El Ministerio de Hacienda busca aplazar hasta 2028 la entrada en vigor de la reforma pensional por los costos de implementación. La Corte le dio 30 días para sustentar la solicitud o podría declararla desierta.
La Corte Constitucional le dio al Gobierno Nacional 30 días hábiles para justificar por qué pide aplazar hasta 2028 la entrada en vigencia de la reforma pensional.
El plazo, contado desde la notificación del auto, es para que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, sustente el incidente de impacto fiscal. Si no lo hace a tiempo, el trámite será declarado desierto.
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El Ministerio de Hacienda radicó la solicitud el 23 de septiembre de 2026. Busca que la entrada en vigencia de buena parte del nuevo sistema pensional pase del 1 de abril de 2027 al 1 de abril de 2028.
Uno de los principales argumentos es el costo de implementar la reforma. Según Hacienda, Colpensiones necesitaría cerca de $5 billones adicionales, recursos que no se habrían incluido en la programación del Presupuesto General de la Nación para 2027.
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La cartera también señaló que la Corte emitió su fallo el 25 de agosto, apenas dos días antes de que el Gobierno presentara el proyecto de presupuesto para 2027. Por eso, sostiene que tuvo poco tiempo para incorporar las obligaciones financieras derivadas de la decisión judicial.
Con el incidente de impacto fiscal, el Gobierno busca que la Corte examine las consecuencias económicas de su sentencia y la disponibilidad de recursos para implementar la reforma sin comprometer otras obligaciones de la Nación ni las metas fiscales.
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Además de las preocupaciones presupuestales, Colpensiones pidió aplazar un año la implementación del nuevo sistema porque considera insuficiente el plazo inicial de seis meses para preparar su operación.
Entre los retos que enfrenta la entidad están la integración de bases de datos, la homologación de historias laborales y el traslado de afiliados.
La apertura del incidente no significa que la Corte haya aceptado los argumentos del Gobierno ni que haya suspendido la reforma. Por ahora, la fecha prevista para la entrada en vigencia de buena parte del nuevo sistema sigue siendo el 1 de abril de 2027.
Una vez Hacienda presente la sustentación, la Sala Plena decidirá si admite el incidente. Si lo admite, convocará a una audiencia pública y tendrá 10 días para tomar una decisión, según el procedimiento explicado por la Corte en un caso similar relacionado con las regalías de la reforma tributaria.
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Por otra parte, la Corte devolvió a la Cámara de Representantes tres artículos completos, seis apartes de otros artículos y una proposición de artículo nuevo para que la plenaria los discuta y vote. El alto tribunal declaró exequible la mayor parte de la ley.
Este trámite legislativo es independiente del incidente de impacto fiscal, que busca establecer si existen razones económicas para revisar las condiciones de implementación fijadas en la sentencia.
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