Según la entidad, el monto total de los recursos involucrados asciende a $8,7 billones. Estos corresponden a 32.803 afiliados que ya cumplieron los requisitos para acceder a su pensión.
La Superintendencia Financiera de Colombia anunció el inicio de una investigación sobre el traslado de recursos desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones, en el caso de afiliados que ya consolidaron su derecho pensional tras pasar del régimen privado al régimen de prima media.
La entidad asegura que la decisión se da por orden del presidente Gustavo Petro y, “como parte de sus funciones de supervisión del sistema financiero”.
Según la Superfinanciera, el monto total de los recursos involucrados asciende a $8,7 billones.
Estos corresponden a 32.803 afiliados que ya cumplieron los requisitos para acceder a su pensión.
De ese total, 24.331 personas ya están recibiendo su mesada pensional por parte de Colpensiones, mientras que el proceso de traslado de recursos sigue en revisión.
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Este proceso se desarrolla en el marco del Decreto 415 de 2026, que fijó los requisitos y plazos para el traslado de recursos del régimen de fondos privados de pensiones al sistema público administrado por Colpensiones.
No obstante, la aplicación de esta normativa fue suspendida de manera temporal por el Consejo de Estado, a través de autos emitidos el 28 de abril y el 11 de mayo de 2026, mientras se estudian varias demandas y cuestionamientos jurídicos.
Esta decisión ha generado incertidumbre sobre la ejecución de los traslados y los tiempos en los que las AFP deben girar los recursos correspondientes.
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En este contexto, el presidente Petro solicitó a la Superfinanciera iniciar investigaciones relacionadas con el movimiento de recursos entre el sistema privado y Colpensiones, tras la controversia jurídica alrededor del decreto.
El mandatario también se pronunció en su cuenta de X, donde señaló que los ciudadanos deberían acudir a instancias judiciales nacionales e internacionales para la protección de sus derechos, al tiempo que criticó la decisión del alto tribunal.
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Asimismo, cuestionó al magistrado que ordenó la suspensión del decreto, al considerar que podría haber incurrido en un posible prevaricato por impedir, según su interpretación, el traslado del ahorro pensional de afiliados que ya se habían movilizado al régimen público.
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