La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra Irene Vélez, directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), por presuntas fallas en el control del proyecto hidroeléctrico Urrá.
La decisión, adoptada el 26 de marzo de 2026, también incluye a otros seis funcionarios y exfuncionarios de entidades como la ANLA, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) y la empresa URRÁ S.A. E.S.P.
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La actuación busca establecer si hubo faltas disciplinarias relacionadas con la emergencia por inundaciones registrada en febrero de 2026 en la cuenca del río Sinú.
¿Qué irregularidades encontró el ente de control?
Según el informe de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, la emergencia no puede considerarse un evento imprevisible, sino la materialización de riesgos previamente identificados.
El documento advierte sobre una presunta operación negligente por parte de Urrá, que habría incumplido el Plan de Manejo Ambiental y las reglas de operación del embalse. Entre las posibles irregularidades se menciona la priorización de la generación de energía sobre el control de caudales para evitar inundaciones.
Además, se identificaron posibles fallas en la gestión del riesgo, incluyendo el manejo del embalse por encima de los límites técnicos establecidos, la superación de caudales autorizados y deficiencias en los planes de contingencia y sistemas de alerta temprana.
¿Qué papel habrían tenido las autoridades?
La Procuraduría también señala presuntas omisiones por parte de las entidades encargadas de la vigilancia y control. En el caso de la ANLA, se investiga una posible falta de seguimiento oportuno al cumplimiento de las condiciones ambientales del proyecto, así como retrasos en decisiones regulatorias clave.
Respecto a la Superintendencia de Servicios Públicos, el ente de control advierte que, pese a tener información sobre irregularidades en la operación de Urrá, las acciones correctivas no habrían sido lo suficientemente oportunas para evitar la magnitud del impacto.
Asimismo, se indagan posibles fallas en la supervisión ambiental por parte de la CVS, relacionadas con la prevención de intervenciones ilegales en humedales.
Con la apertura de la investigación, la Procuraduría busca verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si constituyen faltas disciplinarias y establecer posibles responsabilidades.
El proceso también contempla la posibilidad de vincular a otros actores que puedan estar relacionados con los hechos investigados.
El caso se enmarca en un análisis más amplio que incluye la revisión de la licencia ambiental del proyecto Urrá I, procesos sancionatorios en curso y antecedentes sobre la operación de la hidroeléctrica.
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