El pasado febrero, cuando apenas arrancaba la expectativa por el concierto de BTS en Bogotá, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) decidió activar un seguimiento preventivo por los antecedentes de ventas masivas y colapsos digitales en eventos similares a este.
Según explicó la entidad, este monitoreo se dio “en el marco de sus funciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), el seguimiento a las actividades relacionadas con el concierto de la agrupación musical BTS, programado para los días 2 y 3 de octubre de 2026 en el Estadio El Campín de la ciudad de Bogotá”.
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Con ese punto de partida, el proceso avanzó a una fase más concreta. A través de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, la SIC abrió una averiguación preliminar con el objetivo de “conocer en detalle la información que sería suministrada a los consumidores, así como las medidas tecnológicas implementadas durante las etapas de preventa y venta de boletería”, por la alta demanda de fanáticos en el país.
Ese primer paso derivó en requerimientos formales. La SIC pidió explicaciones tanto a la promotora del evento, PROMOTORA DE COLOMBIA S.A.S., como a la empresa encargada de la boletería, TICKET COLOMBIA S.A.S. para verificar si estaban cumpliendo con las normas de protección al consumidor.
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Pero tras la avalancha de quejas de usuarios que reportaron dificultades para comprar entradas, la Superintendencia endureció su actuación, y esta vez, llegaron nuevos requerimientos más detallados.
En estos, la entidad exige claridad sobre “la información efectivamente entregada a los consumidores, las condiciones en que se desarrolló la venta de boletería, los horarios establecidos, los aforos disponibles y las medidas implementadas para garantizar la transparencia y el adecuado desarrollo del proceso de comercialización”.
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Lo que sigue ahora es una fase abierta. La SIC continuará con las actuaciones y no descarta tomar medidas si encuentra irregularidades. Como lo advirtió, “continuará adelantando las actuaciones correspondientes, con el fin de garantizar la protección de los derechos de los consumidores, y de ser el caso, adoptará las medidas a que haya lugar conforme a la normativa vigente”.
Por ahora, el caso entra en una etapa de respuestas de las empresas. De lo que expliquen, y de lo que la autoridad logre comprobar, dependerá si esto queda en una revisión preventiva o escala a sanciones.
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