Este lunes se instala oficialmente el Congreso de la República para el periodo 2026-2030, una legislatura que estará marcada por el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella, que tomará las riendas del país el próximo 7 de agosto, y por un ambiente político de alta polarización.
El gobierno saliente de Gustavo Petro aprovechará la apertura de las sesiones ordinarias para radicar dos de sus proyectos más representativos: una nueva reforma tributaria y la iniciativa que busca prohibir definitivamente el fracking en Colombia. Ambas propuestas llegarán al Capitolio con mensaje de urgencia y reavivarán un debate que durante los últimos cuatro años dividió al Congreso y al sector productivo.
Puede leer: Uribe acusa a De la Espriella de querer acabar con el Centro Democrático: crónica de una pelea anunciada
La jornada también marcará el inicio de un nuevo pulso entre el oficialismo y la oposición. El Senado sería presidido por Alfredo Deluque, mientras que la Cámara de Representantes quedaría en cabeza de Nicolás Barguil, un equilibrio político que anticiparía negociaciones permanentes para sacar adelante las iniciativas más sensibles. Ningún bloque cuenta con una mayoría suficiente para imponer su agenda, por lo que los acuerdos serán determinantes durante los próximos cuatro años.
Además de las propuestas del Ejecutivo, las bancadas del Centro Democrático y del Pacto Histórico llegarán con proyectos propios que buscan fijar la discusión política desde el primer día. Entre ellos aparecen iniciativas para modificar el sistema de avalúos catastrales, formalizar la pequeña minería, garantizar incrementos anuales al subsidio del adulto mayor e impulsar nuevas herramientas de financiación para pequeños empresarios.
Entérese: Así quedaron las curules que faltaban por definir en la Cámara: ¿qué decidió el CNE?
En conjunto, estos siete proyectos reflejan las principales diferencias entre las fuerzas políticas que integran el nuevo Congreso. Mientras unas iniciativas buscan aumentar el recaudo fiscal, fortalecer la transición energética y consolidar la reforma agraria, otras apuntan a reducir la carga tributaria, fortalecer la economía regional y promover incentivos para la inversión y el emprendimiento.
Un nuevo intento de reforma tributaria
La primera gran apuesta legislativa del Gobierno que llegará al Congreso será el quinto intento de reforma tributaria impulsada por el gobierno saliente. Por instrucción del presidente Gustavo Petro, Germán Ávila, ministro de Hacienda, radicará un proyecto con mensaje de urgencia, cuyo propósito es aumentar el recaudo para enfrentar el déficit fiscal y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Aunque el texto definitivo no ha sido divulgado, la iniciativa podría buscar recursos cercanos a $23 billones, convirtiéndose en una de las reformas tributarias más ambiciosas de los últimos años. El Ejecutivo insiste en que el proyecto tendrá un carácter progresivo y concentrará la mayor carga tributaria sobre las personas y empresas con mayores ingresos y patrimonios, incluyendo recursos ubicados en paraísos fiscales asociados a actividades ilícitas.
Vea aquí: Gobierno Petro radicará una nueva reforma tributaria para recaudar $21,8 billones en 2027: será presentada el 20 de julio
Ávila sostuvo que el objetivo consiste en proteger a los hogares de menores ingresos mientras quienes cuentan con mayor capacidad económica realizan un aporte superior.
El Gobierno asegura que la caída de los ingresos fiscales obliga a adoptar nuevas medidas tributarias para financiar las obligaciones del Estado. Sin embargo, el proyecto llega con un panorama complejo, pues las iniciativas anteriores enfrentaron fuertes resistencias en el Congreso y no lograron consolidar las mayorías necesarias.
Aun así, el Ejecutivo espera que la nueva composición del Legislativo permita abrir nuevamente el debate desde el primer día de sesiones, pero los analistas consideran que será un nuevo fracaso.
El proyecto que busca vetar el fracking
Otra iniciativa que radicará mañana el Gobierno será el proyecto de ley para prohibir definitivamente el fracking en Colombia. La propuesta, elaborada conjuntamente por los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente, busca impedir la exploración y explotación de yacimientos no convencionales mediante fracturación hidráulica como parte de la estrategia de transición energética.
El proyecto llega después de varios intentos fallidos durante el mandato de Petro. Ninguna de las iniciativas logró superar las primeras etapas del trámite legislativo, por lo que el Ejecutivo volverá a presentar la propuesta confiando en un escenario político diferente.
Desde el Pacto Histórico consideran que el país debe abandonar gradualmente la dependencia de los combustibles fósiles y avanzar hacia un modelo energético con menor impacto ambiental. Kevin Gómez Paz, senador del Pacto Histórico, confirmó que acompañará la radicación del proyecto y aseguró que la iniciativa pretende proteger los ecosistemas y evitar nuevos procesos de extracción considerados riesgosos para las fuentes hídricas y las comunidades.
Más noticias: La carta que se juega Antioquia para revivir la autonomía regional: es primera vez que se usa
Mientras el Ejecutivo sostiene que prohibir el fracking fortalece la protección del agua y acelera la transición energética, sectores de la industria petrolera advierten que la medida podría limitar las posibilidades de incrementar las reservas de hidrocarburos y afectar la seguridad energética del país.
En busca de formalizar al pequeño minero
La formalización de la minería de subsistencia y de pequeña escala será una de las principales apuestas del Centro Democrático, que se declaró como partido de Gobierno para esta legislatura. La iniciativa plantea crear un procedimiento gradual que permita a miles de pequeños mineros abandonar la informalidad y desarrollar su actividad dentro de un marco legal, con acompañamiento técnico y ambiental del Estado.
El proyecto propone una Ruta de Tres Fases. La primera contempla un permiso temporal de explotación sujeto al cumplimiento de requisitos ambientales básicos y a la eliminación del uso de mercurio. En una segunda etapa se otorgaría un permiso de transición para consolidar técnica y administrativamente cada proyecto minero. Finalmente, quienes cumplan las exigencias establecidas podrán acceder a una licencia ambiental que les permita ejercer la actividad de manera plenamente formal.
Uno de los componentes centrales de la propuesta consiste en vincular al Banco de la República con la compra del oro proveniente exclusivamente de operaciones formalizadas. Para garantizar la trazabilidad del mineral, el proyecto contempla la creación de un Certificado de Origen de Beneficio (COB), además de incentivar la bancarización de los productores con el propósito de cerrar espacios a las economías ilegales que hoy controlan buena parte de la comercialización del oro en varias regiones del país.
Además: Gobierno propone reforma al sistema eléctrico para destrabar proyectos
El proyecto contra avalúos catastrales abusivos
El aumento de los avalúos catastrales será otro de los temas que llegará hoy al Congreso. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, anunció que su bancada presentará un proyecto de ley para limitar el valor de los avalúos, argumentando que el sistema actual ha generado incrementos desproporcionados en el impuesto predial y ha afectado la capacidad de pago de miles de propietarios.
La propuesta establece que el avalúo catastral de un inmueble no podrá superar el 50% de su valor comercial, una medida con la que el partido pretende evitar lo que califica como cobros abusivos. El anuncio surge luego de la polémica registrada este año por incrementos extraordinarios en algunas zonas del país, donde, según reportó EL COLOMBIANO, hubo casos con aumentos de hasta 2.500.000%, situación que desencadenó protestas y bloqueos en diferentes municipios.
Aunque el Gobierno expidió una resolución que permite al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) revisar y corregir los casos atípicos, persisten las críticas sobre la metodología utilizada para actualizar los avalúos. Diversos sectores consideran que estos valores se han acercado excesivamente al precio comercial de los predios, elevando significativamente el impuesto predial tanto para propietarios urbanos como rurales.
La propuesta del Centro Democrático busca establecer un límite legal que impida nuevos incrementos de esa magnitud y otorgue mayor estabilidad a los contribuyentes.
Cepeda insiste en la jurisdicción agraria
La reforma agraria volverá a ocupar un lugar central en la agenda del Congreso con la radicación del proyecto de ley de jurisdicción agraria, una iniciativa que el senador Iván Cepeda, excandidato presidencial y senador del Pacto Histórico, presentará nuevamente tras haberse hundido en el anterior periodo legislativo. Aunque el proyecto ya había sido aprobado en las comisiones primeras, no alcanzó a superar el debate en la plenaria del Senado, por lo que deberá comenzar nuevamente su trámite.
Vea aquí: Carf advierte que Colombia requiere un ajuste fiscal de $90 billones: “hay una tarea durísima”
La propuesta busca reglamentar el funcionamiento de la jurisdicción agraria creada mediante la reforma constitucional, definiendo las competencias de los jueces especializados para resolver conflictos relacionados con la propiedad, el acceso, la formalización y la tenencia de la tierra. Para sus promotores, esta herramienta permitirá agilizar procesos que durante años han permanecido estancados y ofrecer mayor seguridad jurídica a millones de campesinos.
Como parte de esta estrategia, Cepeda anunció recientemente la creación de la Red Nacional de Defensa de la Reforma Agraria, un espacio que pretende articular organizaciones campesinas y comunidades rurales para proteger los avances alcanzados durante los últimos años. Según explicó el congresista, la iniciativa busca evitar retrocesos en la adjudicación y formalización de predios, además de fortalecer la participación de las comunidades en la defensa de sus derechos sobre la tierra.
Durante un encuentro con campesinos en Sucre, el senador hizo un llamado a mantener la organización social y acompañar el trámite legislativo del proyecto.
El incremento anual para Colombia Mayor
El Centro Democrático también presentará un proyecto de ley orientado a garantizar que el subsidio entregado a los beneficiarios del programa Colombia Mayor aumente automáticamente cada año, al menos en un porcentaje equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con esta propuesta, la colectividad busca proteger el poder adquisitivo de los adultos mayores frente al incremento del costo de vida.
La iniciativa surge luego de la ampliación realizada durante el gobierno de Gustavo Petro al programa administrado por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS). A partir de diciembre de 2025, mediante la política Dignidad Mayor – Rumbo al Pilar Solidario, el subsidio pasó de $80.000 a $230.000 por beneficiario y la cobertura aumentó de forma considerable tras la incorporación de 1,16 millones de nuevos adultos mayores entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.
Ese crecimiento elevó la base de beneficiarios en 71% y prácticamente duplicó la bolsa de recursos destinada al programa, que pasó de $324.240 millones a cerca de $644.000 millones. Sin embargo, la reforma pensional que dio origen a estos cambios permanece suspendida por la Corte Constitucional debido a vicios de trámite, y actualmente no existe una norma que garantice incrementos automáticos del subsidio en los próximos años.
Con este proyecto, el Centro Democrático pretende llenar ese vacío legal estableciendo que el valor del beneficio se ajuste anualmente conforme a la inflación certificada por el Dane.
Lea también: Comité Autónomo de la Regla Fiscal reduce proyección de crecimiento potencial de Colombia a 2,6% hasta 2037
Microcrédito y capital semilla para el pequeño empresario
El acceso al crédito para las micro y pequeñas empresas será otro de los temas que el Centro Democrático pondrá sobre la mesa con un proyecto de ley enfocado en ampliar las oportunidades de financiación para los emprendedores. La iniciativa busca facilitar el acceso al microcrédito y crear mecanismos de capital semilla que permitan fortalecer los nuevos negocios, especialmente aquellos que enfrentan dificultades para ingresar al sistema financiero formal.
La propuesta parte de un diagnóstico claro: más del 90% del tejido empresarial colombiano está conformado por pequeñas empresas, mientras que el crecimiento económico continúa siendo moderado.
Hay que tener en cuenta que durante el primer trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto (PIB) creció apenas 2,2%, una cifra que evidencia los retos que enfrenta la economía para acelerar la inversión y la generación de empleo. Para el partido, facilitar el acceso a recursos financieros puede convertirse en una herramienta para dinamizar la actividad productiva y promover la formalización empresarial.
Entérese: Colombia estrena jornada laboral de 42 horas, pero sigue como el país de la OCDE donde más se trabaja
El proyecto cobra especial relevancia en un contexto donde la informalidad sigue siendo uno de los principales desafíos del mercado laboral. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la informalidad laboral se ubicó en 54,7% durante el trimestre móvil marzo-mayo de 2026, equivalente a 13,34 millones de trabajadores. La situación es aún más crítica en las microempresas, donde 84,5% de los trabajadores permanece en la informalidad, frente al 21,5% registrado en las pequeñas empresas.
- ¿Qué proyectos de ley económicos se radicarán al inicio del nuevo Congreso 2026-2030?
- El nuevo Congreso comenzará su actividad con siete proyectos económicos clave: una reforma tributaria, la prohibición del fracking, la formalización de la pequeña minería, un límite a los avalúos catastrales, la reglamentación de la jurisdicción agraria, el ajuste anual del subsidio de Colombia Mayor y nuevas medidas para ampliar el acceso al microcrédito y al capital semilla para pequeños empresarios.
- ¿Qué propone la nueva reforma tributaria que presentará el Gobierno?
- La iniciativa busca recaudar cerca de
$23 billones para reducir el déficit fiscal y fortalecer las finanzas públicas. Según el Gobierno, la mayor carga recaería sobre personas y empresas con mayores ingresos y patrimonios, aunque el texto definitivo del proyecto aún no ha sido publicado.
- ¿Qué cambiaría si el Congreso aprueba la prohibición definitiva del fracking en Colombia?
- Si el proyecto es aprobado, quedaría prohibida la exploración y explotación de yacimientos no convencionales mediante fracturación hidráulica. El Gobierno afirma que esto fortalecería la transición energética y la protección del agua, mientras que la industria petrolera advierte que podría reducir las reservas de hidrocarburos y afectar la seguridad energética del país.
Regístrate al newsletter