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Colombia parece haber perdido una emoción política fundamental: la sorpresa. No es que los motivos para indignarse hayan desaparecido; es que la indignación requiere una interrupción, y aquí casi nada interrumpe. Los eventos —atentados, decretos, crisis diplomáticas, inundaciones— suceden y se absorben como parte del paisaje. El estado de ánimo no es de estallido moral, sino de agotamiento, una contemplación fatigada de lo inesperado.
Por eso es crucial nombrar lo que se experimenta: Colombia es una República de Emergencia Permanente. No una república “en crisis”, como si la crisis fuera un paréntesis, sino una república cuya normalidad se construye sobre excepciones. La historia reciente lo respalda: estados de sitio recurrentes en el siglo XX, la Violencia bipartidista, el narcoterrorismo de los años ochenta y noventa, un conflicto armado prolongado, la recesión de 1999 y el uso frecuente de estados de excepción bajo la Constitución del 91. La emergencia no interrumpe un orden; se convierte en su modo habitual de operar.
Giorgio Agamben advirtió que el estado de excepción puede dejar de ser una suspensión temporal del derecho y convertirse en una técnica estable de gobierno. En Colombia, esta intuición encuentra un terreno fértil: la excepción no interrumpe la normalidad; la conforma. Y cuando la excepción se institucionaliza, la política cambia de naturaleza: ya no se orienta por el horizonte de lo posible, sino por la gestión de lo urgente. Los ejemplos recientes son elocuentes. Una emergencia climática en Córdoba y un decreto de emergencia económica para atender inundaciones: facultades extraordinarias, debates jurídicos inmediatos, y la sensación de que este proceso ya no es extraordinario, sino un mecanismo administrativo habitual. En el ámbito de la seguridad, se presenta una situación similar: ataques dispersos en periferias que no generan una conmoción nacional sostenida; se convierten en ruido de fondo. Y, conectados al mundo a través de una pantalla, vivimos crisis interminables que se consumen como contenido, no como una realidad compartida.
Esta atmósfera reconfigura la cultura de gobernar. El Ejecutivo se adapta a gobernar mediante atajos; el Congreso delibera bajo presión de tiempo; la opinión pública demanda respuestas inmediatas. La urgencia moral reemplaza la argumentación reflexiva. El tiempo prolongado pierde legitimidad frente a la inmediatez del presente. Pero el efecto más profundo es psicológico y cívico. Cuando todo es grave, nada parece verdaderamente grave. La repetición erosiona la capacidad de indignación. No es pura apatía: es una forma de supervivencia psíquica. La emergencia permanente genera una ciudadanía pasiva: la tragedia se observa como un panorama nacional.
Y aquí emerge el riesgo democrático: una democracia sin sorpresa pierde su intensidad ética. Si nada es realmente extraordinario, tampoco hay verdadera responsabilidad. Es la normalización de lo inesperado. El antídoto no es un programa, sino un gesto cultural: recuperar la capacidad de interrupción. Que la excepción vuelva a ser percibida como tal. Esto requiere pausa, deliberación lenta, memoria histórica y un lenguaje preciso. Es fundamental volver a pensar en décadas, no en semanas ni en ciclos electorales. Tal vez el verdadero peligro no sea que Colombia arda de vez en cuando, sino que hayamos aprendido a observar el incendio sin levantarnos de nuestra silla.
