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En Colombia hay discursos que no se equivocan: se revelan. Lo de Iván Cepeda sobre Antioquia no fue un exceso retórico, fue una declaración de fondo. Reducir una región que ha sido motor empresarial del país a una narrativa de ilegalidad no es un análisis histórico, es una postura ideológica que necesita deformar la realidad para sostenerse. En ese relato, el empresario no es un actor imperfecto dentro del desarrollo, sino un sospechoso estructural; y el progreso no es un logro, sino una evidencia de culpa.
Ese mismo libreto lo ejecutó Daniel Quintero desde el poder, no como un error aislado, sino como método. Su relación con el empresariado estuvo marcada por la confrontación permanente, elevando la sospecha sobre quien produce y normalizando la idea de que el éxito económico debe ser vigilado. La comparación entre empresarios y criminales no fue una ligereza, fue un mensaje político: debilitar la legitimidad de la empresa para posicionar al poder como árbitro moral y económico. No se trata de corregir abusos que existen, sino de instalar una narrativa donde producir es cuestionable y depender del Estado es legítimo.
Pero ese discurso tropieza con un límite que no puede evadir: la realidad de quienes lo promueven. Ni Cepeda ni Quintero hablan desde la marginalidad del sistema que critican. Han ejercido poder, han administrado recursos públicos y han vivido de la estabilidad que permite una economía que dicen cuestionar. Mientras denuncian la riqueza en público, participan de sus beneficios en privado. Esa es la verdadera desdicha ideológica: un discurso de justicia social que no se refleja en la coherencia personal. Y en esa contradicción quedan atrapados, como lo advirtió Nicolás Gómez Dávila: “La hipocresía no es la herramienta del hipócrita, sino su prisión.”
El problema no es solo moral, es profundamente político. Porque esta narrativa no busca equilibrio entre Estado y empresa, busca subordinación. Necesita debilitar al empresario para fortalecer al político. Necesita que la riqueza deje de generarse de manera autónoma para que dependa de quien reparte desde el poder. Y ese camino no es nuevo: en América Latina ya se ha recorrido suficientes veces como para saber en qué termina, menos inversión, menos crecimiento y más dependencia.
Mientras tanto, la historia real queda relegada. Colombia no se ha sostenido por discursos, sino por personas que, en medio de la violencia y la incertidumbre, decidieron crear empresa, generar empleo y construir tejido social donde el Estado no llegaba. Antioquia, con todas sus contradicciones, es prueba de ello. Por eso incomoda: porque demuestra que el progreso es posible sin el control absoluto del poder político.
El costo de ignorar esa realidad es alto. Cuando se instala la idea de que el empresario es un enemigo, se erosiona la confianza; y sin confianza no hay inversión, sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento no hay justicia social que se sostenga. Pero el populismo no se preocupa por eso: vive del aplauso inmediato, no de las consecuencias.
Colombia enfrenta una decisión de fondo: seguir, como decía mi abuela, repitiendo esa sopa cargada de resentimiento disfrazado de política, o defender sin complejos a quienes producen, invierten y sostienen el país. Porque, al final, la verdad es incómoda pero evidente: sin empresa, no hay país.
