Pico y Placa Medellín
viernes
7 y 9
7 y 9
Hace diez años Colombia vivió una de las paradojas más profundas de su historia constitucional. El Gobierno de Juan Manuel Santos decidió convocar al pueblo para que se pronunciara sobre el Acuerdo Final celebrado con las FARC. Escogió el plebiscito y convirtió la voz ciudadana en fuente de legitimación de su política.
El 2 de octubre de 2016 los colombianos respondieron. Ganó el No con 6.431.376 votos frente a 6.377.482 por el Sí. Ese resultado representa una relevancia constitucional que ninguna interpretación retrospectiva debería borrar. Antes de la votación, la Corte Constitucional había señalado que el plebiscito producía un mandato político del pueblo soberano vinculante para el Presidente. Después del resultado precisó que el Gobierno debía respetarlo y abstenerse de implementar el acuerdo rechazado “tal cual” había sido sometido a consideración ciudadana. Aquí aparece la cuestión que diez años después continúa abierta. El Presidente no perdió su facultad constitucional de buscar la paz. Tampoco era jurídicamente imposible renegociar el acuerdo. La Corte admitió modificaciones y consideró posible que el proceso de refrendación continuara mediante las instituciones representativas. Pero legalidad y legitimidad no son conceptos idénticos. Acá se perdió la legitimidad del proceso.
La pregunta es: ¿Qué ocurre con la confianza democrática cuando el gobernante convoca directamente al soberano, recibe una respuesta adversa y la decisión definitiva termina adoptándose mediante un mecanismo diferente? Rousseau situaba allí el núcleo de la soberanía. El pueblo no es una decoración retórica del poder sino su fuente. Dieter Grimm recuerda que la autoridad del Estado constitucional necesita una fuente de legitimidad exterior a quienes ejercen temporalmente el poder. Habermas añade que la legitimidad democrática depende de procedimientos mediante los cuales los ciudadanos puedan reconocerse simultáneamente como destinatarios y autores del derecho. Por eso 2016 dejó algo más que una controversia sobre la validez jurídica del Acuerdo: Dejó una discusión sobre confianza constitucional.
La controversia estuvo incluso dentro de la Corte. En la Sentencia C-699 de 2016, la mayoría consideró constitucionalmente posible continuar el proceso después de modificar el acuerdo. Pero hubo posiciones disidentes que cuestionaron sustituir la participación directa de los ciudadanos por una decisión posterior del Congreso y advirtieron sobre sus consecuencias para la legitimidad del proceso. Diez años después, el debate incorpora además los resultados de la implementación. El presidente Álvaro Uribe ha planteado nuevamente cuestionamientos sobre narcotráfico, justicia transicional, tratamiento de integrantes de la Fuerza Pública y derechos políticos concedidos a antiguos miembros de las FARC. Sus afirmaciones y las respuestas de los defensores del Acuerdo pertenecen al debate político sobre sus efectos y no alteran el hecho constitucional originario: el texto sometido al pueblo fue rechazado.
Allí permanece la herida institucional. Una democracia exige tanto procedimientos jurídicamente válidos como confianza en el significado de las urnas. Quien pierde acepta el resultado porque confía en que, cuando gane, su decisión tendrá consecuencias. Santos amañó instrumentos constitucionales para continuar el proceso. Pero su existencia no clausura la discusión sobre legitimidad democrática. Diez años después permanece una pregunta incómoda: si el Estado convoca solemnemente al soberano para decidir, ¿qué significado conserva esa convocatoria cuando la respuesta obtenida no coincide con la voluntad del Gobierno? La democracia adquiere todo su sentido precisamente cuando el poder acepta que también puede perder.
