La relación entre Colombia y Ecuador dejó de ser un asunto estrictamente diplomático para convertirse en un problema económico que afecta a cientos de empresas, trabajadores y cadenas productivas.
Hoy, la controversia por el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, condenado por corrupción en su país, ya se traduce en una factura entre los dos países, con la subida de aranceles al 100% sobre exportaciones colombianas que suman cerca de 1.800 millones de dólares.
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¿Por qué Ecuador impuso aranceles a Colombia?
El origen inmediato de la disputa no está en el comercio, sino en la política. El presidente, Gustavo Petro, ha insistido en que Glas es un “preso político” y ha solicitado su liberación o entrega a Colombia, país que le otorgó la ciudadanía cuando ya se encontraba en prisión.
Esa postura fue reiterada incluso en escenarios diplomáticos. Petro aseguró que planteó personalmente el tema a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, durante un encuentro en las islas Galápagos.
“Le pedí al presidente liberar al ciudadano colombiano Jorge Glas o que nos lo entregaran. No ha sido posible y en América no deben haber presos políticos”, escribió en su cuenta de X.
En Quito, la reacción fue inmediata y contundente. Noboa rechazó de plano la narrativa de “preso político” y defendió la actuación de la justicia ecuatoriana. “Desde afuera, quieren vender el cuento de los ‘presos políticos’ para tapar lo evidente: en la cárcel hay un corrupto que debe responder al Ecuador”.
La Cancillería ecuatoriana, liderada por Gabriela Sommerfeld, calificó el caso como un asunto “estrictamente de la justicia ecuatoriana” y consideró improcedente cualquier intervención externa. “Colombia no se puede pronunciar ni peor aún solicitar a organismos internacionales sobre este caso”, enfatizó.
El costo comercial del conflicto, según la Andi
Bajo este panorama, un día antes que Ecuador subiera los aranceles de 50% a 100% a Colombia, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, expresó la preocupación del sector empresarial y cuestionó que el país esté pagando un costo económico por una decisión política.
“El gobierno de Colombia exige a Ecuador que se libere a exvicepresidente ecuatoriano condenado por corrupción. ¿Por qué esto? Argumenta que se trata de un ciudadano colombiano, ciudadanía que le fue otorgada en la cárcel después de haber sido condenado”, señaló.
Y fue más allá al advertir las consecuencias. “Esa es la razón por la cual se impusieron aranceles hasta del 50% a 1.800 millones de dólares de exportaciones colombianas. Los productores y trabajadores colombianos ¿deben pagar por el extraño capricho de nuestro gobierno que lo ha llevado a interferir en los asuntos internos de otro país?”, se preguntó.
Luego en otro mensaje en al red social X, insistió en que la subida de los aranceles es el resultado de la actitud del presidente Petro y del aumento en la fricción entre los dos gobiernos. “Eso pasa cuando el gobierno no es el doliente de las consecuencias de sus actos. ¿Quien pagará? Los trabajadores y las empresas colombianas”.
Para el gobierno de Noboa, la línea roja es la soberanía judicial. La nota diplomática enviada a Bogotá no solo expresa rechazo, sino que exige suspender cualquier referencia al caso Glas.
Ecuador ha insistido en que el crimen organizado en la frontera compartida es el verdadero punto crítico de la relación y, de hecho, fue el argumento inicial para imponer la “tasa de seguridad” que luego evolucionó en aranceles más altos.
Tensión Colombia-Ecuador: empresarios piden diálogo y evitar impacto económico
En la mañana de este 10 de marzo, a través de un video, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, hizo un llamado directo a los gobiernos de Colombia y Ecuador para que bajen el tono de la confrontación y trasladen sus diferencias al terreno institucional, sin trasladar los costos al aparato productivo.
El dirigente gremial insistió en la necesidad de actuar con “serenidad y responsabilidad”, y planteó que cualquier desacuerdo, ya sea político, de seguridad o diplomático, debe resolverse mediante canales formales, incluso con el apoyo de terceros u organismos internacionales que puedan mediar.
A su juicio, “escalar la tensión fuera de esos escenarios no solo es improcedente, sino riesgoso”.
Mac Master advirtió que convertir el comercio, las empresas o los consumidores en instrumentos de presión entre gobiernos carece de sentido económico.
En ese orden, enfatizó que hacerlo implicaría trasladar una disputa política a la economía real, “afectando directamente a trabajadores, cadenas productivas y mercados que dependen de la integración bilateral”.
El líder de los industriales recordó que Colombia y Ecuador han construido durante años uno de los procesos de integración más profundos de América Latina, con una alta interdependencia productiva. Señaló que buena parte de los bienes que circulan entre ambos países se fabrican con insumos compartidos, mientras que redes de distribución y consumo cruzan las fronteras de manera constante.
En ese contexto, sostuvo que “una ruptura o deterioro en las relaciones tendría efectos inmediatos sobre el comercio y la producción”, dado que los consumidores de ambos países dependen, en buena medida, de bienes provenientes del vecino.
A su vez, reiteró un llamado “cordial, pero firme” a ambos gobiernos para que prioricen el interés general de sus poblaciones y busquen una salida dialogada. Para el empresariado, “el momento exige grandeza política, con decisiones que protejan la estabilidad económica y eviten fracturas en una relación clave para la región”.
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