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La situación presupuestal de la Nación es la siguiente:
Los egresos son 635 billones, financiados con 300 de recursos tributarios, 39 de recursos de capital (dividendos de Ecopetrol y utilidades de Banco de la República, principalmente) y 57 de parafiscalidad, establecimientos públicos, etc. Quedan faltando 239 billones que se financiarían con deuda: 88 externa y 151 interna.
Los 88 billones de crédito externo equivalen a unos 25.000 millones de dólares que entrarían al mercando cambiario alimentando la revaluación y presionando el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos.
Los 151 billones son cerca de un 10% del PIB y entrarían a competir con el sector privado por una porción equivalente del ahorro nacional, presionando la tasa de interés y reduciendo la inversión privada.
Estamos en problemas, pero hay cosas que, luciendo tentadoras, no deben hacerse porque terminan por agravarlos: No se debe presionar políticamente al Banco de la República para que baje la tasa de política monetaria con la idea equivocada de que esto reduce la tasa hipotecaria y, en general, la tasa de interés de la inversión de largo plazo. Una y otra están determinadas por la tasa de los TES de largo plazo y esta puede elevarse por la prima de riesgo si el mercado percibe un relajamiento de la política monetaria que acelere la inflación. La tasa de política monetaria afecta, principalmente, el crédito de consumo corriente y de bienes duraderos.
Tampoco es buena idea una leva de capital bajo la forma de un empréstito obligatorio, se dice, de hasta 60 billones, cuatro puntos del PIB, a 20 años. Esto es lo más parecido a un impuesto al patrimonio que limita de inmediato la capacidad de inversión privada.
La deuda no crece porque el déficit existe, el déficit existe y crece porque la deuda lo hace primero y déficit crecerá hasta que el mercado decida que ya no puede prestarnos más. Es lo mismo que ocurre con el gasto al fiado en la tienda de la esquina: cesa cuando el tendero decide que ya no puede fiar más.
Parece que estamos cerca de esa situación puesto que, según el ministro de Hacienda, en 2030, la deuda del Gobierno Nacional Central llegaría a 82% del PIB. Así no hay tendero que aguante. La única forma de no llegar allá es tranquilizar al tendero y eso solo se logra estabilizando, primero, y, luego, reduciendo la deuda. Eso significa gastar menos y abonarle al tendero.
El ministro Gómez Martínez ha anunciado un recorte de 21 billones, eso está bien, pero es poco: ni 5% del gasto total. La enajenación de activos de la Nación debe considerarse, además. No está fuera del alcance del Gobierno obtener pronto 40 billones por la venta de activos en el sector energético y del llamado Grupo Bicentenario. Esa suma, aplicada totalmente a la amortización de deuda, permitiría un ahorro anual 4.8 billones en intereses, 12% anual, rendimiento que no ofrece ninguna de las empresas de la Nación. Dixi.
