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Los métodos de hacer la guerra en Colombia cada vez se sofistican más. Ya no son solo los fusiles disparados a mansalva desde el monte contra la fuerza pública y la población civil, sino explosivos desde el aire lanzados con drones. Hasta escuelas han sido blanco de los hostigamientos de la demencial subversión. Se calcula que en lo que va corrido del año se han registrado 295 ataques con drones explosivos que apuntalan la acción criminal de 29.000 combatientes ilegales.
Tal situación obliga a las Fuerzas Armadas no solo a capacitarse para enfrentar ese nuevo enemigo, sino que las obliga a adquirir equipos modernos para ganarle la partida a una subversión cada vez más preparada para la guerra. Aquellas se han vuelto muy vulnerables debido a la poca capacidad ofensiva y defensiva que hoy tienen, y por decisiones políticas que las privaron de dotarse de modernos helicópteros y sistemas antidrones que las hicieran fuertes para resistir la escalada de los violentos. Requieren de más recursos para invertir en equipos y tecnología que la saquen de los rezagos en donde han caído y cuya carencia las dejan inermes frente a la ferocidad y armamentos de quienes se financian a través de ingresos que reciben de la droga y de la minería ilegal.
Sostiene la directora de la Fundación Ideas para la Paz que las Fuerzas Militares colombianas apenas están operando al 46% de su capacidad potencial, debido a los recortes presupuestales que se les hacen para la compra de equipos modernos y así enfrentar la delincuencia. Son escasos los recursos para inversión, sostenimiento y mantenimiento, cicatería que año tras año se incrementa, abriéndose un déficit armamentista cada vez más difícil de cerrar, dada la estrechez fiscal heredada del anterior Gobierno, que irresponsablemente dilapidó recursos.
Comprar hoy aviones de guerra supersónicos de última generación es un error. Y más que error, un crimen económico. En estricto orden de prioridades, lo que se requiere es más drones, más antidrones, helicópteros y equipos eficaces, en vez de vistosos aviones surcando los cielos en unos ejercicios que solo sirven para engalanar desfiles patrios.
La seguridad hay que trabajarla. Hay que dotar a las Fuerzas Armadas de elementos ágiles y modernos para implantar la vigencia del Estado de derecho, uno de cuyos fundamentos es la protección del ciudadano y el restablecimiento del orden público en todo el territorio nacional. Para enfrentar efectivamente a la subversión hay que tomar control de los territorios que la Nación ha perdido, sustituido el Estado por los grupos alzados en armas que imponen sus condiciones a sangre y fuego. Y para eso, fuera de la voluntad del Gobierno, se requiere de partidas económicas para invertir en el recurso humano, en la dotación de armamentos efectivos para que la lucha no se malogre. Y mostrar resultados positivos que saquen al país del cansancio producido por tantos años de guerra y frustraciones.
P.D.: Dice con razón Juan Lozano que “la JEP no logró legitimidad ciudadana. No derivó en mayor justicia sino en mayor impunidad”.
