El presupuesto para el próximo año ya quedó listo por decreto. El Gobierno de Aberlardo de la Espriella expidió el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 mediante el Decreto 1599 de 2026, por un monto de $634,9 billones. La decisión se tomó después de que el Senado y la Cámara de Representantes no lograran conciliar las diferencias entre los textos aprobados en sus respectivas plenarias y el presupuesto presentará un vicio de trámite, tras el cual el mandatario le pidió el puesto al exministro del Interior, Rodrigo Lara Bonilla.
El presupuesto contempla $391,38 billones para el funcionamiento del Estado, $155,43 billones para el servicio de la deuda pública y $88,14 billones para inversión. La distribución corresponde al texto aprobado en primer debate por las comisiones económicas conjuntas del Congreso, y no a las modificaciones posteriores introducidas durante las plenarias.
La decisión quedó consignada en el decreto expedido el 22 de octubre de 2026, de acuerdo con el comunicado del Ministerio de Hacienda.
Presupuesto por decreto
El Senado aprobó el presupuesto el 19 de octubre y la Cámara de Representantes lo hizo el 20 de octubre, pero los textos finales de ambas corporaciones contenían diferencias que no fueron conciliadas dentro del plazo establecido.
El 21 de octubre, el presidente y el secretario general de la Cámara informaron al Ministerio de Hacienda que los documentos aprobados eran diferentes y que los términos para conciliarlos ya habían vencido. Tampoco se conformó oportunamente la comisión accidental contemplada en la Ley 5 de 1992 para resolver las discrepancias.
Ante esa situación, el Ejecutivo aplicó el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto y expidió el decreto con base en el proyecto presentado por el Gobierno, junto con las modificaciones aprobadas durante el primer debate, el 23 de septiembre. Ese texto había sido publicado en la Gaceta del Congreso el 8 de octubre.
¿Qué recursos contempla el Presupuesto General de la Nación para 2027?
La distribución sectorial establece $93 billones para Educación; $81,56 billones para Salud y Protección Social; $74,90 billones para Defensa y Policía; y $67,42 billones para Trabajo, sector que incorpora obligaciones pensionales.
También se asignaron $21,67 billones para Transporte y $7,51 billones para Minas y Energía.
En el trámite de primer debate se adicionaron $2 billones al sector de Salud y Protección Social, por lo que su asignación quedó en $81,56 billones.
Al explicar la decisión, el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, sostuvo que el presupuesto recoge los gastos sociales y de funcionamiento del Estado. También envió un mensaje a inversionistas, tenedores de bonos y participantes de la comunidad financiera internacional al afirmar que el documento incorpora el esfuerzo de ajuste fiscal que necesita el país.
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El Gobierno anunció, además, que continuará preparando el proyecto de Ley de Rescate, que presentará próximamente al Congreso para avanzar en el ordenamiento de las finanzas públicas y contribuir al crecimiento económico. Según el Ministerio de Hacienda, el propósito es fortalecer la transparencia, la responsabilidad fiscal, la confianza y la estabilidad económica.
La validez por decreto
Sebastián Correa, experto en derecho tributario de Serrano Martínez CMA, anotó para EL COLOMBIANO que acudir al decreto es el procedimiento previsto cuando el trámite legislativo no se completa dentro del plazo correspondiente.
“En consecuencia, en la práctica, así como en las ocasiones que el Gobierno Petro aprobó el presupuesto por Decreto, la emisión por Decreto en este caso no afecta en nada la vigencia o validez del presupuesto”, señaló.
El especialista indicó que la decisión incorpora tanto el proyecto original presentado por el Ejecutivo como las modificaciones aprobadas en primer debate. Por tanto, la expedición mediante decreto no implica, por sí sola, que el presupuesto pierda vigencia o validez.
¿Qué cambios aprobados en las plenarias quedaron por fuera?
La expedición del decreto dejó sin incorporar varias modificaciones que habían sido aprobadas durante los debates en las plenarias del Congreso. Entre los cambios mencionados en la información suministrada figuran la eliminación de $3 billones destinados a las EPS, la restitución de $500.000 millones para el Sena y la recuperación de recursos del Fondo para la Vida y la Biodiversidad.
También quedaron por fuera las facultades excepcionales que se pretendían otorgar al presidente para efectuar traslados hacia el Fondo Milagro, así como otros acuerdos con congresistas y representantes de las regiones que no estaban incluidos en el texto de las comisiones económicas conjuntas.
La senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, advirtió que la decisión también deja por fuera $3 billones adicionales para subsidios de electricidad y gas.
Según su relación, tampoco se incorporaron $7.000 millones para Colombia Mayor, Renta Ciudadana, Renta Joven y la transferencia para personas con discapacidad; $100.000 millones para subsidiar tasas de interés del Icetex, y $26.500 millones para un programa de esterilización de perros y gatos.
Pedraza agregó que quedó excluido el artículo que obligaba al Ministerio de Hacienda a informar trimestralmente los saldos y giros de fondos, fiducias y patrimonios autónomos, incluido el Fondo Milagro. También señaló que se perdió la disposición que prohibía utilizar en asuntos de orden público una bolsa de $3,9 billones del Ministerio de Hacienda que no tenía una partida específica.
Sin embargo, la senadora destacó que tampoco quedó en pie el recorte adicional de $11.402 millones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Pedraza sostuvo que una alternativa sería que la Corte permitiera subsanar el trámite mediante un nuevo proceso legislativo en el Congreso. Su pronunciamiento cuestionó que se hubieran aprobado modificaciones presupuestales sin garantizar que pudieran superar todas las etapas del procedimiento.
De esta manera, el presupuesto que regirá en 2027 conserva el monto y la distribución definidos en el primer debate, mientras que los cambios posteriores de las plenarias quedaron por fuera del decreto expedido por el Gobierno.
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