del FMI a esta tijera le caería como anillo al dedo: puede ayudar a recuperar la confianza y facilitar un ajuste que, de todas maneras, será doloroso.
Todavía no se sabe dónde pasará la tijera, pero muchas entidades públicas deben prepararse para la trasquilada. En cuatro años hubo una feria de gasto como si no hubiera un mañana y ahora toca pagar las facturas de ese derroche.
El verdadero salvavidas no son solamente los dólares que pueda prestar el FMI, sino recuperar la credibilidad fiscal del país. El Fondo puede ayudar a reducir los costos de financiamiento y enviar una señal de confianza a los mercados, pero ningún crédito puede solucionar indefinidamente el problema de un Estado que gasta mucho más de lo que recibe.
Colombia tuvo durante años una línea privilegiada con el FMI que funcionaba como un seguro. El gobierno Petro decidió renunciar a ella. Apenas un año después tenemos que volver a tocar la puerta del Fondo, ahora con las finanzas mucho más deterioradas.
Nos toca volver a buscar el salvavidas. Pero lo verdaderamente importante será hacer los ajustes necesarios para no tener que vivir agarrados de él.