Pico y Placa Medellín
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Enfrentando una demencial maquinaria estatal que quiso apachurrar el sistema de libertades para imponer el anacrónico sistema político/económico marxista, se impuso, así fuera por estrecho margen de diferencia, Abelardo De la Espriella. En esa mayoría que frustró la protocolización de la extrema izquierda, está el aporte de Antioquia. Mientras Bogotá, Cali, Barranquilla, sucumbieron a la presión del petrismo/cepedista, Medellín y el resto del departamento sacaron la cara por la racionalidad. Ojalá el nuevo Gobierno sepa reconocer, con hechos positivos, el aporte de la región paisa, que salvó al país de una catástrofe electoral.
Las comisiones de observadores internacionales destacaron la transparencia del proceso electoral, en contraste con la pendenciera narrativa presidencial, acolitada por el candidato doblegado en las urnas y su corte de validos, que insisten en sus delirios, ver fantasmas de fraudes en lugares en donde solo emerge la voluntad de un pueblo por no dejarse intimidar de la presión de los violentos. Es la ley del pataleo para intentar contrarrestar el fracaso en las urnas.
Paralelo a la jornada comicial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) hizo un diagnóstico sobre el estado de la economía colombiana que heredará el nuevo Gobierno. Una caída del PIB del 2,8 al 2,4% para este año, calculando para el 2027 un crecimiento de solo el 2,10%. Pronostica una inversión débil, alta inflación y una inevitable crisis fiscal. Recomienda emprender cuanto antes un ajuste a las finanzas públicas para estabilizar la deuda, focalizar con más precisión las transferencias sociales y subsidios, reducir la informalidad laboral, ampliar la base tributaria y hacer los gravámenes más eficientes. La OCDE advierte que los déficits fiscales seguirán siendo elevados, lo que continuará dándole manivela al alza de la deuda pública e incrementando los costos que por intereses se pagan.
Hoy, dicen expertos, el ajuste fiscal debe ser de $30 billones. Otros sostienen que el hueco fiscal es de $67 billones, que deberá cargar a cuestas el nuevo Ejecutivo desde el 7 de agosto. Urge, proponen, ampliar la base tributaria, acabando con exenciones y tratamientos preferenciales que erosionan el recaudo y que, en buen parte, terminan beneficiando a grandes empresas y a personas naturales de altos ingresos. Se calcula que el país deja de recaudar cada año recursos equivalentes a $95 billones, una tercera parte del total de ingresos tributarios, por no saber cobrar bien los impuestos que ya existen, lo que le quita lógica y autoridad para imponer más tributos sobre los mismos.
Mientras el país se entretiene con el juego de “gabinetología” y no pocos esperan ansiosos que timbre el celular para concretar chanfainas, la responsabilidad de hacer un severo ajuste fiscal se hace inevitable. Un ajuste doloroso, que ignoramos hasta dónde lo podrá soportar el contribuyente sin que se generen explosiones sociales de gran envergadura, para poder reducir el déficit siquiera a sus justas proporciones, como decía de la corrupción el presidente Turbay Ayala. Será uno entre los muchos desafíos para medir la capacidad de decisión del dueto Abelardo/José Manuel, calculando que tal efecto político es arriesgado pero inaplazable.
