Este martes, la Sala Plena de la Corte Constitucional empieza a escribir un capítulo determinante para el futuro de la reforma pensional aprobada en 2024.
Aunque faltan posturas por definirse entre los nueve magistrados que decidirán el rumbo de la norma, lo que sí parece claro es que la opción de devolverla al Congreso para surtir el último debate omitido en la Cámara de Representantes, toma fuerza como salida de consenso.
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No hay unanimidad, pero sí una intención evidente: evitar los extremos. Hundirla por completo o aprobarla en limpio son salidas que, según fuentes internas, no seducen a la mayoría.
¿El motivo? Un tema que va más allá del caso puntual: el precedente institucional que dejaría la Corte para futuras reformas legislativas hechas “a pupitrazo limpio”.
¿Qué pasó con el trámite de la reforma pensional?
La reforma pensional, la más ambiciosa desde la Ley 100 de 1993, fue aprobada a las carreras el 14 de junio de 2024.
Ese día, la Cámara de Representantes avaló sin cambios el texto aprobado por el Senado, con el argumento de que ya se conocía y se había socializado ampliamente. Sin embargo, no se debatió artículo por artículo, como suele exigirse, y eso prendió las alarmas jurídicas.
Algunos congresistas advirtieron en su momento que aprobar todo el texto con una sola votación vulneraba el derecho a deliberar, especialmente de las bancadas minoritarias.
Y tenían razón para preocuparse: el artículo 157 de la Constitución exige que todo proyecto de ley pase cuatro debates, uno por cada cámara. Este, aseguran más de 140 demandas presentadas ante la Corte, solo tuvo tres.
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Este no es el primer caso de una ley aprobada a “pupitrazo” que llega a la Corte. Está, por ejemplo, la Ley de Financiamiento de 2018, que fue tumbada porque la Cámara aprobó un texto del Senado sin conocerlo. Y también está el caso del Plan Nacional de Desarrollo de Petro, donde se ordenó devolver unos artículos para subsanar una conciliación defectuosa.
Pero el caso pensional es distinto, y por eso no hay una regla escrita que los magistrados puedan aplicar de forma automática. La discusión gira en torno a dos temas:
1. ¿Hasta dónde puede llegar el Congreso para superar el obstruccionismo político en los debates?
2. ¿Aprobar una ley a pupitrazo es un vicio que puede corregirse o que obliga a hundir la norma?
Ahí está el dilema: la Corte no quiere abrir la puerta para que futuras reformas se aprueben a las carreras, pero tampoco quiere tumbar una reforma social clave sin ofrecer una salida institucional viable.
El pulso interno: mayoría se inclina por devolverla
El ponente del caso, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, plantea tumbar toda la norma. En el extremo opuesto está Vladimir Fernández, cercano al presidente Petro, que quiere dejarla en firme.
Pero la mayoría de los otros siete magistrados se sienten más cómodos con una salida intermedia: devolverla al Congreso para que surta el cuarto debate pendiente.
Entre quienes tienen dudas sobre la constitucionalidad del trámite, pero prefieren no tumbar la ley, están Paola Meneses y José Fernando Reyes. Este último considera que se violó el principio de deliberación democrática, pero estaría dispuesto a sumarse a un consenso que devuelva la ley al Congreso, sin dejarla morir del todo.
La magistrada encargada Carolina Ramírez, quien reemplaza temporalmente a Héctor Carvajal, suele votar con la mayoría y no se espera que adopte una posición radical.
¿Qué significa devolver la ley al Congreso?
Si la Corte opta por devolver la reforma al Congreso, no la tumba ni la salva. La devuelve para que cumpla con el trámite constitucional omitido: el cuarto debate.
Esa opción permitiría subsanar el vicio sin invalidar todo el proceso legislativo anterior, aunque retrasaría su entrada en vigencia y abriría la puerta a nuevas proposiciones o cambios.
Pero si el Congreso no actúa con rapidez, podría perder vigencia la voluntad política que impulsó la reforma, especialmente en un escenario electoral o de mayor oposición.
En la Corte todos son conscientes del peso político y jurídico del caso. “Tumbar la reforma de Petro puede incendiar la relación entre el Ejecutivo y la Corte. Dejar pasar el ‘pupitrazo’ puede incentivar futuras trampas en el Congreso”, resumió uno de los magistrados auxiliares entrevistado por La Silla Vacía.
Por eso, más que un fallo técnico, este será un fallo con implicaciones institucionales profundas. La decisión podría conocerse en las próximas horas... o incluso días, si el debate se empantana.
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