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Bien reza el popular adagio: “para verdades el tiempo y para justicia Dios”. Han pasado veinte meses desde el día en que alias ‘Calarcá’ fue detenido por miembros del Ejército Nacional en un puesto de control instalado en vías del municipio de Anorí, Antioquia. El criminal y su comitiva se movilizaban en seis vehículos blindados adscritos a la Unidad Nacional de Protección (UNP), al amparo del Gobierno Nacional que los había designado como Gestores de Paz.
Ese 23 de julio de 2024, en la inspección a la caravana que se tuvo que hacer en las instalaciones del Batallón Pedro Nel Ospina, en el municipio de Bello, hasta donde fue conducida por los Militares, fue incautada abundante cantidad de dispositivos electrónicos que contenían información relacionada con las actividades de la organización criminal (57 memorias USB, 14 tarjetas MicroSD, 8 lectores de USB, 21 celulares, 5 computadores, 3 discos duros y 1 CD); 163 millones de pesos y 4.200 dólares, armas y munición de diferentes calibres, radios de comunicación, y se rescató un menor de edad que había sido reclutado forzosamente.
Tras la verificación de sus identidades, y a pesar de ser sorprendidos en flagrancia, por orden de la Fiscal General de la Nación, Adriana Camargo, fue dejado en libertad quien en la actualidad es, sin duda alguna, uno de los más peligrosos criminales del país.
Meses después, en noviembre de 2025, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol publicó un informe con los escandalosos hallazgos hechos por las autoridades judiciales en el material incautado. La información en poder de la Fiscalía por más de un año sin que tomara decisiones de ningún tipo, daba cuenta de los graves crímenes cometidos por Calarcá y su estructura mafiosa, aun durante el tiempo en que había fungido como Gestor de Paz, cuando ordenó entre otros asesinar un líder social y reclutar menores de edad; así como de la infiltración de la Dirección Nacional de Inteligencia y del Ejército Nacional, a través de Wilmar Mejía, hombre de confianza de Petro en la agencia de inteligencia del Estado, y de Miguel Huertas, General reintegrado al servicio activo por orden presidencial.
Apenas ahora, presionada por la recompensa de cinco millones de dólares que ofrece el Departamento de Estado de los Estados Unidos por información que permita la captura de Calarcá y los demás criminales responsables del asesinato de 13 policías en el ataque a un helicóptero Black Hawk el 22 de agosto de 2025 en Amalfi, y por la grave información desde hace meses en su poder y que es de público conocimiento, la Fiscal Camargo solicitó a Petro la reactivación de la orden de captura en contra de Calarcá.
No deja de sorprender que, en medio de este escándalo, la misma Fiscal General emita la Resolución 00072 del 27 de marzo, suspendiendo las órdenes de captura de 23 cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá por un periodo de seis meses. Llama la atención que tome esta decisión en plena época electoral, con una mesa de diálogo que se adelanta sin marco jurídico, y luego del ruido por el denominado ‘tarimazo’. Parece que la Fiscal y Petro están empeñados en continuar favoreciendo criminales a costa de la vida y la seguridad de los colombianos.
