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El New York Times informó que dos fiscales, uno de Brooklyn y otro de Manhattan, investigan si Petro tiene vínculos con el narcotráfico. Al mismo tiempo, la AP contó que fue designado como “objetivo prioritario” por la DEA. La categoría de “objetivo prioritario” se le da a quienes la DEA considera sospechosos de tener un “impacto significativo” en el tráfico de narcóticos.
Los hechos muestran un largo historial de relaciones entre Petro y los narcos. Fueron los mafiosos quienes financiaron la expansión del barrio Bolívar 83 cuando era concejal en Zipaquirá. Escobar pagó al M19 de Petro el asalto al Palacio de Justicia, con el fin de asesinar a los magistrados encargados de la extradición y desaparecer los respectivos expedientes.
En la campaña recibieron apoyos del Hombre Malboro, de Sobrino, de Papá Pitufo, zar del contrabando y del lavado de activos, y de Pipe Tuluá, cabecilla de La Inmaculada. Petro se movilizó durante toda su campaña en aviones de la empresa Sadi, del narco Carlos Eduardo Restrepo Osorio. De acuerdo con las confesiones de su hermano a la Nena Arrázola en Los Informantes, Petro ganó las elecciones por los pactos celebrados en la cárceles con los bandidos, un episodio conocido como el Pacto de la Picota. Juan Fernando ha sido acusado desde 2023 de haber exigido dinero a narcotraficantes para ser incluidos en los acuerdos celebrados en el marco de la “paz total” y no ser extraditados.
Las acciones de gobierno han sido también reiterada y sistemáticamente favorables a los mafiosos. Pusieron fin a la erradicación manual forzada, promovieron asambleas cocaleras pagadas por el Estado, presentaron proyectos de ley para legalizar la coca y la cocaína y para favorecer a los narcotraficantes penalmente y legalizar parte de su fortuna, le otorgaron el mismo estatus a los grupos estrictamente mafiosos que a los que alegan ser insurgentes, suspendieron órdenes de captura y extradiciones, liberaron capos a lo largo y ancho del país y les dieron tribuna y micrófono, impidieron a la Fuerza Pública enfrentarlos, todo con el pretexto de la paz, e infiltraron y desmantelaron el sistema de inteligencia.
¿Resultados? Los grupos mafiosos aumentaron sustantivamente su número de hombres y su presencia territorial y el país está inundado en coca y cocaína como nunca en la historia. A 31 de diciembre del 2023 teníamos 253 mil hectáreas de coca, la producción de cocaína pasó de 1.400 a 2.664 toneladas y el porcentaje de incautaciones en relación con la producción, el 28%, es el peor en al menos dos décadas Para rematar, el Gobierno ha impedido que Naciones Unidas divulgue las cifras del 2024 que, con seguridad, son aún más malas.
¿Lo ocurrido es solo consecuencia de una apuesta por “la paz” que tuvo pésimos resultados? Los hechos permiten pensar que no, que es la puesta en práctica de decisiones políticas conscientes para fortalecer aliados políticos, debilitar a la Fuerzas Militares y la Policía que eran enemigos naturales y poner el sistema de inteligencia al servicio de los propósitos ideológicos del gobierno.
La información de que Miguel Uribe Turbay fue asesinado por la Segunda Marquetalia y de que en el mismo participaron “gestores de paz” de Petro, y el hecho cierto de que fue él quien le puso la diana en el pecho, solo reafirman las sospechas y la preocupación. Porque si Petro es malo, Cepeda es peor, con sus viejos vínculos con las Farc, mafiosas hasta la médula, y con la Segunda Marquetalia, a cuyo líderes defendió y ayudó a liberar.
Y mientras acá la Fiscalía mira para otro lado, la Comisión de Acusaciones prevarica y solo tres gatos exigimos al menos responsabilidad política por el desastre y los crímenes, los gringos avanzan el cerco.
