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Hay discusiones que parecen jurídicas, pero que en realidad nos obligan a preguntarnos qué tipo de sociedad queremos ser. La maternidad subrogada, comúnmente conocida como “vientres de alquiler”, es una de ellas.
En el Congreso avanza un proyecto de ley que busca prohibir esta práctica en Colombia. Más allá de las posiciones personales, religiosas o incluso científicas que pueda despertar el tema, vale la pena preguntarse: ¿puede todo aquello que una persona está dispuesta a ofrecer y otra está dispuesta a pagar convertirse en un mercado?
La maternidad subrogada suele presentarse como un acuerdo entre adultos libres. Una mujer decide gestar un hijo para otra persona o pareja y, en algunos casos, recibe una compensación económica. Visto así, parecería una expresión más de la autonomía individual. Pero el asunto se vuelve más complejo cuando miramos quiénes suelen estar a cada lado de ese contrato. No es lo mismo decidir desde la abundancia que hacerlo desde la necesidad. Cuando una mujer en condiciones económicas precarias encuentra en su capacidad reproductiva una fuente de ingresos para sostener a su familia, es difícil predicar que se trata de un acto libre.
Los contratos de maternidad subrogada permiten dimensionar mejor el dilema. Los mismos, pueden establecer condiciones sobre la alimentación de la gestante, sus hábitos, los medicamentos que consume, los viajes que realiza o los controles médicos a los que debe someterse. Pueden contemplar decisiones frente a malformaciones del feto, embarazos múltiples o interrupciones del embarazo. Incluso, se puede acordar quién tiene la potestad de mantener el cuerpo de la gestante con vida en caso de tener una muerte cerebral.
Es decir, durante nueve meses, aquello que ocurre dentro del cuerpo de una mujer pasa, en alguna medida, a estar regulado por un contrato. ¿Autonomía? Más aún. Casi nunca en esta discusión se habla del niño, como si en este acuerdo no existiera. Pero se trata de un tercero que nunca pudo consentir y cuyos derechos a la identidad, a conocer sus orígenes y a no ser tratado como objeto de una transacción también debería estar en el centro.
El mercado es extraordinario para generar prosperidad, innovación y oportunidades. Pero reconocer su enorme valor no significa aceptar que deba gobernar todas las dimensiones de la vida humana. Las sociedades han establecido límites precisamente porque entendemos que hay bienes que merecen una protección especial. No permitimos vender órganos, tampoco aceptamos contratos que impliquen renunciar a derechos fundamentales.
La pregunta, entonces, no es si estamos a favor o en contra de quienes desean tener un hijo. Ese deseo merece toda nuestra empatía. Tampoco se trata de juzgar a las mujeres que han recurrido a la gestación subrogada como una alternativa económica.
El debate es más profundo: hay fronteras que el progreso científico y económico nos obliga a revisar. Esta es una de ellas. Una sociedad verdaderamente libre no es aquella que permita que todo pueda comprarse y venderse, sino la que tiene la capacidad de decidir, qué cosas nunca deberían tener precio.
