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En sentencia de febrero 26, el Consejo de Estado, en proceso de nulidad electoral del presidente de una sociedad en la cual más del 50% del capital es estatal, definió que los directivos, deben respetar los estatutos sociales, la ley y el principio de la moralidad administrativa.
El fallo, les indicó a los administradores que no pueden seguir haciendo lo que les dé la gana, que no son reyezuelos, ni dictadores que deben actuar con lealtad, de buena fe y como buenos hombres de negocios.
Muchos leyeron la sentencia; los expertos en gobierno corporativo le dan la importancia que se merece; el ciudadano de a pie celebra que el sujeto que casi acababa con EPM haya salido de ISA para que los negocios de trasmisión de energía, concesiones viales y telecomunicaciones retornen a las prácticas de buen gobierno corporativo, contratación recta y directivos competentes.
Lamentablemente, los únicos que no aprendieron de esta son Ricardo Roa y su círculo cercano. Para ellos, la moralidad administrativa es un caramelo del álbum Panini. Poco les importa que el Consejo de Estado les haya dicho que violaron los estatutos sociales, que modificaron la matriz de selección de candidatos a la presidencia de ISA y eligieron al peor calificado, que no atendieron las recomendaciones del experto Korn Ferry y que violaron el principio de la moralidad administrativa. Eso, para ellos, es letra muerta.
Roa, David Riaño, y los tres “independientes” (Fabiola Leal, Luz Cristina Díaz y Luis Ferney Moreno), siguen actuando igual; la moralidad administrativa no va con ellos.
En Ecopetrol, acontece igual, la junta directiva respalda frecuentemente al imputado presidente; con gran desfachatez, cada vez que se le inician investigaciones al flamante presidente, le dan su respaldo, olvidando que dirigen una compañía estatal donde el principio de la moralidad administrativa es fundamental.
Sería conveniente que esa Junta leyera con cuidado la sentencia, que se detuvieran a leer el artículo 209 de la Constitución Nacional y el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo (CPACA), que textualmente indica en su numeral 5: “En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones públicas”.
Tener claro conceptos como la honestidad, el respeto, la lealtad, la justicia, la integridad, la eficiencia, la transparencia, los intereses colectivos, les permitirá decidir el retiro de una persona que lo único que ha hecho es que Ecopetrol pierda valor, que inversionistas como el Fondo Soberano de Inversión de Noruega decidan desinvertir en la empresa y que las utilidades bajen.
Recuerden que deben respetar ese principio; si no lo respetan, los jueces cumplirán su función. Llegó la hora de pensar en el país y dejar de pensar en intereses personales; como directivos deben actuar con lealtad con el país y Ecopetrol y no con Roa, con buena fe y como unos buenos hombres de negocios, limitándose a recibir unos jugosos honorarios por dejar de hacer lo que les corresponde.
Bienvenidos la moralidad administrativa, más fallos judiciales que la hagan respetar, las voces de ciudadanos, sindicatos, gremios, fondos de pensiones e inversionistas; unámonos todos para exigirles a la junta directiva de Ecopetrol que cese en actos contrarios a ella.
