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El gobierno ha inscrito ante la autoridad electoral el comité promotor de una Asamblea Constituyente, con lo cual da el primer paso para activar una iniciativa de cambio institucional que el país no está pidiendo y que Gustavo Petro se comprometió solemnemente a no impulsar. Acerca de la conveniencia de un tema de esa naturaleza en medio del proceso electoral en marcha se pronunciarán los dirigentes políticos y los expertos en derecho constitucional.
Las probabilidades de éxito de un proyecto de gran envergadura en las postrimerías del cuatrienio de un gobierno con poca credibilidad y sin mayorías en el Congreso son bajas. Se trata nada menos que de desmontar la Constitución de 1991 para hacer la transformación radical del país que el orden institucional vigente no permitió. Está por verse si la Corte Constitucional le dará su aprobación a esta maniobra política. Mientras ese proceso se cumple, la iniciativa gubernamental sirve como mecanismo de distracción y como factor de incertidumbre.
Así la propuesta de convocar una Asamblea Constituyente languidezca como un globo de ensayo para propósitos electorales, conviene tener presente sus objetivos económicos. El nuevo ordenamiento económico propuesto buscaría modificar el sistema actual por uno más acorde con las preferencias ideológicas del presidente Petro. Eso implicaría cambiar el modelo económico vigente para reducir el protagonismo de la empresa privada y suprimir la autonomía del Banco de la República. Dada la similitud de esos objetivos con lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela, es posible observar, como en un experimento de laboratorio, las consecuencias de implementar el Socialismo del siglo XXI.
Chávez detestaba la empresa privada y se propuso reemplazarla por medio de las expropiaciones y la proliferación de empresas estatales que eliminarían a la burguesía venezolana. Las consecuencias de ese proyecto fueron poco afortunadas. La estatización del sector empresarial y la politización de PDVSA, la empresa petrolera estatal, se convirtieron en una fuente de saqueo y de destrucción de riqueza. El colapso económico resultante redujo el PIB de Venezuela en un 75%. El siguiente caso ilustra el funcionamiento de ese esquema político: Una planta de cemento de propiedad de una empresa colombiana fue expropiada por el régimen bolivariano, o más exactamente confiscada, porque no hubo indemnización. La administración estatal de la planta confiscada redujo a una quinta la producción y multiplicó por cinco el número de empleados.
C0n respecto al banco central, el traslado de las reservas internacionales al gobierno y la emisión para financiar el gasto público contribuyeron a envilecer la moneda. La pérdida de valor del bolívar se tradujo en fuga hacia otras monedas incluyendo al peso colombiano. El sistema chavista lleva implícita la dictadura.
El modelo económico colombiano no es improvisado. Es el resultado del consenso político. Privilegia la empresa privada y el derecho de propiedad. Defender su vigencia es parte esencial de la defensa de la democracia liberal.
