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La cifra es escandalosa y plantea un desafío monumental: Hay 25.000 hombres en armas en Colombia, un 15 % más que en enero. Un crecimiento en todas las organizaciones al margen de la ley sin excepción, incluyendo a las que están en negociación con el Gobierno, como es el caso de Comuneros del Sur en Nariño, con un 5 por ciento. El ELN en un 3 por ciento y el peligroso Clan del Golfo, actualmente en diálogos exploratorios, con un 18, llegando a 9 mil hombres entre enero y agosto. Todos son criminales. Hasta las dos disidencias de las Farc.
Razón suficiente para atender la advertencia de Estados Unidos sobre la pésima idea que sería sumarle los diálogos con El tren de Aragua.
Bien lo ha dicho el propio ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, sobre la relación directa entre el incremento de hombres en armas y los problemas sociales irresueltos, pues precisamente ocurre en las zonas que carecen de una institucionalidad fuerte y ausencia estatal.
Ya he planteado la urgencia de la aplicación de una política de seguridad que enfrente las economías ilegales con una inteligencia estratégica y efectiva. Pero me quiero ocupar por mi experiencia de la necesidad de atender factores estructurales.
Lucia Dammert en su libro ¨Anatomía del poder ilegal¨ dice ¨La vía de la represión pura y dura revela sus límites, puede reducir temporalmente los índices de criminalidad en determinadas zonas, pero sin una estrategia que simultáneamente atienda las raíces sociales y fortalezca la gobernanza, los efectos suelen ser efímeros¨.
Por eso propongo un PNR 2.0 (Plan Nacional de Rehabilitación) escogiendo por regiones y departamentos, los municipios más pobres, con presencia de criminalidad y con cultivos ilícitos, para desplegar toda la acción del Estado. Dirán que ya tenemos los PEDTS, que es sin duda una gran hoja de ruta y sobre los cuales hay que insistir como instrumento del acuerdo de paz, pues garantiza además la participación comunitaria.
Pero mi propuesta va más allá, en el sentido de que se amplíe la cobertura a zonas aún más rurales y necesitadas con una articulación institucional que garantice los mínimos aceptables de la alimentación y de servicios, las ya probadas manzanas del cuidado, la oferta educativa hogar por hogar, dotar a las escuelas de baterías sanitarias, un programa de sustitución de cultivos como el PNIS, integral, y cuando hablo de integral es porque debe tener un verdadero enfoque de desarrollo alternativo, y una justicia sin corrupción.
Parecería obvio, pero no lo es. Y la prueba está en que la no implementación adecuada del acuerdo de paz ha creado un universo criminal precisamente en esas zonas de mayor necesidad que ojalá asuman con seriedad los actuales precandidatos presidenciales para que la priorización de las zonas vulnerables tenga en cuenta experiencias que han funcionado en el pasado con miradas más evolucionadas.
Vuelvo nuevamente a Lucia Dammert: “las prácticas de uso excesivo de la fuerza generan rechazo ciudadano y erosionan la confianza en el propio Estado, cerrando canales de colaboración entre las comunidades y las fuerzas de seguridad. Peor aún, en ausencia de acciones coordinadas, las organizaciones ilegales tienden a recomponerse mediante la diversificación de sus actividades ilícitas, pasando de la extorsión al narcotráfico, o al contrabando de otros bienes, con lo cual desplazan el problema hacia nuevos territorios o modalidades delictivas”.
Termino por decir que sin cooperación internacional y el sector privado, no será posible lograrlo. Y esos dos aspectos este gobierno lo ha dinamitado.
